Por: Semanario

El director de Seguridad de la municipalidad de Junín, Luis Chami, famoso por su verborragia fuera de término que trata de enmascarar bajo una personalidad “pasional”, volvió a criticar a policías y jueces, ante el inminente cambio de la estructura provincial a partir de la llegada del nuevo gobernador Axel Kicillof.

El “Sheriff” pidió además “mano dura”, lo cual termina resultando un símbolo de la impotencia que no sólo demuestra la municipalidad en esta gestión, sino que también habla de los organismos provinciales que no logran generar una sinergia organizada que permite la convivencia.

El libro “Municipios: los nuevos actores de la seguridad ciudadana” (2016), recoge expresiones de destacados autores del ámbito del Derecho, quienes vuelcan allí sus reflexiones como para arrojar un poco de luz acerca de este “nuevo” rol comunal.

En el prólogo de la obra, Mariano Ciafardini, profesor universitario especialista en criminología, destaca que a partir de finales de la década del ’80 y hacia los ’90 “se recreó perversamente, a nivel de importantes sectores sociales, la idea, propiciada y difundida por muchos medios masivos de comunicación, de que el aumento del delito, la violencia criminal y la corrupción obedecía a las ‘blanduras’ inherentes a la democracia”.

Por ese motivo destaca que “así, las nuevas reglas del juego político democrático, que tienen su expresión principalmente en los procesos electorales, se vieron desde entonces alteradas por el impacto en la opinión y la sensibilidad de importantes sectores del electorado, en torno a las ‘cuestiones de seguridad y corrupción’, desde la óptica anteriormente referida”.

Lo que terminó transformando a la “sensación” de inseguridad en una de las variables de mayor incidencia en las demandas del público y en las actitudes electorales.

Ciafardini hace hincapié en que “los grandes medios de comunicación no tardaron en hacer suyo el potencial de consumo masivo e influencia en la política que les brindó, desde entonces, la ‘noticia del delito’, y la cuestión empezó a pender, poco a poco, y cada vez más, sobre las cabezas de las gestiones gubernamentales, sujetas a la extorsión mediática y al reclamo exasperado de una población que vive el delito como una amenaza real (lo que tiene cierto asidero, en tanto que fue real el aumento de las situaciones de violencia y criminalidad, en términos generales), pero que no concibe este aumento como producto de las metamorfosis políticas económicas y sociales apuntadas previamente, sino que sigue adhiriendo, en gran medida, a la opción maniquea y falsa entre dos imaginarios ilusorios: Derechos Humanos (democracia) = libertinaje = delito y corrupción, por un lado, o dura aplicación de la ley (y endurecimiento de las leyes) = orden y justicia, por el otro”.

HACER LO NECESARIO

Por su parte, Alberto Binder, destaca la necesidad de que los cuadros municipales se aboquen a los temas inherentes a la comuna, que los tiene y los descuida, y no a entremezclarse con las políticas públicas propias del gobierno provincial.

Binder, quien es profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, se refiere a “Las múltiples dimensiones de la política de seguridad”.

El especialista dice que “con una adecuada focalización o integración, el municipio cuenta también con una suficiente batería de herramientas para la prevención de ciertos conflictos o la violencia dentro de ellos”.

Reitera que “cualquier municipio cuenta con herramientas propias para desarrollar una política de seguridad propia y que esas herramientas –que tradicionalmente no han sido utilizadas en este campo– no son menores a la hora de construir una política eficiente”.

En otra dimensión, sostiene que “a través del municipio se canalizan diversos programas estrictamente provinciales, pero cuya ejecución depende, en alto grado, de las estructuras municipales o localizadas en el municipio. Programas de atención a jóvenes o niños, programas que se desarrollan en las escuelas, programas de violencia de género, etc., temas en los que precisamente el municipio no participa aunque si lo haga cuando hay decomiso de estupefacientes con el intendente para la foto, o detención de personas, temática que depende de la policía provincial”.

Por ese motivo, Binder expresa que en los programas de atención a víctimas el municipio adquiere un papel importante. No obstante, rara vez se los percibe como programas que deben ser integrados a las otras dimensiones municipales.

