Violencia policial: ¿Qué hay debajo de la gorra?

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 399 DE SEMANARIO DE JUNÍN. CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2024

Días atrás causó conmoción el suicidio de una joven de 28 años que se desempeñaba en la policía de la provincia de Buenos Aires y era oriunda de Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino.

Aparentemente se encontraba desbordada por haber sido destinada a La Plata, un lugar ubicado a más de 700 kilómetros de donde residía y, a pesar de haber solicitado el traslado en cercanía, no le había sido otorgado.

Fue el caso número 11 en este inicio de 2024 y según datos oficiales de la policía bonaerense –que hoy tiene casi 100 mil efectivos– los suicidios fueron al menos 39 en 2016; 30 en 2017, 31 en 2018, 32 en 2019; y 18 en 2020 y esta cifra está muy por encima de lo que ocurre en la población civil.

Si bien el Ministerio de Seguridad provincial implementó en 2020 el Programa de Prevención y Asistencia al Suicidio Policial para acompañar a aquellos miembros del cuerpo que enfrenten adversidades personales o laborales susceptibles de impactar negativamente en su estado mental, todavía no hay una política de prevención seria y los propios efectivos señalan que “no hay capacitación, no hay equipamiento, no hay incentivos, no hay reconocimiento. Los policías están desmotivados, cansados y frustrados”.

Desde SEMANARIO hemos abordado la temática en diversas oportunidades, la última de ellas para referirnos a esta “desmotivación y frustración”, del personal de seguridad local que tampoco halla respaldo en las autoridades municipales a cargo de la seguridad, motivo por el cual las estadísticas respecto a la eficiencia a la hora de combatir el delito son muy pobres.

Por otra parte, en octubre de 2022, en una entrevista con nuestro medio, el por entonces secretario de Seguridad, Andrés Rosa ya señalaba que “las cifras son escalofriantes y dolorosas, y no puede ser que haya más muertes por suicidio de policías bonaerenses que caídos en cumplimiento del deber”.

La violencia atraviesa al personal policial no sólo hacia afuera, sino también y muy fuertemente hacia adentro. Y si la situación era grave, resulta mucho más con los actuales ajustes en la economía que golpean de lleno los bolsillos de los trabajadores.

Ya es común (y penoso) ver al personal policial haciendo “dedo” en las rutas del distrito y mucho más lo será ahora con el costo de los pasajes.

Tal como expresan los especialistas a la hora de analizar el ámbito laboral policial, no sólo es imprescindible debatir un mejor salario, sino también la optimización de los regímenes de descanso y cobertura sanitaria, trayendo nuevamente a debate la pertinencia de la sindicalización policial desde una perspectiva plural ligada a los derechos humanos.

Hay que considerar que los policías a nivel provincial están ubicados entre las peores remuneraciones de los empleados estatales y muchas veces sin acceso a los derechos laborales básicos. El tema traslados y destinos es una de las claves a la hora de devastar la moral del efectivo y el motivo por el cual muchos renuncian.

Uno de los puntos de quiebre que resaltan quienes conocen la interna policial es el consumo problemático de estupefacientes

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Si bien quien elige “trabajar de policía” debiera tener una personalidad especial, esto no resulta tan así debido a la falta de empleo que existe en la provincia (y el país) y que amenaza con agudizarse.

A veces no se elige ser policía, sino que resulta una de las salidas rápidas para obtener un ingreso, una obra social para la familia y creerse respetado por tener un arma y un uniforme.

No todos los uniformados cuentan con un estudio superior, en la Escuela Vucetich y por lo general, reciben una mínima y básica instrucción, que no sirve para cargarlos de la responsabilidad que significa estar al servicio de una comunidad enfrentando el delito.

En ese escenario, hay dos situaciones claves que terminan siendo el detonante de la violencia que se puede manifestar hacia afuera por el trato hacia las personas, como hacia adentro en las relaciones intrafamiliares y por la posibilidad de atentar contra la propia vida.

Algunos especialistas que han convivido en la fuerza, alegan que los trabajadores policiales sufren de una gran inestabilidad emocional, particularmente en la relación de pareja.

