Los números no cierran y los caminos rurales van de mal en peor

La red vial de la provincia de Buenos Aires cuenta con 120 mil kilómetros, de los cuáles 105 mil no están pavimentados. Esa traza que no tiene asfalto es determinante para la salida de la cosecha, el ganado, la leche, y, también, el ingreso a los pueblos o las escuelas rurales. Por ley, desde 2003 la responsabilidad de su mantenimiento es de los municipios, pero apenas recaudan montos que permiten mantener unos cientos de kilómetros sobre los miles que cruzan sus jurisdicciones.

Ahí entra en juego el acompañamiento del gobierno provincial. Mientras María Eugenia Vidal prometió intervenir sobre 12 mil kilómetros de caminos rurales y no cambió la realidad de un solo metro, la gestión de Javier Rodríguez, ministro de Axel Kicillof, lanzó un plan que ya mejoró 5 mil kilómetros. En lo que respecta a Nación, fueron pocos los momentos donde se asignaron recursos en esta materia. Hoy en día es nulo. 

Las lluvias, los anegamientos  y el deficitario mantenimiento hacen intransitables algunos caminos.

En Junín, tras diez años de quejas, la propuesta del intendente Petrecca fue tercerizar el servicio. Su iniciativa contó con el visto bueno del Concejo Deliberante y la única oferta presentada para quedarse con las tareas empezó sus labores. La firma EVA S.A. que ya tiene a su cargo el relleno sanitario municipal, (que sigue lejos de tener una solución) es una compañía ambiental que no se especializa específicamente en este tipo de temas viales por lo que arrancó con varios desafíos importantes.

Respecto de los ingresos, en Junín ya se paga la tasa de red vial más cara de toda la provincia de Buenos Aires. Si bien nuestro distrito formaba parte del top 10, según lo había planteado Carbap en uno de sus últimos informes comparativos, tras los últimos aumentos, se ubicó en el número uno de esa lista: La tasa de red vial aumentó de enero a agosto de este 2025 un 21%, llegando a costar hoy más de 18.200 pesos por hectárea, más del doble que lo que paga un productor de General Villegas, que abona poco más de 8.300 pesos por hectárea al año. Hay otro número que contrasta en esta comparación, mientras en General Villegas, municipio que suele estar al tope de los que más hectáreas de soja siembra en la provincia, el Municipio cuenta con catorce motoniveladoras para 600 mil hectáreas, diez pueblos y más de 3.600 kilómetros de caminos rurales, Junín tercerizó el servicio con ocho motoniveladoras, tractores y retroexcavadoras, para mantener los 1380 kilómetros de caminos de los 14 cuarteles en los que se divide el Distrito.

La PBA aporta el 40% del PBI y recibe menos del 20; los municipios no pueden disponer directamente del inmobiliario rural, por menor que sea

NÚMEROS QUE NO MIENTEN

El último índice de impuestos al agro de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, o FADA, muestra que 6 de cada 10 pesos que produce el campo se van en impuestos. Pero, de ese total, más del 62 por ciento termina en la caja no coparticipable del gobierno nacional. ¿Y en la de los municipios? Sólo el 0,8.

Según un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA que solicitó el Ministerio de Desarrollo Agrario, en promedio, el mantenimiento básico de un camino rural ronda los 2 mil dólares.

En algunas ocasiones, la necesidad de trasladar piedra u otros materiales acrecienta el valor que, en el texto elaborado por la facultad, asegura que puede ascender a 32 mil dólares. A veces, ante emergencias, los municipios también salen a alquilar máquinas que, hoy en día, pueden cobrar 140 mil pesos por hora de trabajo.

Por su parte, un trabajo de Carbap advierte que a lo largo 2025, las 103 intendencias que cuentan con la mayoría de los 105 mil kilómetros de caminos rurales de la provincia, recaudarán 165 mil millones de pesos.

Entonces, a un valor de dólar actual en torno a los 1.450 pesos, la plata con la que disponen los municipios alcanza para hacer una única pasada por cerca de 57 mil kilómetros. Como agravante, la duración de estas tareas, dependiendo del cuidado que le den los productores, la cantidad y peso de camiones, el tipo de suelo y, ante todo, las condiciones climáticas, puede durar sólo cuatro meses.

