LOCALES | 10 OCT 2025
NOTA DE TAPA
Nadie controla: Abuelos de la nada
Los muertos y heridos tras el incendio de un geriátrico de Junín que nadie controló muestran una vez más la cadena de irresponsabilidades por parte del Estado en todos sus territorios. El desprecio por la vida humana por parte de funcionarios a los que sólo les interesa expiar culpas, da cuenta de la política inoperante que gobierna.
NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 482 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE DE 2025
El hecho, que fue simplemente caratulado como “un accidente” por parte de Adriana Summa, encargada del área de atención de adultos mayores del municipio, no hace más que sumar desprecio e ineptitud por parte de una funcionaria que arrastra antecedentes negativos.
Sólo vale recordar que se trata de la misma trabajadora municipal que mantuvo similar actitud de indiferencia cuando, en 2022, debió desalojarse otro centro clandestino ubicado en Malvinas Argentinas 220 que, tras el sospechoso fallecimiento de una mujer y al haber llamado a la policía, motivó un posterior allanamiento al edificio y la justicia halló a 12 ancianos escondidos en un quincho en condiciones indignas de vida.
La investigación judicial llevó a que, en 2024, se conociera la sentencia al respecto por la cual el Tribunal Oral Criminal de Junín condenó a seis años de prisión por abandono de persona seguido de muerte a Silvia Castaño, propietaria del lugar, y a tres años a Héctor Cruz, quien era su pareja, quien fue condenado por abandono de persona simple. Sin embargo, no hubo ni siquiera llamados de atención para los organismos provincial y municipal que son los que deben velar por las condiciones de los adultos mayores y el cumplimiento de la reglamentación vigente en este tipo de ámbitos.
Hoy como ayer, Summa se desligó rápidamente de sus responsabilidades y la de su superior, la directora de Desarrollo Humano, Melina Fiel, quien ni siquiera comentó el trágico episodio que enlutó a todo Junín y cuya crónica trascendió rápidamente a los medios nacionales.
Como es obvio, no hubo reclamos por parte de la oposición ya que por el lado de Unión por la Patria hay responsabilidades del gobierno provincial respecto a las habilitaciones y sanciones. En tanto por parte de los representantes libertarios poco podía esperarse ya que semana tras semana muestran su desinterés por la ancianidad apaleando jubilados que reclaman por una mejor calidad de vida.
Por ese motivo, todos cargan con un grado de responsabilidad importante en la ocurrencia de estas muertes y hasta la propia justicia termina desmintiendo a Summa en su aseveración de que fue un simple “accidente”, caratulando el hecho con la gravedad que los amerita.
En 2019 hubo un pedido de informes del Concejo Deliberante al Ejecutivo para que dijera si exigía tal registro de geriátricos, pero la requisitoria nunca fue contestada
MENTIR PARA ZAFAR
La irresponsable de los adultos mayores del municipio, tras el siniestro que terminó con la vida de cuatro abuelos y causó lesiones de distinta consideración a más de 20, sólo atinó a realizar un paseo frenético por los medios de prensa amigos de Petrecca para deslindar la responsabilidad del municipio y la suya propia en el luctuoso episodio.
Miente Summa cuando habla de “accidente” ya que el fiscal que entiende en la causa, Martín Laius, evalúa que la hipótesis podría encuadrarse como “homicidio culposo múltiple (4 víctimas fatales) en concurso real con lesiones culposas”.
En tal sentido quedan muchas aristas por conectar y una de ellas -que también es materia de investigación- pone la lupa sobre la responsabilidad de los funcionarios. “También se está analizando la parte reglamentaria y de fiscalización para ver si se imputa alguna conducta a los responsables del control”, respondió el fiscal a la requisitoria de SEMANARIO.
Resulta llamativo que Summa haya salido a plantear rápidamente la hipótesis de “accidente” y que en alguna parte de su discurso ante los medios de prensa haya asegurado textualmente: “Me he comunicado con los familiares y ninguno manifestó una crítica hacia el lugar”.
¿Acaso sabe Summa que estos establecimientos deben tener un médico a cargo, algo que no existe en los clandestinos y por eso cuando muere algún interno llaman a la policía para que un profesional de la repartición les extienda el certificado de autopsia?
Si surge de las probanzas recolectadas, que la muerte de los abuelos se produjo debido a las graves quemaduras que sufrieran y que además no existieran habilitaciones otorgadas o no se ajustaran a la normativa vigente en materia de higiene y seguridad. Sumado a que el incendio se pudo haber evitado, pero una vez ocurrido, si se hubieran tenido los medios de protección necesarios como por ejemplo extintores y otros no se habría generado semejante tragedia. ¿Acaso la responsabilidad sólo se basa en que no hubo críticas de los familiares de las víctimas?
