Obra cero, reclamos miles

Uno de los epicentros del reclamo fue la Ruta Nacional 3, donde los manifestantes insistieron la reactivación de la autovía, un reclamo de varias décadas que había logrado algunos avances entre 2021 y 2023, pero cuyos trabajos quedaron suspendidos con la paralización de la obra pública decretada durante el gobierno de Javier Milei.

“La temática solo aparece livianamente en las campañas políticas. La sociedad reclama a gritos desde hace décadas. Y llamamos a la ciudadanía a hacer visible lo que la política no ve” indicaron en una de las asambleas, referentes de la Unión de Usuarios Viales.

Las protestas simultáneas se dieron en Azul y otras dos localidades de ese Partido: Chillar y Cacharí. También hubo acciones simultáneas en las ciudades de Las Flores y San Miguel del Monte.

Ese reclamo contra el abandono también se manifestó en la RN 3 Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, la RN 226 Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, Urdampilleta, la RN 5 Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa La Pampa, la RN 20 Urdinarrain Entre Ríos RN 33 Torquinst, Bahía Blanca, la RP 65 Urdampilleta, Bolívar, la RP 30 ,RN 205 Norberto de la Riestra, la RP 29 , RP 30 , RP 74 Tandil, Ayacucho y la RP 80, RP 86, RP Necochea.

En las páginas de SEMANARIO hemos dado cuenta en incontables ocasiones el perjuicio que significó el parate total de la obra pública y la infraestructura nacional, ejecutado cruelmente por la administración Milei y que también significó un mazazo a la región, con el parate de la Variante Chacabuco de la Autovía 7, la desaparición de la Travesía Urbana en nuestra ciudad y todo lo planificado en la traza de la ruta nacional 188, por citar solo algunos ejemplos.

Ahora, un estudio del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), publicado a principios de mes, indica que el ajuste de la obra pública es el más grande de toda la gestión Milei, por encima de otros ítems también recortados, como las jubilaciones, la ciencia y la salud.

El recorte acumulado es de $ 19,2 billones (a valores constantes) que en relación con un “ahorro fiscal” total de $ 72 billones representan poco más del 26%. Entre los mayores recortes, al de obra pública le siguen las jubilaciones ($ 15,2 billones), los programas sociales ($ 10,9 billones), los subsidios a la energía ($ 9,3 billones). La inversión real de capital en obra pública fue de poco más del 77% de 2023 a 2024.

¿A dónde fue esa plata? Sergio Arelovich, director del MATE, explica que se trata de un trasvasamiento para alimentar los fondos destinados al pago de la deuda pública. En diálogo con Tiempo, asegura que “el recorte de la obra pública en el Estado nacional forma parte de la red argumental construida para atender las obligaciones financieras. Esto es toma de deuda, remuneración de títulos públicos con tasas sensiblemente superiores a la inflación y alimentación de las tensiones cambiarias vía carry trade. Recortadas las jubilaciones y pensiones, los salarios públicos, los puestos de trabajo en el estado nacional, el congelamiento de la financiación universitaria, las transferencias corrientes y de capital a las 24 jurisdicciones, se generó el buscado superávit fiscal, aunque de modo temporal y engañoso”.

El derrumbe de la economía termina volviendo inviables a las alternativas a la obra pública, cuyo ajuste debería haber impulsado la economía

PROVINCIAS EN OBRA

Un reciente relevamiento de la Red Federal de Periodismo e Innovación en base a datos oficiales determinó que, de las 2700 obras públicas iniciadas y no finalizadas por el gobierno de Alberto Fernández, el 54% (más de 1400) no tuvo ningún tipo de avance por la gestión de Milei. Se encuentran paralizadas por completo. En este mandato sólo se finalizaron 330. Apenas 78 avanzan según los parámetros calificados. Por su parte, el gobierno libertario inició 18 proyectos nuevos de obra pública.

Agrega que, de las obras inconclusas de forma irregular, la provincia de Buenos Aires acumula 841; Córdoba, 203; Santa Fe, 153; y Entre Ríos, 150.

Arelovich plantea que, al dejar de financiar la obra pública, la Nación deriva el problema sobre las provincias, que para ejecutarlas incurren en endeudamiento y ajustes. “La obra pública se asienta en las 24 jurisdicciones (23 provincias y CABA).

