Todos somos planeros

¿Cómo enfrentar el efecto económico pos pandemia? ¿Cómo aprobar una Renta para Todos después de haber discriminado sin piedad a quienes alguna vez recibieron planes sociales?

La pandemia ha desnudado profundas desigualdades, pero también ha mostrado las miserias de determinadas clases sociales que siempre han querido salvarse solas y para ello se han aferrado a construir una cultura durante siglos.

Y en esta deconstrucción que propone un virus microscópico aparecen señales que tal vez permitan vivir un mundo más saludable desde todo punto de vista.

El concepto de Renta Básica, también llamado ingreso ciudadano o subsidio universal garantizado, es el de una renta modesta pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagarse a cada miembro de la sociedad como un derecho, financiado por impuestos o por otros medios y no sujeto a otra condición que la de ciudadanía o residencia.

La Renta Básica debería estar garantizada y pagarse a todos a título individual, independientemente de si son ricos o pobres, de si trabajan o no y de con quién convivan.

Lo que antes de todo esto parecía una discusión meramente utópica, empieza a debatirse en algunos cuadros políticos con la idea de desmenuzarla junto a lo que quedará de la economía. Algo que todavía no se conoce puntualmente, pero que se presume será por lo menos problemático para buena parte de la sociedad.

Lo que debiera establecer esta renta, según los estudiosos, es bastante simple, aunque no por ello menos escandaloso para algunos sectores.

De hecho se trata de objetivos que pueden resumirse en: Lucha contra la pobreza, redistribución de la riqueza; acceso a salud, educación y alimento; emancipación (jóvenes, mujeres y adultos mayores) y mejores accesos de la niñez a salud, educación y alimento.

Uno de los casos de estudio es el de Alaska, país en el que se implementó en 1982 y en el que los habitantes reciben aproximadamente 2000 dólares anuales (por el hecho de ser ciudadanos de Alaska), los mismos se reparten como una redistribución de la riqueza producida por la explotación de los recursos naturales, específicamente del petróleo. El problema aquí es que una vez que el recurso se termine (entre 15 y 30 años, dependiendo de los analistas), esta renta básica desaparecería. De todos modos, desde su implementación hace casi 40 años la situación económica de la región, según aseguran varios estudios, ha servido para disminuir los niveles de pobreza entre los grupos sociales más desfavorecidos, además de mantener el empleo indefinido y aumentar el temporal.

TODOS SOMOS

La renta básica es pagada a todos los miembros de la sociedad, siendo posible exigir un tiempo de residencia mínimo, como por ejemplo de un año, en el caso de Alaska. Este derecho debe ser de todas las personas, sin que sea verificada su situación financiera, por lo tanto con un sentido ‘ex ante’, a diferencia de los sistemas que normalmente operan ‘ex post’, o sea, después de que se verifica la renta del beneficiario.

La renta básica no vuelve más ricos a los ricos, porque los relativamente más ricos contribuyen más para su financiamiento, mediante el pago de impuestos, que las personas que son relativamente más pobres.

Vale recordar que durante el gobierno de Cristina Kirchner los subsidios otorgados a la población en los servicios no discriminaban a ricos y pobres, y todas las clases sociales resultaban subsidiadas.

Lo mismo ocurría en los alimentos como el caso de las carnes, ya que para los productores había subsidios en los granos para alimentar su ganado y cuando la carne llegaba a las carnicerías, todos los cortes recibían el mismo subsidio, ya sea peceto o pulpa.

Volviendo a la renta universal, quienes la han evaluado remarcan otras ventajas como, por ejemplo, que el porcentaje de cobertura de los beneficiarios es mucho mayor en un sistema universal que si fuera necesario proceder a la verificación de cuánto gana cada persona.

Por otra parte, no hay ningún estigma, sentimiento de vergüenza o humillación en recibir un beneficio que es concedido a todos por una cuestión de ciudadanía y se elimina todo procedimiento burocrático e intrusivo de control para saber si la persona es o no carenciada.

Asimismo, en un sistema de renta básica, el pago regular del beneficio no es interrumpido cuando una persona acepta un empleo con renta por encima de un determinado nivel, como sucedería en un sistema convencional, condicionado a la situación financiera de los beneficiarios.

Esta renta así planteada hace valer siempre el esfuerzo del trabajo. Ya que la persona puede mantener el valor integral de su renta básica, esté trabajando o no, ella seguramente estará en una situación mejor cuando esté trabajando que cuando esté desempleada.

Finalmente, es válido rescatar que a través de un ingreso asegurado, los trabajadores tienen una posibilidad mucho mayor de opción frente a ofertas de trabajo caracterizadas por condiciones humillantes, subhumanas o similares a la esclavitud. Y para las personas que a veces no encuentran alternativa de supervivencia que no sea la venta de su cuerpo, la prostitución, o la oferta de sus servicios a bandas de narcotráfico, la renta básica puede representar la recuperación de la dignidad.