“Ya que los funcionarios que los dirigen, coordinan o ejecutan se piensan a sí mismos mucho más como funcionarios provinciales que como agentes actuando en el municipio, independientemente del origen de los fondos que los financian”.

Es, respecto de este tipo de programas, que el municipio tiene, o debe tener, competencias de coordinación y evaluación, con fuerte impacto sobre el diseño y la ejecución de lo que, insoslayablemente, ocurre en su municipio. En particular, se encuentran aquí las cambiantes relaciones entre los municipios y las policías provinciales, que han sufrido grandes mutaciones solo en la última década.

CONOCER LA CONFLICTIVIDAD

La secretaría de Seguridad municipal, con el intendente a la cabeza, secundado por Chami, intenta funcionar como otra dependencia de la policía provincial, confundiendo los roles y al mismo tiempo perdiendo eficacia y recursos que deberían usar para otras cosas.

“Lo primero que se debe conocer es el tipo de conflictividad que tiene un municipio determinado”, dicen los especialistas.

La conflictividad está en la base de todos los problemas de seguridad, por más que no todo conflicto genere un problema de seguridad. Cuanto más y mejor sea el conocimiento de la conflictividad de base, mayor será el margen de maniobra para llevar adelante políticas complejas de menor costo y mayor efectividad.

Un ejemplo de lo acontecido precisamente en Junín este año, lo trae a colación el abogado al señalar que “suele existir en todas las ciudades conflictos sobre vivienda y tierra que, además de sus componentes de justicia, pueden desembocar en situaciones de violencia. Perfectamente un municipio puede tener información sobre esa conflictividad (familias sin vivienda, terrenos disponibles, porcentajes de casas en construcción, lotes sin uso, etc.), que permitirán anticiparse a los casos de usurpación de terrenos o disputas por viviendas sociales”. También existen otras áreas de conflictividad que parecen menores, pero terminan generando problemas más graves. Por ejemplo, la conflictividad relativa a la tenencia de mascotas, tanto en el ámbito privado como respecto del uso del espacio público, es bastante usual que termine generando otro tipo de conflictos más o menos graves, hasta llegar a los violentos.

TENER INFORMACIÓN

Esto implica que tener información sobre los fenómenos sociales de base respecto de los cuales debe intervenir la política de seguridad municipal es mucho más que conteos de casos o personas. Implica el conocimiento de interacciones sociales específicas, tales como las estructuras de mercado, o la rivalidad de tribus urbanas, o las formas de sometimiento de la mujer, etc.

Para Binder, “sin el conocimiento y el análisis de los fenómenos de base, la información tiende a ser irrelevante o al servicio de fórmulas simplistas al estilo del aumento o disminución de la criminalidad en un trimestre o en otro”.

Asegura que “si no se encuentra proyectada sobre el conocimiento de un fenómeno termina siendo, en el mejor de los casos, un análisis sobre productos (detenciones, decomisos, recorridos de patrulleros, etc.) y no sobre resultados, tal como viene ocurriendo con la oficina de prensa municipal acostumbrada a brindar puros números, cuyas ecuaciones nunca se acercan a la realidad palpable de los vecinos”.

Tal como señala Binder “esas instancias de producción de información no deben convertirse en ámbitos donde se generan mensajes publicitarios, al servicio de políticas demagógicas o que pretenden hacer creer que existe una preocupación oficial que no es tal”.

El análisis de los fenómenos de la conflictividad, la violencia y el delito reclaman aún grandes trabajos de normalización y sistematización de la información. Es necesario atender a los modos de conexión entre los nuevos centros y las dependencias que tradicionalmente han desarrollado el trabajo estadístico en los municipios.

Para ello propone como cuasi indispensables los Centros de Análisis u Observatorios no solo para normalizar la producción de información y el análisis pertinente de los fenómenos, sino también para el desarrollo futuro de políticas de seguridad fundadas en evidencias empíricas que nos permitan superar la emocionalidad o la intuición que, generalmente, derivan en fragilidad coyuntural o improvisación.