El freno de las transferencias de capital del Estado nacional a ellas ha frenado parcialmente la obra pública porque buena parte de las urgencias fueron atendidas por las 24 administraciones provinciales. La consecuencia de este proceso se ve en la ejecución presupuestaria de ellas. Algunas accedieron al crédito público emitiendo letras y bonos, otras –por imposibilidad de acceso o por decisión conservadora- replicaron en sus territorios el brutal ajuste del gobierno nacional.

El resultado es visible: la fuente de financiamiento fue el recorte de las partidas salariales, previsionales y transferencias corrientes a los municipios y comunas. Así, las provincias cargaron sobre las espaldas de sus trabajadores activos y jubilados la financiación de la escasa obra pública”, dice.

De las obras inconclusas de forma irregular del gobierno de Milei, la provincia de Buenos Aires acumula 841; Córdoba, 203; Santa Fe, 153; y Entre Ríos, 150.

MODELO CHILENO

“Lo que se llama obra pública es una trampa. Es una obra de infraestructura. La gente tiene la sensación de que tiene que hacerlo el Estado. Pero vos podés elegir cómo financiarla. Puede hacerlo el sector privado si es que tiene sentido hacerla. Por ejemplo, imaginemos una sociedad separada de otra por un río. Necesitan un puente. Pueden ponerse de acuerdo y hacer una vaquita para beneficiarse con el comercio de esa iniciativa”. Hace unos meses, el presidente Milei ponía sobre la mesa esta definición.

Desde la campaña electoral de 2023 siempre sobrevoló sobre Milei y sus adláteres la idea de replicar el “modelo chileno”, que implicaría que la infraestructura y sus obras pudieran llevarse a cabo por medio de programas de “participación público-privada”.

Sin embargo, hasta el momento, ni Milei ni sus referentes en el área, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine, han mostrado interés en este esquema.

De las 2700 obras públicas iniciadas y no finalizadas por el gobierno de Alberto Fernández, el 54% (más de 1400) no tuvo ningún tipo de avance por la gestión de Milei

La vida cotidiana

¿En qué afecta esto en la vida cotidiana de la gente? Arelovich indica que “el efecto es múltiple y no sólo relacionado con el tema de la obra pública. Quizá el caso de catástrofe hídrica en Bahía Blanca no necesita demostración. Otro fue la rotura de un puente en la zona de San Pedro. Algunas de las estadísticas oficiales de tránsito muestran niveles altos de siniestros en carreteras nacionales por su estado de abandono y también la precariedad del mantenimiento”.

En julio, la Asociación Argentina de Carreteras aseguró que el cierre de Vialidad Nacional “podría afectar la gestión, planificación y conservación” de las rutas troncales.

En la misma línea, según datos del Ministerio de Economía, la inversión del gobierno nacional en agua y cloacas fue, para julio de 2025, un 20% de lo que era en octubre de 2023. La agrupación Defendamos la Ciencia Argentina difundió un gráfico en el que queda claro que el gobierno invierte $ 48 mil millones en agua y alcantarillado, mientras que hace cinco años esa inversión era 40 veces mayor. Con Milei la gente está realmente cerca de “cagar en un tacho”.

RUTAS NACIONALES PRIVADAS

La eliminación casi total de la obra pública derivó en una crisis del mantenimiento de las rutas troncales nacionales. El gobierno pretende darle una salida a ese estado de cosas por medio de un nuevo proceso de privatizaciones, algo que se viene retrasando por los problemas para financiarse que encuentran las constructoras que podrían participar del plan.

Las tasas muy elevadas y el riesgo país en crecimiento atentan contra cualquier esquema de fondeo. El derrumbe de la economía de Milei termina volviendo inviables a las alternativas a la obra pública, cuyo ajuste debería haber impulsado la economía.

Con todo, Economía anunció el viernes pasado que el 8 de octubre se abrirán los sobres para la privatización de 741 kilómetros de la «Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones». Oficialmente conocidos como los Tramos Oriental y Conexión, se trata, básicamente, de la ruta nacional 14 desde el cruce con la ruta 9, cerca de Campana, hasta Paso de los Libres y el acceso al puente internacional que la comunica con Uruguayana.

Si ese paso avanza sin complicaciones, es de esperar que el tramo 2, que comprende a la ruta 7 que pasa por Junín siga ese camino, aunque tampoco habrá siquiera mínimas inversiones, eso sí, duplicarán las cabinas de peaje. Es decir que la única certeza al momento es que obras no habrá, pero por lo mismo habrá que pagar mucho más.