Descontrolados: festival de precios y trampas

NOTA DE TAPA DE LA EDICIÓN IMPRESA Y DIGITAL NÚMERO 362 DE SEMANARIO DE JUNÍN DEL DÍA SÁBADO 17 DE JUNIO DE 2023

El salario de los trabajadores, que es arrasado por la inflación, se deteriora todavía más víctima de maniobras reñidas con la ética comercial que llevan a cabo en los grandes supermercados de nuestro medio, con faltantes de mercadería con precios justos, escaso stock de lo publicado, productos sin precio, ofertas que llevan a confusión, promociones que no generan ningún ahorro y publicidad engañosa, en perjuicio de la mayoría de los clientes que cándidamente caen en las trampas.

Estas deslealtades comerciales, cuando son advertidas por algún incauto, terminan muchas veces en una acalorada discusión en la línea de cajas, poniendo en un estado de vulnerabilidad a las empleadas de la empresa que no tienen responsabilidad sobre las virtuales estafas, sino que su tarea simplemente es pasar el producto por el lector láser y cobrarlo. Pero también queda al desnudo la vulnerabilidad del comprador que debe decidir en forma inmediata si lo “deja pasar” o “se planta” y abandona el lugar.

Como si hubiera que hacer pocos malabares para que rindan los magros ingresos, hay que ir con “lupa” a comprar a los “grandes súper” para no caer en infinidad de trampas que ponen, con la cínica máscara del “ahorro”, según lo que pudo constatar SEMANARIO durante una recorrida por las principales tres cadenas (VEA, Chango Más y La Anónima), luego de las denuncias recibidas por parte de nuestros lectores.

Para colmo de males, no hay una oficina en nuestra ciudad para hacer los reclamos que necesite hacer el comprador o usuario de forma eficiente, tal lo establecido en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.

La Dirección de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (OMIC) del Gobierno de Junín, que conduce Alejandra Tomasone, no es conocida por la mayoría de los juninenses debido a que no tiene difusión y pocos saben de su presencia en Hipólito Yrigoyen 63. Tampoco cuenta con un teléfono de número corto propio para hacer reclamos y cuando se accede a la página web dentro de la del gobierno de Junín, llama la atención que sólo se puede hacer la “denuncia online”, explicando que es por “motivo de la pandemia”, cuando hace casi dos años que los chicos ya volvieron a la escuela y cada uno de los adultos a su trabajo.

Como si fuera poca ineficiencia a la hora de actualizarla, la planilla que se presenta es compleja para su llenado, pide numerosos datos y con ello parece buscar que el denunciante termine cansándose y guardándose las ganas de defender sus derechos, frente a una colección de burócratas que se acumulan en las dependencias municipales.

Lo que sí es seguro, es que ningún funcionario de la legión petrequista, hace una recorrida para saber si se cumplen las leyes de defensa del consumidor en las grandes superficies, algo que además el alcalde rechaza salvo, cuando les tiene que caer con inspecciones de habilitación y el cobro desmedido de tasas a los almacenes de barrio, súper chinos y comercios en general. Que tampoco logran un respaldo dirigencial y se perjudican desde todos lados por lo privilegios que reciben los “grandes” y a la vez “foráneos”.

JODETE

No es llamativo que el gobierno de corte liberal de Petrecca, termine apoyando las trampas del mercado y se sume al saqueo del bolsillo de los juninenses.

Vale recordar que el año pasado y a través de la Resolución 118/2022, la Secretaría de Comercio estableció las multas que podrían aplicar los municipios que adhieran al monitoreo de las empresas que incumplan con el acuerdo del programa Precios Justos.

En aquella oportunidad la concejal del Frente de Todos Carolina Echeverría expresó: “les pedimos al intendente Petrecca y a las autoridades de la OMIC que acompañen la medida económica a través del cumplimiento de los precios estipulados. Como juninense, ir a los comercios y supermercados y encontrarse con precios desorbitantes, que no están acorde a la política, es una muestra de dicho incumplimiento de la misma”.

Por eso, solicitaba “una articulación conjunta para la mejoría de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. En estos días podemos ver como Petrecca engañó a los vecinos y aumentó las tasas un 150% y tampoco se preocupa por hacer valer sus facultades de inspección para controlar los Precios Justos en los supermercados”, afirmó Echeverría.

Pocos días después el jefe comunal indicaría durante uno de los asiduos encuentros con intendentes del PRO, que “hay un consenso generalizado de los intendentes de posicionarse en contra de ser los encargados de controlar que los comercios cumplan con los precios estipulados”.

Frente a esa negativa, en nuestra ciudad el descontrol es generalizado. Los grandes súper de Junín parecen un campo de batalla entre empresarios y consumidores.

VER PARA CREER

El “festival de precios” esconde permanentes argucias. Lo que pudimos observar en la recorrida fueron situaciones realmente llamativas y aplicadas adrede como:

Gran cantidad de productos sin precio a la vista, lo cual es obligatorio.

Productos “mellizos” con similitud gráfica, pero con precios muy dispares entre sí que llevan a la confusión si no se lee detalladamente cada uno de ellos y además están mezclados en la góndola.

Grandes carteles con “Precios justos”, pero sin ninguno en la góndola, aunque otro similar lo reemplazaba al lado, por supuesto, a un valor mucho mayor.

Ofertas de 2x1 o 3x2, en las que el precio individual era igual al que se había pagado por unidad sólo un par de días atrás. Incluso con productos similares más baratos que la misma oferta.

Ofertas de 2x1 o 3x2 que obligan a llevar de un mismo color o sabor, estando la mercadería mezclada en la góndola y que, en línea de cajas, al no ser iguales hacen que se pierda la promoción anunciada y se pague el sobreprecio.

Ofertas “imposibles”, que a la hora de llegar a la caja solamente correspondían si se contaba con la aplicación en el teléfono del supermercado en cuestión.

No faltaron tampoco las ofertas de mercadería no perecedera con fecha de vencimientos cercanos y sin advertirlo específicamente.

La Secretaría de Comercio Interior realizó el mes pasado en AMBA, procedimientos de control que en los que se visitaron 3.807 locales incluidos en el programa, de los cuales 3.517 fueron grandes supermercados y otros 290 comercios.

En los más de 3.500 supermercados inspeccionados se labraron un total de 1.151 actas, de las cuales más de 660 correspondieron a incumplimientos en Precios Justos (230 por falta de exhibición de precios y 221 por vencimiento de productos).

Pero más allá de los “precios justos” que forman parte de una política gubernamental, claramente se constatan falencias a las normas que rigen la lealtad comercial, a partir de engaños que intentan disimularse y que afectan particularmente a los adultos mayores no habituados a este tipo de engaños, pero también a cualquier cliente que procede de buena fe, cuando del otro lado no la tienen.

La Ley 22.802, que debiera ser fiscalizada convenientemente en nuestro medio, con presencia del gobierno comunal, procura garantizar la “lealtad comercial” tutelando los derechos de los consumidores y competidores señalando conductas exigibles en procura de que éstos no sean burlados y que su objetivo primordial es la protección del público consumidor, quien se encontraría adquiriendo un producto por un precio que no es tal.

Asimismo, se pretende preservar la lealtad en las relaciones comerciales, que abarca los derechos de los consumidores y los de los competidores y que con una incorrecta publicidad de precios se puede producir desvíos o captación potencial de clientela por medio de métodos contrarios a la lealtad en las relaciones comerciales.