Violencia de género: Cómo pasar del dicho al hecho

“La violencia de género es un fenómeno que tiene una dimensión y gravedad de tal magnitud que amerita una urgente revisión de los mecanismos y los recursos de la respuesta estatal”, se expresó desde el Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires esta semana a través de un llamado de atención a las autoridades estatales.

“Los juzgados de los fueros de Familia y de Paz de la provincia de Buenos Aires atraviesan, en su mayoría, una sobrecarga de expedientes de esta naturaleza”, refirieron, lo cual es una situación que parece no tener más que diagnósticos, cuando hacen falta soluciones.

Aun así, vale tener en cuenta el aporte de la institución ya que sus miembros se encuentran en forma permanente en contacto con la realidad del poder judicial y conocen perfectamente las carencias en las cuales se desenvuelve.

Casi a modo de descargo, el texto del comunicado señala respecto a la violencia de género que: “Esta gravísima problemática requiere del trabajo conjunto y coordinado de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil, como se dice en todos los foros y desde todos los sectores, sin embargo cuando se producen hechos irreversibles, como lesiones graves o femicidios, inmediatamente se responsabiliza a las y los magistrados intervinientes sin deslindar responsabilidades: la complejidad se simplifica en una respuesta muchas veces injusta y, a menudo, violenta”.

Desde la entidad solicitan la urgente implementación de un convenio entre la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Seguridad a fin de articular lo necesario para que las comunicaciones entre los organismos judiciales y las fuerzas policiales sean efectuadas electrónicamente mediante los portales del sistema de gestión judicial y con firma digital.

Esta metodología resultaría –dicen- fundamental para optimizar la gestión de las notificaciones, de las medidas cautelares dictadas, la remisión inmediata de las denuncias y el diligenciamiento de todas las actuaciones tramitadas al respecto.

MUNICIPIOS

En las sugerencias realizadas, ponen especial énfasis en la tarea de los municipios, y manifiestan que estos convenios deben alcanzar a todas las municipalidades de la provincia a fin de que tanto los Servicios Locales de Protección de los Derechos de la Niñez como las Direcciones de Políticas de Género cuenten con análoga tecnología compatible con el sistema de gestión judicial.

Incluso instan a que se implementen en los municipios dispositivos que trabajen sobre masculinidades violentas, en particular con varones ya denunciados por ejercer violencia.

Además, los magistrados consideran que “es necesario que todos los municipios cuenten con Botón Antipánico” y que se debe avanzar con la provisión de otros dispositivos, como las tobilleras duales.

“El Poder Judicial solamente puede disponer la colocación de estos dispositivos, pero la provisión y su monitoreo depende de otros sectores del Estado”, puntualizaron.

Desde la provincia el recién lanzado programa “Comunidades sin violencia” promueve el trabajo coordinado entre la Provincia y los municipios para fortalecer los recursos humanos, técnicos y económicos que intervienen en las políticas de género de cada distrito, al tiempo que busca profundizar las estrategias locales de prevención y salida de las situaciones de violencia por razones de género. Junto a esto el gobernador anunció la creación de 20 oficinas de violencia de género para el abordaje de casos críticos y de alto riesgo, para que cada departamento judicial cuente con una herramienta interministerial e interjurisdiccional para defender los derechos de las mujeres.

JUZGADOS

Respecto a los juzgados, se indicó desde el Colegio de Magistrados que muchos de ellos “tienen vacantes de personal” -algo que recientemente remarcó SEMANARIO- particularmente respecto a las fiscalías, lo cual dificulta la eficiencia investigativa.

“Sigue habiendo tardanza en cubrir cargos vacantes a pesar de resultar acuciante dichas coberturas”, reclamaron desde el colegio, incluso esta situación motivó la presentación de un proyecto de ley de emergencia para agilizar el procedimiento de designación durante la pandemia.

Por otra parte, urge ampliar los Cuerpos Técnicos Interdisciplinarios de los juzgados ya que “no se puede llevar adelante un acabado control de las medidas cautelares en violencia que se dictan con los cuerpos técnicos que existen en la actualidad. En departamentales del interior, los cuerpos técnicos se comparten con otros fueros”.

Consideraron necesario además que se pongan en funcionamiento los juzgados que ya han sido creados por ley y que se creen más juzgados de Familia.

Además de generar un trabajo conjunto con el fuero Penal para articular las mejores estrategias contra el flagelo de la violencia de género y la imprescindible capacitación en materia de género de todas las agencias estatales, cumplimentándose definitivamente con los postulados de la “ley Micaela”.