AGENDA RENOVADA

Para Eduardo Blanco, del Instituto para la Producción Popular (IPP), “hasta febrero, la idea de la Renta Básica Universal era un tema de debate académico y de propuestas políticas de partidos con pocas chances de disputar el poder. Cuatro meses después la RBU es un tema central de debate en casi toda Europa, latinoamérica y buena parte de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que lo recomendó enfáticamente en mayo”. Incluso a esa idea se sumó la alternativa del Trabajo para Todos (TPT), que propone un sistema con el Estado como empleador de última instancia atendiendo necesidades comunitarias, con un enfoque que renueva la mirada keynesiana.

La magnitud de la crisis pandémica atravesó de tal modo a las sociedades que cayeron gran parte de los prejuicios que impedían poner a las necesidades sociales en el centro del debate. Discutir la RBU, dejar de lado la obsesión por el déficit fiscal o emitir moneda sin atender a dogmas monetaristas. Pero también le dio visibilidad a sistemas que ya existen y que habitualmente quedan ocultos por el papel central que ocupa el debate macroeconómico.

Según Blanco “así como de pronto los medios descubrieron que los trabajadores considerados ‘poco calificados’ son los ‘esenciales’ cuando hay una emergencia, también surge la importancia de cooperativas, mutuales y entramados sociales de todo tipo que tienen una función relevante en las comunidades”.

 “Si en la crisis de 2008 y 2009 todas las empresas españolas hubiesen sido cooperativas, se habría salvado un millón de puestos de trabajo”. Parece una exageración, pero la afirmación de José Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Española de Empresas de la Economía Social (Cepes), está fundada en el comportamiento estadístico comparado entre el sector privado y las cooperativas en ese momento.

El sector asociativo representa el 13% del PBI español y mostró su fortaleza soportando las consecuencias del parate económico obligado por el coronavirus.

No es la excepción europea. La poderosa industria alimenticia danesa tiene como pilar central un sistema de cooperativas agrarias; en el sector financiero francés el sistema financiero solidario, que impulsa proyectos de economía social, reúne depósitos por 3 mil millones de euros; en la región italiana de Emilia-Romagna la economía se basa en un entramado de 8 mil pequeñas y medianas cooperativas que la convierten en una zona con un ingreso per cápita 50% superior a la media.

El ponderado sistema de salud alemán, uno de los que mejores resultados obtuvo durante la crisis sanitaria del coronavirus, está asentado sobre un sistema en parte estatal y en parte administrado por entidades sin fines de lucro, especialmente mutuales. En el Reino Unido, un estudio comparativo determinó que el 76% de las cooperativas logra sobrevivir en sus primeros cinco años, mientras que de las nuevas empresas privadas solo el 42% pasa de los cinco años iniciales.

Para el dirigente de la Economía Popular, los anteriores “son datos poco conocidos, ausentes de la agenda informativa habitual. Para muchos resulta sorprendente saber que el 50% de la población negra de los Estados Unidos no tiene conectividad y que suplen esa falta de conexión mediante la red de bibliotecas públicas. O que en Corea del Sur van a modificar la legislación de aviación para permitir la creación de aerolíneas cooperativas porque consideran que es el modelo ideal para que superen la crisis provocada por la pandemia”.

En la Argentina, como en toda la región, este tipo de sistemas alternativos solidarios está más asociado a la supervivencia de los pequeños productores familiares y los trabajadores pauperizados. No obstante, hay ejemplos de municipios como Devoto, en Córdoba, en el que un tercio de la población participa del grupo cooperativo mutual local y el cooperativismo es la actividad económica dominante.

En nuestra en nuestra región del noroeste bonaerense, la fortaleza de las cooperativas agrarias empezó a declinar con el capitalismo salvaje practicado en los ’90, iniciando un descenso abrupto que sólo dejó recuerdos cuando transitamos frente a lo que fueron sus emblemáticos edificios.

Finalmente Blanco hace hincapié en que “el potencial que puede tener el desarrollo de una estrategia de promoción de cooperativas y mutuales dedicadas a la atención de necesidades comunitarias es muy amplio. Desde la creación de mercados populares que permitan el trabajo digno de los productores asociados con consumidores que paguen precios lógicos, hasta las posibilidades que abriría un sistema de generación participativa de energías renovables, un modelo popular del servicio de cuidados o la creación de grupos de autoconstrucción de viviendas sociales, sin explotación en ninguna de las etapas”.

Y finaliza reconociendo que “es posible que la discusión sobre la Renta Básica Universal o alguna otra idea distributiva surgida de la emergencia pierda fuerza cuando se disipe el riesgo sanitario o que aún en una situación de fuertes dificultades económicas en la post pandemia siga pesando el discurso de la vieja normalidad. Pero los ejemplos virtuosos que han salido a la luz de lo que ya se está haciendo y funciona es una evidencia que vale la pena aprovechar para renovar la agenda política. La crisis pandémica dejó en claro que la salida solo puede ser colectiva y que hay caminos abiertos para andar”, concluye en su apreciación.