Mientras sigue la rosca judicial, la justicia es injusticia

La tarea de la Justicia en la provincia de Buenos Aires, tal como lo viene señalando SEMANARIO en sus respectivas ediciones, está devaluada no sólo por las dificultades operativas en materia de personal, acceso a tecnología, recursos disponibles, sino además por la “rosca” política que la atraviesa y que abre interrogantes acerca de la verdadera división de poderes que debiera promover la tan mencionada “república”.

Y así como días atrás fue la asociación de magistrados la que se manifestó sobre esas dificultades para impartir justicia, lo cual conlleva a una verdadera preocupación, ahora fueron los agentes fiscales, reunidos en una asociación que tendría unos trescientos adherentes, quienes se expresaron sobre una realidad que lleva décadas sin atenderse y que cada vez se hace más notoria.

Entonces, los fiscales provinciales advierten que “la degradación del sistema penal en nuestra provincia ha arribado al límite de lo tolerable”.

Los agentes Fiscales, son los encargados de dirigir y promover la acción penal de la mayoría de los delitos que se cometen en la Provincia de Buenos Aires y han sido puestos en tela de juicio, también en nuestra ciudad, debido a la dificultades en la investigación de hechos puntuales.

En ese sentido y a modo de defensa el comunicado sostiene que “no se observa un correlato entre la relevancia social otorgada y la asignación de recursos humanos, de infraestructura y logística necesarios para desarrollar nuestra actividad”.

Lo cierto, es que si aún puede darse alguna respuesta a la demanda que permanentemente recibimos, es gracias al esfuerzo y dedicación de quienes componemos el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, frecuentemente se posa el ojo crítico en los operadores del sistema, sin tener en cuenta las falencias que padece.

El departamento judicial de Junín tiene una media docena de fiscalías vacantes que por diversas cuestiones, por lo general político partidarias, todavía no fueron reincorporadas al normal desenvolvimiento de la justicia.

A eso debe sumarse la pauperización laboral y la falta de empleados.

Mientras las fiscalías en nuestra ciudad cuentan con dos colaboradores, los jueces tienen nueve para resolver los casos que le llegan, lo cual sigue sumando fichas a la ya naturalizada “lentitud” de la justicia.

La situación en los distritos vecinos tampoco el buena. El caso del femicidio de Úrsula en Rojas disparó las alarmas, pero se fueron silenciando en el paso del tiempo. Renuncias en Arenales, licencias en Chacabuco y Rojas, son parte de esta realidad que deja a la justicia resumida a un ámbito pleno de carencias.

Precisamente, en el comunicado se resalta que “existen agentes fiscales con turno permanente de trescientos veinte días al año las veinticuatro horas, con superposición de funciones simultáneas, debiendo intervenir en la instrucción y en la etapa de debate oral, en condiciones edilicias deplorables, con escasez de insumos básicos como impresoras, fotocopiadoras, escáneres, y lo más importante, en ausencia de un plantel de empleados y funcionarios acorde a la demanda de trabajo”.

Cabe señalar al respecto, “la falta de creación de cargos, la gran cantidad que quedan por cubrir tanto de empleados y funcionarios, como de magistrados en todos los Departamentos Judiciales”.

Reconocen que “en este contexto de carencias, la posibilidad de profundizar investigaciones de hechos complejos se ve notablemente condicionada; máxime si se tiene en cuenta la falta de profesionales y especialidades en las áreas periciales -tanto por inexistencia como por vacantes de cargos que tampoco fueron cubiertas-, así como de insumos. Lo señalado, redunda frecuentemente en que no haya donde realizar determinadas labores o que las fechas otorgadas para ello sean tan lejanas que atenten contra el resultado de la investigación y el trámite del proceso, por exceder los plazos que la normativa establece”.

A CONFESIÓN DE PARTE

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, dice el axioma jurídico. Por lo que frente a tal aseveración, ¿qué es lo que puede esperar la sociedad de la Justicia?

Los fiscales asociados remarcan que “desde el año 2007 a la actualidad, la Policía de la Provincia de Buenos Aires duplicó su dotación y pasó de tener 45.000 efectivos en actividad a 90.000. Dicho crecimiento se motivó en el aumento exponencial de población y conflictos en la provincia, aunque ello no trajo aparejado un crecimiento proporcional en los recursos humanos de la justicia”.

Las estadísticas que aparecen publicadas en la página de la Procuración General, indican que en el año 2007 se iniciaron más de quinientas mil causas, aumentando progresivamente hasta prácticamente duplicarse en el año 2019 donde se registraron casi un millón.

Se evidencia además “la dispar dotación de recursos que poseen los Ministerios Públicos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires -cuyas Fiscalías intervienen en un número muy inferior de procesos, y en líneas generales en un entorno de menor conflictividad social- respecto de aquellas de la Provincia de Buenos Aires”.

La asociación de fiscales bonaerenses finaliza el comunicado, dejando en claro que “somos conscientes de los problemas financieros de la provincia y de las dificultades económicas derivadas de la pandemia que transitamos”.

Y que no es su “intención adjudicar culpas de un proceso de degradación de larga data, y mucho menos que se utilicen nuestras expresiones con fines político partidarios. Como hemos señalado, nuestra asociación se compone de Fiscales de distintos signos políticos y tintes ideológicos, unidos por el bien común. Sin embargo, la relevancia social que nuestra actividad conlleva, impone la necesidad de un accionar urgente en auxilio de un servicio de justicia en materia penal próximo a colapsar”.

DOBLE LECTURA

Lo peculiar de la situación -que se repite en tantos ámbitos de la vida política- se relaciona con la certeza de los diagnósticos y su posterior falta de acciones.

Seguramente la carencia radique en la falta de cohesión entre los poderes del Estado, en materia de disputas partidarias que, aunque el comunicado las soslaye, son innegables.

En ese marco, algunos funcionarios señalan que se trata de una movida para socavar otro poco la figura del procurador Julio Conte Grand, adlátere del fiscal general en Junín, Juan Manuel Mastrorilli que prefiere hacer la “vista gorda” a las situaciones como las denunciadas y dejar que el sistema judicial aparezca cada vez más contaminado de desidia y vacío de justicia, acompañando a su mentor en la escalada de conflictos.

En el gobierno provincial no han podido lograr la renuncia de Conte Grand. Las huestes del gobernador Axel Kicillof sólo esperan acceder a la mayoría parlamentaria en las próximas elecciones y a partir de ahí tomar las riendas y hacer los cambios necesarias.

El problema, como siempre, será el “mientras tanto”, ya que el interés partidario una vez más demora las necesidades de la sociedad y deja pendiente un tema tan vital para la sociedad ya que cuando la justicia se devalúa, se incrementa la injusticia.