El Gobierno echó a 60 funcionarios y sospecha filtraciones a favor de los fondos buitres

Como resultado de una investigación iniciada hace meses, el Gobierno de Javier Milei ya echó a 60 funcionarios de la estratégica Procuración del Tesoro de la Nación, los abogados del Estado en litigios tan delicados como el que se ventila en Nueva York por la expropiación de YPF.

Según consignó Noticias Argentinas, el caso comenzó cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina. Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de una "reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo".

Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los litigios de este tipo.

Ahora, los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, que pretende que la República entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.

Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago Castro Videla.

Fuentes oficiales admitieron que existe malestar en el presidente Javier Milei por la estrategia que llevó adelante la Procuración del Tesoro en este juicio sin precedentes.

Algo de alivio llegó en las últimas horas cuando el gobierno de Donald Trump decidió intervenir en la disputa judicial y sumarse como “amicus curiae”, un formato que le posibilita a otro país soberano presentarse y dar su opinión sobre la marcha de una causa tan sensible como esta.

En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran probable que haya habido filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina.

Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber beneficiado al polémico fondo buitre Burford -especialista en este tipo de litigios-, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.

En el marco del achique de personal, la Procuración reducirá sus Direcciones Nacionales de seis a cuatro, y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.

Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión Milei.

Ese medio también indicó que el jefe de los abogados del Estado “pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska”.

En su momento, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado.

En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo ocular, como en juicios penales, si no en la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina, según Clarín.

Este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, informó la Procuración. El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.

La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica magistrada.