Además, por estar siempre transitando al filo de la ley, observando situaciones ligadas a la corrupción o contra los derechos humanos, terminan sufriendo el síndrome de “cabeza quemada”. “Hay mucha gente sin preparación, con escasos estudios que elige trabajar de policía, pero no lo es”, explican.

A eso se suma la presión que se ejerce desde los ámbitos superiores en un contexto claro de verticalidad, que hace que la violencia laboral termine naturalizándose y “se aguanta hasta estallar”, señalan quienes han pasado por las filas del personal de seguridad y puntualizan que es un “sistema muy perverso que muchos conocen desde hace mucho tiempo y que sin embargo nadie trató de cambiar”.

Las rupturas familiares están a la orden del día, muchas parejas se forman en el seno de la policía y al poco tiempo terminan separadas, con un aditamento, la violencia intrafamiliar está entre las más notorias y aún peor, el acceso a las armas termina resultando una ecuación que lleva a la tragedia.

Precisamente, el año pasado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio a conocer un trabajo sobre violencia policial en el que tiene un apartado referido a los femicidios dentro de la fuerza.

Expresan que “entre 2010 y agosto de 2021 al menos 52 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o ex parejas policías, 19 eran funcionarias de seguridad”.

Destaca el CELS que “la portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el ‘estado policial’, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar. En algunas policías la normativa restringe la portación si el funcionario fue denunciado por violencia machista, pero muchas veces no existe una denuncia previa formal”.

En muchos casos las mujeres víctimas también son integrantes de las fuerzas de seguridad, lo que muestra un traslado hacia la vida privada de los patrones de discriminación, acoso laboral y violencia de género que están extendidos al interior de las policías.

En Junín, según datos extraoficiales, hay un 30% del personal con carpeta médica, en muchos casos psiquiátricos

En los últimos años, la creciente incorporación de mujeres a las fuerzas de seguridad y la visibilización social de la violencia machista, han llevado en distintas jurisdicciones a la creación de oficinas cuya misión específica es atender esta problemática.

Además, la portación del arma fuera del horario de servicio confluye con la creencia de que los efectivos de seguridad deben intervenir en cualquier circunstancia, cuando en ocasiones, la usan para resolver conflictos personales y entonces situaciones de la vida cotidiana, como una discusión de tránsito o un conflicto entre vecinos, se transforman en escenarios para intervenciones potencialmente letales, logrando con la portación del arma fuera del horario laboral el desplazamiento de la violencia hacia los lugares de residencia de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad: sus hogares y sus barrios, incluso para atentar contra su propia vida, tal como acontece.

Otro de los puntos de quiebre que resaltan quienes conocen la interna policial es el consumo problemático de estupefacientes.

La presión, la angustia, la necesidad de cubrir horarios a destajo, la insatisfacción laboral y el marco de violencia, llevan a muchos efectivos a consumir sustancias con el problema que eso conlleva, tanto para sí como para sus familiares y compañeros de trabajo.

En 2017, la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal anunció dos políticas para “limpiar” de drogas y de corrupción la policía bonaerense. La primera tenía que ver con la ampliación de declaraciones juradas de los miembros de las fuerzas y la segunda con un examen antidroga obligatorio.

“Esto no se combate con discursos, se combate con acciones”, sentenció, sin embargo en 2019 por primera vez en la historia de la Policía Bonaerense se realizaron tests toxicológicos obligatorios a sus efectivos. En los estudios se analizó la presencia de drogas como cocaína, marihuana y psicofármacos y sus resultados fueron que el 3,4% de los policías (unos 3.000 efectivos) dio positivo a la presencia de cocaína, marihuana y benzodiazepinas, fármacos de la familia del clonazepam.

En Junín, según datos extraoficiales, hay un 30% del personal con carpeta médica y en muchos de los casos se trata de casos psiquiátricos. Esto revela dos situaciones de gravedad: no sólo es la insatisfacción del policía para seguir trabajando en un marco violento y desconsiderado, sino también en que los “exámenes médicos” terminaron convirtiéndose en un probable manoseo mercantilista. Aunque eso, será tema para una nueva investigación.