A 30 años del asesinato del soldado Carrasco

Esta semana, se cumplieron 30 años de la sanción de la Ley 24.429 de “Servicio Militar Voluntario”. Fue una ley que surgió del dolor, y que tuvo su punto de inflexión, el 6 de marzo de 1994, en tiempos que la conscripción era obligatoria y cuando Omar Carrasco desapareció del cuartel y nadie le avisó a los familiares, que se enteraron 14 días después,al ir a visitarlo.

El padre de Omar recibió tres versiones oficiales contradictorias, por lo que decidió ir a la corresponsalía que el Diario de Río Negro tenía en Neuquén, donde solicitó publicar un aviso pago de “persona desaparecida”. Lo recibieron dos periodistas que lo escucharon y terminó en la primera visibilización sobre el caso, tras la nota publicada el 26 de marzo bajo el título “Extraña desaparición de joven conscripto”.

El caso se hizo público y el abogado Carlos Segovia, dirigente de la Corriente de Militantes por los Derechos humanos de Río Negro y Neuquén se ofreció a tomarlo. El tema empezó a resonar en los medios nacionales y la familia a recibir el apoyo de distintos organismos de derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo e integrantes del FOSMO.

Un mes después, el 6 de abril apareció el cuerpo de Omar, dentro del mismo cuartel donde cumplía su Servicio Militar Obligatorio, y el hecho conmocionó al país. Tres días después, sus restos fueron velados en Cutral Co, Neuquén, y unas mil personas se movilizaron para acompañar el féretro hasta el cementerio; una semana después se realizó la primera Marcha del Silencio en Plaza Huincul.

Ese mismo día, el 16 de abril, el presidente de la Nación, Carlos Menem, recibía en Buenos Aires a los padres de Omar, que pedían justicia, y a los de sus compañeros, que exigían autorización para interrumpir el proceso de conscripción de sus hijos, hasta tanto se aclare lo sucedido.

Menem afirmó entonces, en una entrevista con el diario Clarín, que había una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, y que los casos de violencia y muerte “son casos aislados como en cualquier parte del mundo”.

Al día siguiente, 17 de abril, se realizó la segunda Marcha del Silencio; y dos días después se realizó la tercera, que convocó a más de 3500 zapalinos, uno de cada diez habitantes estaba presente en las calles reclamando justicia.

El caso escaló y se mantuvo en todos los medios del país por varios meses en sintonía con el reclamo de poner fin al Servicio Militar Obligatorio.Distintos proyectos de ley venían proponiendo la excepción a la obligatoriedad, la reducción de la duración, la objeción por conciencia moral o religiosa. Otros proponían sumar una “prestación social sustituta”, un “servicio civil” o “servicio social comunitario alternativo”. Ninguno de los proyectos llegó a ser tratado en el Congreso.

Pero sí se firmó un decreto, el de “Régimen para el Personal de Soldados Profesionales”, que dio sustento jurídico para aprobar luego la ley de Servicio Militar Voluntario.

Que Menem lo firmara fue interpretado como una medida personalista que buscó el impacto popular, ya que ese año el presidente se encontraba proponiendo la reforma constitucional que le permitiría ser reelecto al año siguiente.

Finalmente, el 14 de diciembre de 1994 se sancionó la Ley 24.429 “Servicio Militar Voluntario”.El 14 de mayo del año siguiente Menem fue reelegido como presidente de la Nación, por el 49,94% de los votos.

Respecto de los involucrados en el asesinato de Carrasco, el 31 de enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó al subteniente Canevaro (15 años); Salazar, Suárez (10 años) por el homicidio de Carrasco, y a Sánchez (3 años) por el encubrimiento. La sentencia fue ratificada por la Cámara de Casación.

El 23 de noviembre de 2000, Salazar y Suárez obtuvieron la libertad condicional; el 4 de febrero de 2004, salió libre Canevaro; y el 13 de junio de 2005 se declara la prescripción de la causa del encubrimiento. Una decena de altos oficiales resultaron sobreseídos; y el Consejo de la Magistratura suspendió al juez Caro y le inició un proceso, aunque cuatro meses después lo ratificó en el cargo.

El servicio militar se había declarado obligatorio en 1901 con la “Ley Riccheri”, en referencia al ministro de Guerra del presidente Roca, quien había propuesto una gran reforma del Ejército. No sólo se buscaba ampliar la cantidad de soldados en reserva ante la posibilidad de un conflicto limítrofe, sino que también se apuntó a reclutar jóvenes para inculcarles los valores de “ciudadanía argentina” y “moralidad” en un contexto de creciente diversidad de nacionalidades debido al gran proceso migratorio de la época.

El paso por el Servicio Militar Obligatorio se fue convirtiendo en tradición nacional junto a cierto consenso en que era necesario para que los jóvenes fueran instruidos en disciplina y obediencia. Se le atribuían cualidades como las de ungir responsabilidad, valentía y honor. Al ingresar, el juramento “subordinación y valor para defender a la patria” los comprometía de por vida a ser soldados de reserva en caso de que la Nación los convocara para enfrentar cualquier conflicto bélico.

Con el correr de los años, quedó a la vista que no sirvió para ninguno de esos objetivos y que la síntesis de la palabra Colimba fue la que mejor se ajustó al tiempo bajo bandera: Co (corre) lim (limpieza) ba (barre, más limpieza, en muchos casos para privilegios de muchos jefes de unidades).

CONSCRIPTOS MUERTOS EN DEMOCRACIA

A inicios de los ’80, el desprestigio acumulado por las Fuerzas Armadas se profundizó cuando comenzaron a ser duramente cuestionadas tanto por su accionar durante el gobierno de facto, como por su desempeño en la Guerra de Malvinas, donde murieron 649 soldados, entre ellos 273 jóvenes conscriptos.

Eudoro Palacio, integrante del FOSMO asumió la enorme tarea de contabilizar la muerte de soldados en tiempos de paz, movilizado por la muerte de su hijo Mario Daniel en abril de 1983, a los 18 años, mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Artillería de Los Polvorines. Para 1994 había detectado 34 muertes entre 1977 y 1994 reconocidas por las Fuerzas Armadas. Están minuciosamente apuntadas en sus registros, y no incluyen a los conscriptos desaparecidos durante la dictadura militar -al momento se registran aproximadamente 200 entre 1976 y 1983-, ni los conscriptos muertos durante la Guerra de Malvinas, que fueron 273.

Las causas de las muertes van desde “accidente” (once jóvenes: cuatro tuvieron accidentes con camiones; tres, disparos accidentales; dos en práctica de combate, uno electrocutado y otro ahogado), pasando por “suicidios” (nueve casos, uno señalado como “accidental”, y otro como asesinato seguido de encubrimiento). Por los maltratos recibidos en los “bailes” habían muerto seis jóvenes, y otros cinco debido a diversas razones como enfrentamiento con malvivientes, con policías, mala praxis en el cuartel, muerte sin especificar. Finalmente, habían registrado tres asesinatos simples.

No todos los casos fueron debidamente investigados y de varios se comprobó el flagrante encubrimiento en relación a la verdadera causa de muerte.