Mola y Luciani pidieron que Cristina vaya a una cárcel común

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron hoy el beneficio del arresto domiciliario concedido a la ex presidenta Cristina Kirchner en la denominada “Causa Vialidad” y la decisión definitiva quedará ahora de la Cámara Federal de Casación.

En un escrito de 33 carillas, los fiscales reclaman que se revoque el arresto domiciliario de "Cristina Elisabet Fernández para que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria", según consignó la agencia Noticias Argentinas.

"No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria", argumentan los fiscales.

La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y tiene prisión domiciliaria, otorgada por el Tribunal Oral Federal 2, en su domicilio de San José 1111 en el barrio de Constitución, con tobillera electrónica y régimen estricto de visitas.

La decisión definitiva debe ser resuelta por la Sala IV de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Luciani y Mola afirman que "jamás existieron motivos reales" para darle la domiciliaria a la ex presidenta de 72 años.

El Tribunal Oral Federal 2 concedió el beneficio el 17 de junio pasado en base al atentado que sufrió Cristina Kirchner como Vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022 y al concluir que no hay garantías de seguridad en una cárcel común.

"La pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario", insistieron los fiscales ahora.

Además mencionaron que en caso de ir a cárcel común y quedar alojada de manera individual "desde ningún ángulo puede asimilarse" esta situación al "aislamiento".

También cuestionaron lo que pasa en el barrio de Constitución donde está con prisión domiciliaria a nivel seguridad y aludieron a un "trato desigual" en relación a otros condenados que están en cárcel común.