EL INTA y los olvidadizos de siempre

SECCIÓN SEMANAGRO PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 438 DE SEMANARIO DE JUNIN. CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor de regiones y territorios, para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país.

Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación.

La institución tiene presencia en las cinco ecorregiones de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia), a través de una estructura que comprende: una sede central, 15 centros regionales, 53 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y 21 institutos de investigación, y más de 300 Unidades de Extensión. Por su parte, dos entidades privadas creadas por la Institución en 1993, Intea S.A. y Fundación ArgenINTA, se suman para conformar el Grupo INTA.

En su conjunto, la entidad está en serios problemas, debido a la “motosierra” anunciada por el gobierno nacional con relación al achique del Estado.

Nadie puede desconocer y menos todavía los actores del sector agropecuario y los distritos rurales que el resultado del trabajo del INTA le permite al país alcanzar mayor potencialidad y oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado.

En tren de recordatorios, a principios del 2000, la Ley 25.641 restituyó al INTA las atribuciones conferidas por la Ley de creación del organismo. En la actualidad, el INTA representa un aporte clave al sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial.

Justamente, la investigación y el desarrollo son los pilares de trabajo que toman cuerpo en el Plan Estratégico Institucional (PEI) donde se despliega una visión de largo plazo para responder a las demandas de todas las regiones del país.

Los convenios nacionales e internacionales que el INTA suscribe con los más diversos organismos y entidades del sector público y privado permiten crecer y aumentar la intervención en las cadenas de valor, a fin de mejorar el desarrollo rural sustentable en todo el territorio nacional.

En su conjunto, el INTA está en serios problemas, debido a la “motosierra” anunciada por el gobierno nacional con relación al achique del Estado

El INTA es un organismo de vanguardia en el desarrollo agro-tecnológico mundial, que está junto al productor y sus necesidades asistiendo a los sectores sociales que merecen atención. De este modo, viene proyectando sus acciones para alcanzar competitividad, sostenibilidad social y económica con sentido nacional, priorizando la sustentabilidad ambiental de los territorios.

Los principales temas se organizan en grandes ítems: Producción Vegetal, Desarrollo Económico y Social, Producción Animal, Desarrollo Tecnológico y Ambiente. Existen programas nacionales, regionales con enfoque territorial o puntual. Además hay proyectos específicos con financiamiento externo o con otras organizaciones.

El Consejo Directivo del INTA está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado, también está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía, uno de la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre ellos están su actual presidente (Nicolás Bronzovich) y vicepresidente [María Beatriz “Pilu” Giraudo].

Valga esta larga y merecida explicación para poner en contxto lo que viene sucediendo con una de las joyas que tiene el Estado nacional y que se pretende destruir sin siquiera hacer una valoración precisa de la situación sobre algo tan simple como lo es el costo – beneficio.

En nuestra ciudad, sostenida económicamente en buena parte por el agro y con una universidad que brinda especialización en el tema, resulta llamativo el silencio de los dirigentes políticos y sociales, los cuales no han mostrado siquiera una mínima preocupación por una cuestión que pega de lleno a la productividad del distrito y que pone en riesgo a la agencia local del instituto de promoción agropecuaria. Funcionarios de gobierno, concejales, dirigentes agrarios (tan protestones ellos), directivos, docentes universitarios, productores, técnicos y la comunidad en su conjunto asisten mansamente al saqueo.

El INTA es un organismo de vanguardia en el desarrollo agro-tecnológico mundial, que está junto al productor y sus necesidades

Caso contrario, y tal vez por eso es que las comparaciones resultan odiosas, resulta la reacción de vecinos como en 9 de Julio, donde desde el Concejo Deliberante el bloque de la UCR, presentó un proyecto de resolución, para “Expresar la preocupación sobre la situación del INTA”.

En sus fundamentos, la iniciativa recuerda que el próximo 4 de diciembre el INTA cumple 68 años, y que preocupa un documento por parte del Gobierno Nacional en cual se propone eliminar más de mil puestos de trabajo, vender tierras y avanzar con el ajuste y control político de la entidad;

Se refiere al informe titulado “Propuesta de Presidencia de INTA para el análisis y decisión del Consejo Directivo en el Corto plazo (noviembre-Diciembre 2024)”, donde se exponen los puntos que ofrecería el INTA a los Ministerios de Economía y de Desregulación, con un ajuste sobre una planta de 6.424 profesionales, técnicos y administrativos, que están dispersos por todo el país.

Además, hay 302 empleados mayores de 65 años, de los cuales 149 ya fueron intimados a jubilarse, y también la propuesta es la de no renovar contratos de personal ingresado en 2023 (227 contratados) y revisar acuerdos de otros trabajadores bajo regímenes específicos como becarios y contratados externos, varios de éstos forman parte de la agencia en Junín.

Tal como lo hemos mencionado en otras oportunidades, durante los ’90 el menemismo arrasó con diferentes estamentos nacionales enclavados en Junín y que eran parte del desarrollo local además de generadores de empleo y arraigo. La posibilidad de hacer tabla rasa a varias organizaciones en aquel momento, tuvo la complicidad de la dirigencia de turno, que se sumó al “dejar hacer, dejar pasar”. Lamentablemente la historia vuelve a repetirse.