Alguien pateó el avispero en el INTA

Al menos desde el 2014 que el INTA quiere desprenderse del “padrinazgo” que mantiene en su directorio compuesto por las entidades de la Mesa de Enlace y los grupos CREA. Hay parte de la entidad que no ve con buenos ojos que deban estar rindiendo cuentas de sus cuestiones internas a una parte del sector –la más poderosa- que tiene voz y voto para -si quisiera-  bajar candidatos científicos y con ello torcer algún proyecto que pudiera ir contra los intereses del agronegocio.

A nadie escapa que el INTA se maneja en función de un decreto que data de la dictadura de 1956 en plena Revolución Libertadora y que esta codirección no se da en un organismo de corte similar como lo es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el cual, por caso, la Unión Industrial Argentina no tiene ninguna injerencia.

En tiempos en que la pandemia ha puesto en primer lugar la salud de la población y la soberanía alimentaria muestra su chapa, sería tal vez materia de debate que el principal órgano ejecutor de programas destinados a generar alimentos de forma sustentable y por sobre todo sanos, sin agroquímicos que generen un mayor caos sanitario que el coronavirus, pueda manejarse de modo más participativo.

Sin embargo, el sector agropecuario hoy aparece atenazado por las corporaciones de paquetes agroproductivos y ante la menor señal de desembarazarse del control privado, aparecieron los teros quejándose aunque desde otro lado y no desde donde tienen los huevos.

Usando las consignas condenatorias y victimizantes, las entidades del agro aparecieron en los medios afines acusando al gobierno, a los “K”, a los zurdos, a los vivos y a los muertos por semejante “absurdo”.

Eso llevó a que una de las diputadas que propició la iniciativa, tratara de defenderse de un ataque que no tuvo compasión.

Precisamente en declaraciones radiales, la legisladora nacional del Frente de Todos, Mabel Caparrós, lamentó las publicaciones que señalaban que se quiere sacar a los productores del Consejo Directivo del INTA.

El proyecto de Caparrós y su par del FdT Alcira Figueroa pretende dar mayor poder al Estado en la ‘mesa chica’ del Instituto bajo una perspectiva de género, esto es que las mujeres también lo integren en forma proporcional; y a la par crear un consejo asesor donde no solo estén las grandes asociaciones y universidades -hoy dentro de la dirección- sino también a la agricultura familiar y cooperativas, que representan a más de dos millones de argentinos y, asimismo, con una mirada sobre la cuestión ambiental.

Tal vez el tema de agregar a la mesa “la cuestión ambiental” sea la más preocupante, aunque la cuestión de género seguramente también caló hondo en la dirigencia “machirula” del agro.

Es más, casi ningún medio intentó darle a la diputada la posibilidad de refutar las declaraciones periodísticas, lo cual una vez más muestra el manejo hegemónico de la información.

Caparrós explicó que “nosotros presentamos un proyecto de ley que es modificatorio del Decreto Ley 21.680 dictado en 1956; en el mundo y en el país han pasado muchas cosas desde esa época hasta el momento y que han ido variando la mirada sobre la producción agropecuaria, la protección ambiental e inclusive en la cuestión de género”.

Agregó la representante fueguina que “lo que nosotros estamos presentando es una propuesta de inclusión de otros actores muy importantes y no merecíamos esa nota en el diario; en todo caso nos hubiésemos podido reunir con todos estos representantes de las asociaciones rurales ‘grandes’ y haber conversado”, lamentó.

Aseguró que “nosotros no queremos excluir a nadie con la modificación del artículo sexto del Consejo Directivo, sino todo lo contrario. Es al revés: nosotros queremos incorporar lo que es agricultura familiar, la cuestión ambiental y la perspectiva de género dentro del Consejo Directivo. No pensamos una modificación como para excluirlas, lo que sucede es que estas asociaciones fueron incorporadas al INTA mediante DNU, a través de herramientas legislativas posteriores al mencionado Decreto Ley y quedaron allí siendo representantes. Ni siquiera decimos que porque estén presentes o sean una mayoría importante del sector privado -CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA)-, el INTA funcione mal. Al contrario, el INTA funciona maravillosamente, es uno de los institutos más importantes que tiene la Nación, con presencia en todo el país, con investigadores prestigiosos; es decir, un ente fundamental de la Argentina en lo que hace a la economía, a la investigación, a la innovación y a la búsqueda de nuevas tecnologías para la producción”.

Sobre la sesgada información periodística entendió que “esto sucedió, se enojaron y nosotros no queremos excluir a nadie -insistió- sino todo lo contrario, queremos incluir a la agricultura familiar que es un componente muy importante en el esquema productivo, la cuestión ambiental y asimismo incluir una perspectiva de género en la conformación del Consejo Directivo del INTA”.