La SIGEN detectó graves irregularidades en el PAMI

La SIGEN detectó graves irregularidades en el PAMI sobre el último año de gestión de la administración del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria.

El trabajo de los síndicos revela además importantes irregularidades y deficiencias en la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental, uno de los sectores que debería ser prioridad máxima dentro del organismo pero que en los últimos años, según el informe de la SIGEN, presentó “desvios” y falta de control por parte de los auditores del PAMI.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, señaló múltiples falencias en las prestaciones del PAMI, destacando que la salud mental “no tiene atención” y que “pareciera ser que en Argentina no existe”. Semino advirtió sobre demoras de hasta tres meses para obtener turnos y la falta de disponibilidad de camas, lo que calificó como una “crisis humanitaria silenciada”.

“Pagos sin respaldo” SIGEN advirtió pagos sin respaldo, fallas en prestaciones y afiliaciones sin control en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados: el perjuicio económico supera los $16.000 millones como resultado de pagos sin documentación respaldatoria, recuperos no ejecutados, anticipos sin control y contrataciones irregulares.

El informe, que evalúa el Sistema de Control Interno (SCI) del organismo durante el ejercicio 2023, califica su funcionamiento como “débil”, afectando la integridad de los procesos contables, médicos y administrativos.

También se acreditaron pagos sin respaldo y control ineficiente. Según la auditoría, el PAMI realiza pagos a prestadores médicos sin contar con las facturas electrónicas exigidas, apoyándose en documentos internos denominados “Facturas Únicas”. Este mecanismo, subraya SIGEN, “priva de un adecuado respaldo documental a los asientos contables del Instituto”.

Además, los sistemas de validación automática del sistema SAP (“Sistemas, Aplicaciones y Productos para el procesamiento de datos)” son calificados como “evidentemente insuficientes”. En muchos casos -se explica-, se omiten controles y las transferencias se aprueban sin revisión formal.

A eso se suma una acumulación de expedientes de pago sin archivar ni auditar. La actual conducción del organismo descentalizado comenzó a tomar medidas para resolver los cuestionamientos advertidos ahora por la SIGEN y antes por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Una auditoría que revela graves irregularidades

Un punto central del informe de la auditoría de la SIGEN a la que accedió este medio e identificada como IF-2025-56072376-APN-GCSS#SIGEN, hace hincapié a los débitos por servicios no cumplidos o mal prestados, que no son recuperados en tiempo y forma. “Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022, el Instituto solo logró recuperar $779.947.806,20, mientras que los montos pendientes de recupero ascienden a $2.426.752.337,62″, destacó el informe

Tambièn identificó: “Prestaciones sin sustento, contratos desactualizados y riesgos en la atención en el área médica", el control sobre los prestadores fue calificado como “deficiente”.

La auditoría señala que numerosos médicos de cabecera superaban las cápitas máximas permitidas por normativa, sin justificación formal ni evaluación de capacidad real, lo que podría derivar “en riesgos clínicos y deterioro de la atención”, una de las mayores denuncias de los afiliados.

En cuanto a las contrataciones, la SIGEN detectó que “los contratos utilizados omiten las precisiones necesarias para evitar controversias interpretativas”. Y aclara: “Se trata de documentos incompletos, sin especificación del objeto contractual, lugar de atención, cupos asignados ni criterios de medición de desempeño. Tampoco existen procedimientos formales de evaluación de prestadores, lo que impide verificar la eficiencia, calidad o cumplimiento”.

La Autiroría General de la Nación también advirtió sobre:

• Fallas graves en el proceso de afiliación y baja de beneficiarios. En múltiples expedientes se detectó la falta de CUIL, partidas de nacimiento y constancias previsionales, lo que “conlleva un riesgo significativo de afiliaciones indebidas” y perjuicio económico para el Instituto.
• Se mantiene el uso de expedientes físicos, a pesar de la obligación legal de utilizar el sistema electrónico (GDE), y se constató que algunos usuarios del sistema contaban con permisos de administrador sin autorización ni control.
• En relación a las bajas por fallecimiento, el informe denuncia que la fecha registrada no coincide con la real, ya que se utiliza el momento en que el dato es recibido del RENAPER. Esta diferencia puede derivar en la continuidad de pagos a familiares o titulares fallecidos, incrementando el gasto improcedente.
• Entre los hallazgos más críticos del informe figura el caso del Hospital Español. Los auditores señalaron que los fondosderivados, $13.400 millones, fueron otorgados sin garantías y que superan el monto de prestaciones efectivamente brindadas y que los reconocimientos judiciales obtenidos son mínimos respecto a lo reclamado.
• Además, el PAMI ofertó U$S 22 millones para adquirir el inmueble del hospital, pero no cumplió con los plazos judiciales para integrar la garantía exigida. El juez resolvió finalmente suspender la adjudicación hasta que se informe la totalidad del pasivo de la quiebra.

Irregularidades en el sector de salud mental

Uno de los puntos relevantes del informe de la SIGEN, que depende de Presidencia de la Nación revela la fallas entre los auditores de Salud Mental del PAMI. Esto es en el sector dónde más sencibilidad y prestaciòn de servicio público debería brindarse.

Según revelan los peritos de la SIGEN la obra social de jubilados y pensionados “carece de un documento completo, actualizado y formalmente aprobado, que contenga la formulación expresa y adecuada del Programa 9700-Servicios de Salud Mental, que contemple, entre otros, sus objetivos, metas, componentes, cronograma y mecanismos de control. 

El Programa 9700 – Servicios de Salud Mental del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es una línea presupuestaria destinada a financiar la atención en salud mental para afiliados. Abarca una variedad de prestaciones en salud mental.

El informe de la SIGEN halló deficiencias en estos servicios, entre otras juridicciones, en las de CABA.

En Salud Mental también se verificaron “deficiencias en materia de contratos prestacionales, habiéndose constatado que los respectivos instrumentos presentaban plazos contractuales ya vencidos, sin que conste prórroga o rescisión, así como la ausencia de una adecuada acreditación de la personería de los firmantes y de certificación de las firmas".

El documento de la SIGEN destacó que: “La Subgerencia de Salud Mental carece de procedimientos formalmente aprobados que unifiquen criterios en lo concerniente al control y aprobación de la información que sirve de base para la facturación de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada y que: “La modalidad de retribución capitada con umbrales tiende a desincentivar la incorporación de prestaciones por encima del límite establecido por el Instituto, a la vez que incentiva la estrategia de selección de pacientes y el manejo discrecional de su tiempo de permanencia y egreso”-