¿Acaso existe alguna relación entre el municipio o sus funcionarios con la propietaria del lugar?
El interrogante surge respecto a qué puede pasar si teniendo en cuenta los manuales de procedimiento judicial se amplía la investigación hasta determinar el grado de responsabilidad de todas las personas que deberían haber adoptado las providencias necesarias para prevenir o evitar la utilización de lugares inapropiados para la seguridad de los ancianos, incluyendo la de los funcionarios públicos encargados de realizar las inspecciones de rigor y conceder las pertinentes habilitaciones y la de los inspectores que puedan hallarse involucrados.
Miente Summa, otra vez, cuando se desliga del control municipal al indicar que es exclusivo de la provincia de Buenos Aires, el cual a través del ministerio de Salud bonaerense habilita y cierra dichos establecimientos cuando cada una de las leyes y decretos respectivos, que se han conocido en los últimos 15 años, dejan claramente establecida la responsabilidad municipal en el control y registro de los geriátricos, lo cual es una medida complementaria a la habilitación provincial y algo que no ha sido cumplido por parte de la municipalidad de Junín.
En 2019 hubo un pedido de informes del Concejo Deliberante al Ejecutivo municipal para que dijera si exigía tal registro, pero la requisitoria nunca fue contestada.
La Ley 14.263 referida al funcionamiento de los geriátricos en la provincia de Buenos Aires, en su artículo 4° deja claramente expresado que “no podrán prestar servicios sin la previa habilitación e inscripción en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Geriátricos de la Provincia de Buenos Aires”.
Cuatro adultos mayores murieron y cinco continúan hospitalizados tras el incendio en el geriátrico Nuevo Amanecer, ocurrido el viernes antes de las 7 de la mañana
Pero en el art. 11 se indica que “cada municipio dispondrá de un Área de Establecimientos Geriátricos que tendrá por objeto nuclear todas las actividades administrativas y de fiscalización referidas a los Establecimientos Geriátricos que se encuentren emplazados en sus respectivas jurisdicciones. Dicha área recepcionará las solicitudes de habilitación e inscripción en el "Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Geriátricos de la Provincia de Buenos Aires”, dependiente del Sistema Sanitario Provincial (SISAPRO).
Summa no hace afirmaciones acerca de la existencia de ningún registro de residencias o geriátricos para ancianos en Junín
En tanto, el artículo 13 de la norma señala que “las inspecciones a los Establecimientos Geriátricos serán realizadas por la Dirección de Fiscalización Sanitaria”.
Aunque añade que “sin perjuicio de ello, cada municipio podrá realizar, en forma individual o juntamente con el personal de la Dirección citada, inspecciones en los establecimientos geriátricos ubicados en el ámbito de su jurisdicción”.
Agrega que “a tales efectos, los municipios deberán designar como mínimo a dos (2) agentes que acrediten haber aprobado el ‘Curso de Capacitación de Auxiliares de Inspección para Referentes Municipales’, dictado por la Subsecretaría de Control Sanitario.
Incluso “el municipio podrá proponer al Ministerio la sanción de clausura. En todos los casos dicha propuesta será analizada por el Ministerio quien, de considerarlo procedente, dictará el pertinente acto administrativo”. Entonces, si bien la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires en la habilitación de geriátricos es prioritaria y por cierto deficitaria en su implementación, no menos importante resultaría la participación municipal en estos casos.
Pero ocurre que con la anuencia de funcionarios que no funcionan, en los distintos ámbitos del estado, hemos terminado naturalizando la indigna vida de adultos mayores que terminan siendo arrojados a un depósito con el objetivo de que terminen su vida cuanto antes.
Summa, en su falso alegato a la prensa, indica haber llevado a cabo denuncias, pero no muestra el listado de las mismas ni el resultado, motivo por el cual ingresa en una nueva mendacidad de las muchas que viene implementando desde el inicio de su gestión que sólo junta fotos de colorido cotillón para su álbum, mientras los padecimientos los sufren los postergados de siempre: los adultos mayores olvidados en la soledad de sus hogares.
Lo que menos necesita una comunidad es este tipo de funcionarios que ante cada tragedia buscan excusas y relativizan los daños, cuando se sabe que cada muerte duele -y cuánto- en el seno de cada familia y el resto de sus allegados.
