Tarifas: qué ventanilla atiende el intendente Pablo Petrecca

Muchos ciudadanos de distritos bonaerenses han comenzado a marchar y visibilizar su bronca con la intención de poner un freno al constante aumento de las tarifas por servicios públicos (electricidad, gas y agua), que sumados a los incrementos de los “suntuarios” de tv por cable, provisión de internet y telefonía fija y celular, se llevan casi un 60% de un sueldo mínimo, ese que cobran más de la mitad de los juninenses laboralmente activos. Todo ello sin contar con los impuestos que también rompen con cualquier gradualidad.

Y como Junín suele tener un “valor agregado” a la hora de saquear al vecino, en el distrito se paga el combustible más caro de la provincia, mientras que el gas y el agua manejados localmente, en lugar de aportar beneficios siguen siendo servicios obsoletos, poco transparentes, caros y a cargo del “Club de Amigos” que instauró Pablo Petrecca luego de llevarse la sorpresa en 2015 de que la ciudadanía le había dado la responsabilidad de gestionar mejoras para todos.

Y entonces, ese mar de contradicciones en el cual sobrenada diariamente la impronta comunal, genera cosas insólitas como, por ejemplo, sumergirse en un desgastante conflicto en el cual no cede un ápice de su propuesta a los empleados municipales, pero raudamente toma de empleados a sus concejales en el intento de que le voten más 27 millones más de presupuesto para llevar adelante la repavimentación del camino al balneario.

Y en el Club de Amigos (al igual que en el sindicato municipal), se dan cuenta de que la plata no alcanza y que la inflación existe más allá del relato gubernamental, aunque al mismo tiempo se justifiquen las necesidades del privado y se desnaturalice el reclamo de cada uno de los vecinos de Junín que cumplen tareas para el distrito.

El cóctel explosivo se corona con la apreciación de la oposición como en el caso del presidente del bloque de concejales de Unidad Ciudadana, Rodolfo Bertone, que anuncia un proyecto de ordenanza para declarar la “Emergencia Tarifaria” en el partido, después de dos años de cachetazos constantes y arbitrarios sin prestar atención a las asambleas que debieran haber sido convocadas.

Y esperan, con más inocencia que certezas, que el intendente se ponga al frente del reclamo, intentando algún amparo tarifario al menos para retrotraer el desmadre a diciembre del año pasado. Desean que tenga una actitud hacia los vecinos, similar a la que tiene para defender los intereses de las empresas privadas que llevan a cabo la obra pública, transformándose prácticamente en un gerente de éstas cuando su obligación -asumida al promoverse como candidato- es atender las necesidades de quienes están –precisamente- en la ventanilla que Petrecca ha cerrado “por reformas”.

DETONANTES

Todos los sondeos realizados en la provincia de Buenos Aires coinciden en que los incrementos de los precios en las tarifas de servicios públicos son una de las primeras preocupaciones de los bonaerenses.

El “proceso de gradualidad” que se prometió por parte de Cambiemos para lograr el “sinceramiento” de las tarifas por servicios públicos, terminó provocando una sangría en la economía de la gente, incrementada por el lógico freno del consumo, la constante inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario y la catarata de desinformación o información interesada de los medios masivos de comunicación que termina produciendo en la gente una suerte de confusión, cayendo en un estado de hipnosis del que cuesta desprenderse.

Frente a esta alianza devastadora de cualquier mejora económica del trabajador, hasta el momento ha sido imposible batallar debido al avasallamiento impune sobre los derechos ciudadanos y la falta de una oposición comprometida que no ha hecho más que terminar mimetizándose con el oficialismo. Junín, de hecho no ha estado exenta de semejantes actos de camaleonismo.

De todas formas y más allá del constante vapuleo de la economía familiar durante dos años, el bolsillo de buena parte de la comunidad empieza a servir sólo para acumular pelusa y ya no es la queja por los costos de los servicios, sino la imposibilidad de pagar, aun haciendo el mayor esfuerzo posible.

Esta situación resulta lógica si tenemos en cuenta que según un informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV), con la llegada de la alianza Cambiemos a la Casa Rosada, nuestro país pasó de la última a la tercera posición en el ranking de ocho naciones de la región en cuanto a incidencia del costo tarifario sobre el salario mínimo, con un 21% de los ingresos de sectores vulnerables destinados a los servicios.

El trabajo universitario indica que la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red, agua potable y transporte) sobre el salario mínimo tuvo un incremento acumulado de 15 puntos porcentuales en los últimos tres años.

"Desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6%, a una sustantivamente mayor, del 21%. Así, Argentina pasó a la tercera posición en el ranking de ocho países de la región. El crecimiento desde 2016 hasta la fecha, nos posiciona sólo por detrás de Venezuela (33%) y Chile (23%), en términos de peso tarifario", explican en el estudio.

Para entender mejor el concepto vale puntualizar que en 2015, sólo el 6% (seis por ciento) del sueldo de un trabajador que cobraba un salario mínimo era destinado al pago de servicios públicos, lo cual colocaba a la Argentina en el último puesto del ranking de incidencia sobre sueldos bajos, pero con los tarifazos la situación cambió.

En 2016, se pasó a un 17%, que bajó 1 punto en 2017, pero volvió a escalar fuerte en 2018, alcanzando un 21%.

"Partiendo de un costo tarifario ínfimo, producto de la decisión de subsidiar a los segmentos socioeconómicos medios y bajos, se migró a un esquema de liberalización tarifaria y convergencia acelerada a precios de mercado", argumentan en el texto de la casa de altos estudios del conurbano bonaerense.

Asimismo, sostiene que "lejos de haberse agotado en los primeros dos años de la nueva administración, el proceso de sinceramiento tarifario sigue su curso durante 2018", y añaden que al significativo aumento en servicios del hogar, se adicionan las recientes subas en transporte público.

En este punto vale destacar la insistencia del intendente local con la provisión del transporte público, creyendo que con ello logrará su tan prometido orden en el tránsito y hará que automovilistas y motociclistas se vuelquen al colectivo liberando las calles de accidentes, mostrando desconocimiento en una materia en la que desde el principio “tocó de oído”.

Por lo tanto, el encarecimiento del transporte público tal como acontece podría convertir en una utopía el obsesivo proyecto comunal.

Los bolsillos de los vecinos y particularmente de aquellos que cobran un mínimo no resisten más saqueos.

El 21% del salario se lo llevan los servicios públicos, si agregamos otros servicios suntuarios, más impuestos, combustibles y algún crédito con cuotas a pagar, lo que queda para alimentarse y vestirse es escaso o nulo y menos aún pensar en quienes tienen que sobrellevar un alquiler, en ese caso es imposible.

El país verificó desde inicios de 2016 incrementos acumulados promedio del 920% en energía eléctrica, de casi un 930% en gas natural y del 683% en agua. En materia de transporte, por su parte, se encuentran subas del 455% en peajes y aproximadamente un 300% en colectivos de larga distancia.

Del comentario benevolente de hace un par de años sobre que “estábamos pagando una miseria”, al “¡Dios mío lo que me vino!” de la actualidad encomendándose al Señor, no forma parte de la evangelización pastoral. ¿O tal vez si?

EL TEXTO ORIGINAL FUE PUBLICADO EL SÁBADO 14 DE ABRIL 2018 EN NUESTRA EDICIÓN IMPRESA