Mientras Junín tercerizó el mantenimiento de sus 1380 kilómetros de caminos y la empresa trabaja con 8 máquinas, en Villegas, el Municipio atiende sus 3.600 kilómetros con 14 motoniveladoras

En General Villegas el mantenimiento es realizado por la comuna.

¿QUÉ HACEN LOS MUNICIPIOS?

Un par de meses atrás, Ignacio Kovarski, productor tambero de Trenque Lauquen y presidente de Carbap, dijo que “los aportes del campo deben volver en obras”. Apuntó, directamente, contra la tasa vial rural que cobran los municipios y el inmobiliario rural provincial. No mencionó la recaudación del gobierno nacional que, entre otras obras estratégicas, dejó paralizada la Cuenca del Río Salado y potenció la tragedia que aún mantiene inundados a municipios como 9 de Julio o Carlos Casares.

Desde Carlos Casares, el secretario de Finanzas e Ingresos Públicos de la Municipalidad, Christian Massone, contó que la recaudación anual por tasa vial rural oscila los 2 mil millones de pesos. Volviendo al dato del informe de la Facultad de Agronomía, si Daniel Stadnik, intendente de Casares, destina todos esos fondos al mantenimiento de los 1.200 kilómetros de caminos rurales de su partido, alcanzaría para menos de 700 a un valor de 2 mil dólares por kilómetro.

En este municipio, cada productor paga al año un promedio de 13 mil pesos por hectárea en concepto de la tasa vial. Así, un campo que entra en la categoría superior a lo mediano y tiene 500 hectáreas, aporta 6,5 millones de pesos anuales. Es decir, menos de 4.500 dólares. O bien, la posibilidad de mantener poco más de 2 kilómetros de camino.

MANTENIMIENTO, ¿QUÉ MANTENIMIENTO?

En todo momento se habla de mantenimiento. Eso implica mínimos rellenos con tierra o algo de piedra, el paso de una motoniveladora y el destapado de alcantarillas. Pero los caminos rurales tienen problemas más complejos. El paso del tiempo, la erosión del viento, el crecimiento exponencial en la producción del agro y la ausencia del ferrocarril que multiplicó el uso de camiones, “hundió” los caminos. Poder reconstruirlos, elevar su nivel y estabilizarlos, puede llevar una inversión que va desde los 52 mil a los 93 mil dólares por kilómetro, tal como detalla el trabajo del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Este tipo de obras terminan en manos de la Provincia. En Azul, donde el intendente Nelson Sombra creó un ente descentralizado para atender con mayor celeridad las contrataciones y compras necesarias para el mantenimiento de la red vial, el MDA giró 40 millones para atender la situación del alcantarillado.

El deficiente mantenimiento de los caminos rurales, una postal común.

Azul, donde hubo manifestaciones y quemas de animales frente a la Municipalidad por los aumentos en las tasas, el monto a pagar está segmentado en zonas. Según la ubicación, valuación y tamaño de los campos, hay sectores donde los productores pagan al año entre 3.800 y 8.300 pesos por hectárea. Los de mayor poder adquisitivo abonan entre 15.300 y 32.200 por hectárea.

En este distrito, mientras la tasa de cobrabilidad supera por poco el 70 por ciento no recibieron un sólo peso de Milei a pesar del trágico momento que atraviesan los productores. Por su parte Villegas, muestra que pisa el 80 por ciento de cobrabilidad. El promedio no da un mal índice, pero es real que 1 de cada 4 productores no paga.

Hoy en día, con constantes números de cosecha récord, la cantidad de camiones es cada vez mayor. En el caso de los tambos, la salida de camiones es casi diaria, mientras que el traslado de granos sólo es intenso poco más de tres meses al año. De todas maneras, no dejan de ser los mismos caminos para salir del campo, ir hacer las compras o ir a la escuela. ¿El resultado? Caminos más maltratados y con necesidad de mantenimiento constante. 

Por ello, algunos intendentes piensan que se debe repensar el modelo distributivo de recursos. Por un lado, porque la provincia de Buenos Aires aporta el 40 por ciento del PBI y recibe menos del 20 y por otro, porque los municipios no pueden disponer directamente del inmobiliario rural, por menor que sea.

Como todo, es cuestión de plata. Y si no hay un reordenamiento en la asignación de fondos, la posibilidad de tener los caminos rurales en óptimas condiciones roza lo utópico.