El “Estatuto de las Personas Mayores” acordado en Brasil en 2003 y que acoge a los individuos a partir de los 60 años expresa: “El envejecimiento es un derecho personalísimo y su protección es un derecho social. Es obligación del Estado garantizar a la personas mayores la protección de su vida y salud, mediante la aplicación de políticas sociales que permitan un envejecimiento saludable y en condiciones de dignidad”. Es decir, la ley contempla un “derecho al respeto” que supone la inviolabilidad de su integridad física, psíquica, imagen, identidad, autonomía, ideas, creencias, posesiones; reafirma los derechos fundamentales de la persona; prevé una “garantía de prioridad”, que comprende atención preferencial pública y privada, asignación privilegiada de recursos públicos, prioridad a la atención familiar y acceso a servicios de salud.
En nuestra ciudad, a pesar de los antecedentes existentes en materia de “geriátricos truchos”, mueren cuatro personas en el incendio desatado en un establecimiento similar, más de 20 reciben lesiones de distinta gravedad y nadie se hace cargo de la falta de controles de una situación que parece irregular y terminan haciendo de cuenta como si hubiera llovido, naturalizando la escena.
El fiscal que investiga las muertes en el geriátrico de Junín dijo que “se habían advertido las falencias y no se clausuró” Lo que menos necesita una comunidad es este tipo de funcionarios que ante cada tragedia buscan excusas y relativizan los daños
SE TRATA DE HUMANIDAD
Según lo plantea la especialista en Derecho de Familia, Silvia Fernández, en su trabajo titulado “Ancianidad, autonomía y vulnerabilidad”, a la hora de enmarcar las características de esta etapa de la vida, dice que suele recurrirse a diversos términos para definir a este grupo de personas: se habla de “adultos mayores”, “ancianidad”, “tercera y cuarta edad”, “viejos”.
En el ámbito internacional, la ONU emplea el término envejecimiento o personas de edad avanzada. La OMS define al envejecimiento como el proceso de cambio progresivo de la estructura biológica, psicológica y social de las personas que disminuye, a su vez, su capacidad funcional.
“Sin embargo en nuestra sociedad moderna, lejos de apreciarse como un proceso natural inherente al desarrollo humano, la vejez es valorada negativamente frente a los parámetros de salud y productividad; aparece como un segmento ‘caduco’, una condición descalificante y estigmatizante”, según Fernández.
Por lo demás este punto de vista, reduce el envejecimiento a “un problema biomédico”, lo que conduce a que se lo califique como un fenómeno patológico, que equipara edad avanzada con enfermedad.
Por el contrario, corresponde aclarar que la condición de ancianidad —y la pertenencia a este universo— no se mide exclusivamente desde el factor edad, sino por la confluencia de una multiplicidad de variables presentes en esta franja etárea, ya sea sociales, culturales, intelectuales, género, discapacidad, pobreza.
Puede afirmarse que una nota central que atraviesa transversalmente a este colectivo es la fragilidad. “La fragilidad habla de esas formas sutiles de no reconocimiento de la dimensión mínima de la vida, que está fuera de la igualdad (…) indica ausencia de reconocimiento, desatenciones, miradas distraídas y a veces cínicas que sobrevuelan, no se detienen sobre estas vidas que no tienen la capacidad ni siquiera de luchar por los propios derechos; lo traducimos en ‘desprecio’, un vocablo que es exactamente lo contrario de ‘precioso’, vidas que no tiene precio, sin dimensiones de ‘valor’. Es la condición que se descubre cuando nos damos cuenta que ser hombres no es siempre una condición necesaria y suficiente para ser objeto y sujeto de humanidad”, concluye la experta.
RESEÑA DEL HECHO
El trágico incendio se registró en un geriátrico de Junín y provocó la muerte de cuatro residentes y causándole heridas de gravedad a otras cuatro personas. Ocurrió el viernes 26 de septiembre, entre las 6.30 y 7 de la mañana, en el establecimiento llamado “Nuevo Amanecer”, ubicado en la calle Nahuel Payún al 300, cerca de la ruta nacional 188.
Las víctimas fueron identificadas como Darío Crespo (91), Luis Oscar Barri (87) y Edgar Oviedo (82), quienes murieron ese mismo día. Este domingo, en tanto, se confirmó el deceso de Osvaldo Pugliese (80), quien había sido trasladado a un avión sanitario hacia un hospital de Esteban Echeverría.
Las estimaciones indican que el incendio pudo haber comenzado a raíz de una falla en un termotanque, lo que habría derivado en una rápida propagación de las llamas.
En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Bomberos local, en conjunto con Defensa Civil y Policía. A raíz de las llamas, más de 20 personas tuvieron que ser evacuadas del lugar.
