La causa por la que el ex intendente de Lincoln Jorge Abel Fernández hoy está preso fue elevada a juicio oral y espera por su fecha de inicio. En esta entrevista, el abogado querellante, Dr. Oscar Salas observa los alcances que puede tener este proceso sobre Luis Alfredo Siri, Secretario de Obras Públicas del ex mandamás de Lincoln y actual candidato a intendente por el Frente de Todos: “Todavía hay más ex funcionarios que tienen que dar respuestas ante la Justicia, entre ellos, también está Luis Siri”.

• ¿En qué estado se encuentra hoy la causa?

La causa tiene una magnitud en cuanto a la cantidad de delitos denunciados que llevó a que se desdoble. Por un lado, está la investigación del enriquecimiento ilícito donde se dispuso una pericia contable para auditar el incremento patrimonial del ex intendente Fernández entre 2008 y 2015. Y, por otro lado, el fiscal ya solicitó la elevación a juicio oral, la jueza la confirmó y estamos a la espera de que el Tribunal Oral Nº 1 de Junín fije la fecha de comienzo del juicio por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumentos, uso de instrumentos ideológicamente falsos y defraudación contra la administración pública en concurso ideal.

• ¿Hoy por hoy, quiénes son los principales imputados?

El principal imputado es Jorge Fernández que está señalado como jefe de la asociación ilícita en 59 hechos, donde también hay otros colaboradores como el ex tesorero Marcelo Porto y el contador Walter Fernández que están detenidos con prisión domiciliaria al igual que el ex intendente de Lincoln.

• ¿Qué cantidad de hechos están comprobados y fueron cometidos por esta asociación ilícita?

Ya fueron probados 59 hechos en concurso real, donde el ex intendente Fernández fue elevado a juicio oral en la calidad de jefe de esta asociación ilícita. Habría que tener en cuenta que la pena para la figura de “jefe de una asociación ilícita” es de 5 a 10 años de prisión o reclusión, sin computar el resto de los casi 60 hechos que elevaría una posible condena a la pena máxima. De acuerdo al Código Penal, se podría llegar a los 50 años de cárcel.

• Básicamente, ¿cómo era el modo en que se operaba para delinquir?

Según las pruebas, la maniobra estaba digitada por el jefe de asociación ilícita, siendo que se emitía una orden de pago con carácter extrapresupuestaria suscripta por el entonces intendente Jorge Fernández donde también intervenían el contador municipal Walter Fernández y el secretario de Hacienda Mario Ruiz, quien ha sostenido que las firmas no le pertenecen y por ende fueron falsificadas. Así se tramitaba una compra de, por ejemplo, 3.500 ladrillos huecos que iban destinados al Hospital Municipal. Se emitía una factura de un corralón de materiales que provenía de un proveedor falso y mediante la falsificación de la firma de algún secretario que respondía por ese gasto se aprobaba la entrega de ladrillos y el pago. Después venía el endoso del cheque mediante la falsificación de otra firma y luego de esa rúbrica firmaba la señora Silvia Mazaitis o el mismo Porto, quienes se encargaban de cobrar esa plata y se la daban a Fernández o alguno de sus cómplices.

• ¿Es decir que entre las firmas que se falsificaban estarían involucrados otros funcionarios de la anterior gestión además de Marcelo Porto y Walter Fernández?

Es muy probable. Todavía se debe determinar la responsabilidad de otros funcionarios como Luis Siri (ex Secretario de Obras Públicas) o Néstor De Mingo (ex Secretario de Salud) que, al momento, se les ha tomado declaración informativa y han sostenido que las firmas no le pertenecen o eran firmas que eran de terceros que posiblemente actuaban como sus colaboradores. De todos modos, en algún momento estas personas tendrán que volver a ser citadas por la Justicia para dar las explicaciones correspondientes.

• ¿En esta causa también interviene la justicia federal?

Todo lo actuado ha sido elaborado a partir de los cargos abiertos por la investigación y las pruebas reunidas que se concentran sobre al año 2011. En cuanto al destino de los fondos existe una denuncia iniciada por el fiscal Javier Ochoaizpuro ante el Juzgado Federal Nº 1 de Junín, en la que interviene también la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), y donde se imputan los cargos producto del enriquecimiento ilícito de Fernández con lo sustraído a los linqueños. Esto es así porque en la causa iniciada contra el ex intendente surgen otros delitos como el lavado de activos que es competencia de la justicia federal.

• ¿Cuál es la situación de esta denuncia?

Es una causa tan o más importante que la anterior porque ese dinero que se desviaba de las arcas públicas seguramente tuvo un destino y por ende Fernández como jefe de la asociación ilícita tenía la necesidad de no declarar nada de lo que compraba. Sin embargo, por su cargo de intendente estaba obligado por la AFIP a presentar sus declaraciones juradas. Ahí se ha detectado que junto con su contador Bernardo Baccello “armaban” declaraciones juradas falsas para así sustraerse a la acción de la justicia.