Prisión preventiva para el juninense acusado por el espionaje a los jueces

La Justicia descubrió que la banda que hackeó o robó identidades a jueces y fiscales trabajaba en forma de compartimentos estancos y con división de tareas para ocultar a los "cerebros" de la trama, según se desprende del fallo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y que publicara recientemente el diario Clarín.

La primera pista sobre esta organización surgió en enero pasado cuando el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro confesó que hackeó el celular del ex ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, lo que desencadenó en un fuerte debate con la oposición por los contenidos del mismo. Ahora el juez Martínez De Giorgi lo procesó, junto al sargento retirado de la Policía Federal, Ariel Zanchetta, con domicilio en Junín y mostró cuáles eran sus roles como engranajes de esa organización.

En su fallo, el juez no consideró periodista a Zanchetta mientras crecen las versiones que lo vincularían con servicios de inteligencia del oficialismo, según el matutino porteño. Dijo que Zanchetta no presentó ninguna nota que avalara que sus búsquedas de datos sobre los jueces se tradujeron en un artículo periodístico. Por el contrario, destacó, “el destino de su actividad se presenta propicio para la acumulación de la información utilizada para la validación de identidad que requieren las compañías telefónicas” y así que otros cambiaran las tarjetas SIM de los celulares.

En consecuencia, quedó “comprobado que Zanchetta aportó la información que obtuvo a través del acceso a la firma SudamericaData a efectos de poder, de forma mancomunada con Nuñez Pinheiro y posiblemente con terceras personas hasta el momento no identificadas, acceder al control de aquellas líneas de teléfono y perpetrar de este modo las maniobras bajo estudio”, sostuvo el magistrado.

Las víctimas fueron los Jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, como así también, los Jueces Federales de Tribunal Oral Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Todos estos jueces participaron de investigaciones o condenas contra Cristina Kirchner.

Sin embargo, en enero pasado, y a partir de la publicación de unos supuestos “chats” difundidos el 30 de diciembre de 2022 entre D’Alessandro y Robles, se promovió un juicio político a los cuatro miembros de la Corte.