Peajes fuera de toda ley: ¿Quién le pone el cascabel al gato?

En las audiencias públicas desarrolladas como paso previo hacia nuevas concesiones, la Dirección Nacional de Vialidad aseveró que obligará a los operadores privados a mantener las tarifas vigentes “desde la toma de posesión hasta cumplir la condición de transitabilidad segura”.

Tal como se preveía, el gobierno nacional presentó las audiencias públicas referidas a los distintos corredores viales, para explicar lo que hará, pero sin prestar la mínima atención a lo que se suponía, serían las propuestas de los interesados.

Las realizadas en torno a lo que importa para el distrito, referidas a las rutas nacionales 7 y 188, sólo dejaron desazón para quienes creían que se trataba de algo distinto a lo acontecido en los años ’90, cuando con el cuentito del desarrollo, no se controlaron ni se hicieron cumplir los pliegos de concesiones y no se eliminaron, sino que crecieron los impuestos destinados a las carreteras, mientras las empresas de peaje se encargaban de cobrar al usuario de modo ilegal.

Ya el exintendente Abel Miguel no pudo con el avance menemista y tampoco hubo un interés supremo de la comunidad, que terminó aceptando dos cabinas de peaje en el distrito como las ubicadas en Saforcada y Agustín Roca.

Ello ocurrió a sabiendas de que la Constitución Nacional es muy clara al respecto debido a que el artículo 14 de la Carta Magna, lo determina no solo para las carreteras, sino que incluso para las calles del país.

Por eso resulta un contrasentido que este gobierno ponga el sello en combatir las manifestaciones callejeras por “el derecho a transitar” y se haga el desentendido y además aliente los peajes a lo largo y ancho del territorio, lo cuales son una barrera al paso de los ciudadanos, quienes se ven obligados a pagar un impuesto de doble o triple imposición, cuando siquiera hay caminos alternativos válidos para tomar, tal como se imponía incluso en las viejas licitaciones y luego se cambió.

Desde SEMANARIO había adelantado el ingeniero Ricardo Lasca que “las audiencias públicas son realmente una burla, un simple formalismo, una falta de respeto a los usuarios y a los participantes”. El especialista en temas viales había advertido que se trataba de un fisco y que “sólo nos dan cinco minutos para exponer un tema tan importante”.

UN TEMA RECURRENTE

Sin embargo, este tema no es para nada novedoso, sino que se fue naturalizando a lo largo del tiempo y borrado de la agenda de todos los gobiernos.

Sin embargo, hubo un proyecto de ley por el cual se intentó recuperar los derechos avasallados en torno al tránsito, el cual ha estado bajo el paraguas no sólo de los funcionarios de turno, sino también por parte de los legisladores y los jueces, un combo de difícil disolución a favor de los sectores del poder y en desmedro de las mayorías de la población.

Y cuando creíamos que no podía ser peor, una vez más nos damos la cara contra la pared ya que una de las medidas que se pretenden con la nueva privatización es otorgar la facultad a los privados para que dispongan de más cabinas de peaje y que los precios suban de una forma indiscriminada. Todo ello a cambio de poco, un mantenimiento básico de las carreteras, sin obras nueves ni la finalización de las que estaban a punto de culminar, como la variante Chacabuco en la ruta 7, antes de la peligrosa curva de Coliqueo y que finaliza en otro lugar conflictivo para los accidentes como la “curva del sol”.

Quiere decir que los peajes que tendrán un valor de entre 5 y 10 mil pesos para los vehículos podrían multiplicarse hasta por cuatro. Y aún así siguen siendo ilegales.

EJEMPLO CONCRETO

En julio de 2013, el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Marcelo Comi, presentó un proyecto de ley por el cual manifestaba en el artículo 1 que: “el ejercicio del derecho constitucional de libre tránsito que proclama el artículo 14° de la Constitución Nacional rige sin excepción para calles, rutas, autopistas y cualquier clase de vía de comunicación en todo el territorio de la Nación”.

El segundo de los artículos indicaba que “A partir de la promulgación de la presente Ley, no podrá impedirse el tránsito por rutas, autopistas, calles y vías de cualquier índole por el único motivo de falta de pago del peaje en cualquiera de sus tramos”.

Incluso solicitaba el legislador que el concesionario vial que violare estos artículos “será pasible de una multa de hasta 5.000 veces el importe del peaje destinada al Fondo Nacional de Vialidad Nacional o cuenta similar con los mismos fines”.

Pero lo más interesante estaba en los fundamentos de los legisladores de la Coalición Cívica a los que se sumaron aportes y contribuciones del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) a través de su coordinador, el ingeniero Lasca.

Los argumentos indicaban que “Luego del rechazo que inicialmente generó la implementación de este sistema (por el peaje), la ciudadanía se ha ido acostumbrando mansamente a la idea de tener que pagar para poder transitar por los caminos y rutas del país.

