Al igual que en buena parte del país, los últimos años en Junín sirvieron para ampliar la brecha y al mismo tiempo devaluar la participación de la ciudadanía en las instituciones de segundo grado, que cada día demuestran más su falta de capacitación dirigencial.
En ese escenario fue creciendo con idas y vueltas un colectivo feminista y transgénero que aún conformado por distintas agrupaciones ha sabido manifestarse con los mismos objetivos mostrando su cohesión y han logrado su cometido, principalmente, a través de su convocatoria en las redes sociales.
Con motivo del pasado debate de la ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Frente de Todos convocó a numerosas organizaciones en la plaza del ferrocarril, mientras que otras, como el caso de la Asamblea Transfeminista de Junín junto a la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito del NOBA, lo hicieron en la plaza central de la ciudad frente al municipio y la iglesia matriz.
Una luchadora por los derechos de las mujeres como fue Alicia Moreau de Justo, se refería precisamente a este tipo de manifestaciones: “Recuerden las mujeres que dispersas las fuerzas se debilitan y que para conseguir el bien común necesario es sacudir la apatía y elevarse por encima del bienestar del momento presente”.
En tanto, del otro lado de la grieta hubo pocas expresiones más allá de las redes sociales.
Hasta el intendente Pablo Petrecca, que se había mostrado con cautela a favor del “pañuelo celeste” cuando su propio partido movilizó el debate que no llegó a nada en 2018, en este caso evitó la exposición para no seguir perdiendo imagen y mandó a Alejandro Franco a tratar de obtener un poco de masa crítica para no pasar inadvertidos. Sin embargo, más allá de unos pocos posteos sin fundamento, el funcionario puso énfasis en “las dos vidas” de feto y madre, pero poco hizo en su función como coordinador de Adultos Mayores, cuyas vidas se lleva a diario el COVID en Junín, con estadísticas que ponen en duda la gestión sanitaria local.
Desde SEMANARIO hemos manifestado ya en otras oportunidades las fortalezas que han demostrado las organizaciones feministas y transgénero en nuestro medio, lo cual una vez más quedó demostrado en esta ocasión donde coparon dos plazas al mismo tiempo, en reclamo de un derecho que terminó por hacerse ley en el Congreso Nacional y demostrando que las reminiscencias fortineras que surcan nuestras calles y nuestra historia, están siendo moldeadas por una generación que adquiere cada vez más fuerza.
AHORA ES LEY
En una histórica sesión, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), legalizando el aborto en la Argentina para aquellos casos en los que el embrión tenga menos de 14 semanas o exista riesgo de vida para la gestante.
Tras más de 12 horas de debate, el “voto verde” se impuso por 38 votos a favor y 29 en contra. Pese a la extensión de la sesión, desde antes de la medianoche la histórica votación ya se anticipaba luego de que 3 de los 4 senadores indecisos adelantaran su voto favorable, desterrando cualquier intento de la oposición al proyecto de alcanzar los votos necesarios para impedir su aprobación, como ocurrió en 2018.
La flamante ley permite la interrupción voluntaria del embarazo y la atención posaborto en los efectores de salud de los tres niveles (estatal, privado y de obra social) cuando el embrión tenga menos de 14 semanas de gestación. Fuera de ese plazo el aborto se permitirá cuando el embarazo fuese producto de una violación o corra riesgo la salud de la gestante.
La iniciativa, enviada al Congreso por el presidente Alberto Fernández a fines de noviembre y aprobada el 10 de diciembre en Diputados, dispone que la IVE deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento.
Además, impone fuertes penalidades a los profesionales de la salud que bloqueen la posibilidad de realizar la práctica. Pero también habilita la “libertad de conciencia” para quienes por razones personales o por creencias se nieguen a realizar la práctica.
A diferencia de otras normas vinculadas a la salud sexual, en este caso no se obliga a las instituciones privadas a contar con personal médico no objetor, pero sí dispone que estos centros de salud deberán tener convenios con otras que sí practiquen abortos, y deberán hacerse cargo de los costos.
Con esta ley, Argentina se convirtió en el segundo país en Latinoamérica después de Uruguay (lo votó en 2012) en legalizar el aborto. La Ciudad de México también posee una legislación que permite la práctica.