Al no verificarse la adecuada realización de las obras de mantenimiento, mejoramiento y construcción de nuevas vías que ampliaran la red vial nacional -tal cual era el promocionado objetivo del instituto- el cobro del peaje se ha ido paulatinamente consumando como el pago que se realiza para poder obtener un derecho de paso, tal cual si fuera un verdadero impuesto al tránsito”.

Consideraba además que “en nuestro país ya se ha tornado costumbre que comience a pagarse el peaje aun cuando los trabajos de la obra pública recién estén iniciados y a pesar inclusive de que no existan caminos alternativos que permitan transitar hacia el destino sin necesidad de pagar ningún derecho”.

De esta forma, se verifica en los hechos que “se encuentra claramente en pugna con el ejercicio del derecho constitucional de transitar libremente que proclama el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, y que rige sin excepción y distinción tanto para calles, como para rutas, autopistas y cualquier otra clase de vía de comunicación”.

Sostenía en el fundamento que “con este sistema de falso peaje inédito en el mundo, para sólo mantenimiento y sobre rutas ya existentes pagadas con los impuestos de todos los argentinos, y sin caminos alternativos libres de pago, resulta imperioso reflexionar sobre el continuo atentado contra los artículos 10, 11 y 14 de la Carta Magna”.

Remarcaba que “Desde la reforma del Estado del período menemista hasta el actual sistema surgido a partir de las nuevas licitaciones otorgadas en 2010, ninguna ruta nacional o camino ha mejorado sustancialmente. Sólo se han mantenido, en el mejor de los casos, en el mismo estado en el que se encontraban con anterioridad al año 1990, mientras los usuarios han tenido que comenzar a pagar tarifas como contraprestación al derecho de paso por la utilización de las mismas vías de comunicación que antes podían ser usadas en forma libre”.

Puntualizaba respecto a las imposiciones que “los usuarios ya contribuyen a la construcción de rutas a través del pago del impuesto sobre el gasoil, (…) con destino específico a la constitución de un fondo para la construcción de rutas y mantenimiento vial”, indicando que “no se advierte por lo tanto el motivo por el cual deban los usuarios contribuir con el pago de un peaje cuando las rutas ya han sido construidas con el pago de sus propios tributos y cuando además los números muestran que el aporte es de muy pobre importancia frente a la recaudación de los impuestos con destino específico a la construcción de rutas”.

Ya por entonces el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) sostenía que “reasignando los fondos del impuesto a los combustibles, es más que suficiente para iniciar y sostener un sistema de mantenimiento y mejoras de toda la red caminera argentina, sin cabinas de cobro de peaje en ruta y sin aduanas interiores”.

Lasca sigue sosteniendo que “el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta es ilegal, antieconómico, injusto, discriminatorio e inconstitucional. Inconstitucional, ya que no existen caminos alternativos libres de pago. Ilegal, ya que no cumplen con lo expresamente establecido en la Ley 17.520 en el sentido de que no existen estudios técnicos que fundamenten el beneficio/costo del usuario vial”.

Antieconómico pues “se colocan cabinas de cobro en rutas de baja densidad de tránsito y lo poco que se recauda, la gran parte se destina al costo fenomenal que tienen las garitas de peaje, motivo por el cual no llega plata para realizar las obras”.

ACCIONES ANTE LA JUSTICIA

Mientras se avanza cercenando los derechos, hay organismos que no se detienen a pesar de la falta de apoyo.

En el mes de mayo de este año, el Juzgado Federal de San Nicolás declaró inconstitucional el cobro de peaje en rutas donde las concesionarias no prestan servicios ni brindan alternativas para los usuarios.

El caso fue impulsado por un abogado oriundo de San Pedro, Javier Silva, quien presentó un recurso de amparo tras negarse a pagar el peaje en la ruta nacional 9. Su argumento fue claro: al no haber servicios disponibles en el tramo y sin una vía alternativa libre, el cobro resulta arbitrario e ilegítimo.

La jueza María Romilda Servini le dio la razón.

El fallo establece que no puede exigirse el pago de un peaje cuando el usuario no recibe contraprestación alguna ni tiene la posibilidad de optar por otra ruta. Según la resolución, se viola el principio de legalidad y se atenta contra los derechos del usuario.

También en febrero pasado, basándose en que el sistema es inconstitucional, constituye una doble imposición y vulnera derechos fundamentales, se presentó un recurso de amparo con medida cautelar ante la Justicia Federal con el objetivo de eliminar las estaciones de peaje en los corredores viales nacionales concesionados.

La acción judicial, impulsada por el ingeniero agrónomo Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), recayó en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Sergio Viri.

Si el juez Viri falla a favor del amparo, el Gobierno y las concesionarias viales podrían verse obligados a revisar los contratos vigentes y replantear el esquema de financiamiento de la red vial. Claro que caben las apelaciones respectivas para llevar el tema al infinito y más allá.

Pero es imprescindible llevar a cabo una tarea mancomunada para no dejar que la vida de las personas en las rutas, sea una simple cuestión de negocio. El tema como siempre es ¿quién le pone el cascabel al gato?