Con los gremios golpeados, el gobierno apura la reforma laboral

El golpe dado por el oficialismo en las elecciones del pasado domingo a los representantes de los trabajadores en las distintas gremiales, todavía no pudo ser absorbido por los dirigentes gremiales del país.

La consulta realizada por SEMANARIO entre algunos secretarios locales fue respondida con una destacada amabilidad en el sentido de no brindar declaraciones hasta tanto, los líderes de la seccionales a nivel nacional, se reúnan y preparen un mensaje en común o no tanto.

Todos ellos coinciden en la amplia preocupación, primero, en la falta de empleo, lo cual en medio de estas circunstancias es insalvable.

Plantea en voz baja, lo que todos comentan, el resultado los tomó por sorpresa, reconocen que se durmieron luego de la victoria del 7 de septiembre y que la gente se asustó por la presión que les metió el oficialismo, respecto a que todo terminaba de la peor manera si perdía.

“Ya estamos perdiendo” dijo un dirigente al cual la falta de obra pública lo puso en un brete enorme. Pero de la misma manera se quejan los de los sectores del comercio, la industria y los servicios.

En esa sucesión de malas nuevas, saben que la negociación se tornará más difícil tras el resultado electoral y que el gobierno libertario irá “a lavar las cabezas de los trabajadores, que vale reconocerlo, en buena medida también votaron a La Libertad Avanza, creyendo que solucionará sus males, cuando jamás un gobierno liberal mejoró la vida de una trabajador.

¿DE QUE SE TRATA? Para entender el debate que viene, vale la pena refrescar los conceptos reformistas que se manifiestan en propuesta de Milei, incluida en la Ley Ómnibus (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que representa un cambio profundo en la legislación laboral de Argentina, como en verdad, no se hizo en más de medio siglo.

El gobierno argumenta que la reforma busca reducir la litigiosidad laboral y los costos de despido, modernizar el marco legal para adaptarlo a nuevas formas de trabajo —como las plataformas digitales—, combatir la informalidad laboral y fomentar el empleo registrado, además de simplificar y flexibilizar las normas que rigen las relaciones entre empleadores y trabajadores.

Sin embargo, la flexibilización de algunas leyes impuestas por el actual gobierno puede generar insatisfacción en ambos lados, tanto entre sus partidarios como entre sus opositores.

La reforma laboral es un conjunto de cambios en las leyes que regulan las relaciones de trabajo. El objetivo declarado del gobierno de Javier Milei es flexibilizar la legislación vigente, considerada por muchos como excesivamente rígida y por otros excesivamente necesaria.

El debate, como casi todo en nuestro país desde hace tiempo, está marcado por la polarización de ideas, reflejando visiones opuestas dentro de la sociedad. Los defensores de la propuesta sostienen que la actual rigidez de las leyes laborales perjudica la competitividad internacional y dificulta la generación de empleo. Para ellos, la flexibilización puede estimular la contratación, ampliar la formalización del trabajo y aumentar la eficiencia de las empresas, contribuyendo así al crecimiento económico del país.

Por otro lado, los críticos advierten sobre el riesgo de precarización de las condiciones laborales, resultado de años de lucha por los derechos de los trabajadores. Afirman que la flexibilización puede generar empleos con menor estabilidad, protección social y poder de negociación, concentrando el control en manos del empleador tanto en las relaciones individuales como colectivas.

Una posición intermedia defiende que las reformas laborales deben buscar modernizar el mercado de trabajo, pero sin comprometer las garantías fundamentales del trabajador, equilibrando la flexibilidad económica con la protección social.

En realidad, el principal propósito declarado de una reforma laboral es modernizar la legislación, haciendo que el mercado de trabajo sea más dinámico y competitivo.

Sin embargo, su impacto puede variar: en algunos casos, las modificaciones buscan proteger y ampliar derechos; en otros, reducir costos y flexibilizar las relaciones laborales para incentivar la generación de empleo. Por eso, toda reforma laboral tiende a generar debates intensos, ya que afecta directamente tanto al trabajador como al empleador e influye en la distribución del ingreso y las condiciones laborales de la sociedad.

SINDICALISMO EN ARGENTINA

Argentina posee una tradición de fuertes derechos laborales heredada del peronismo de las décadas de 1940 y 1950, con sindicatos poderosos (como la CGT) que actúan como actores políticos centrales. Al mismo tiempo, el país enfrenta alta inflación, recesiones recurrentes y un enorme sector informal, que alcanza casi el 50% de la fuerza laboral.

Para los defensores de la reforma, la rigidez del modelo tradicional encarece la producción, limita las contrataciones y ahuyenta inversiones, por lo que se requieren cambios profundos.

Para los críticos, se trata de un intento de desmantelar derechos históricos en nombre de una visión libertaria que privilegia el mercado y debilita la protección social.

Los opositores sostienen que la rigidez no es la causa del problema, sino una protección necesaria contra la explotación y la precarización del trabajo, especialmente ante fallas en la fiscalización laboral.

Más horas de trabajo, menos vacaciones, negociaciones a la baja y tickets de comida: la reforma laboral que entusiasma a Milei

PRINCIPALES CAMBIOS

Ampliación del período de prueba de 3 a 6 meses, durante el cual el empleador puede justificar el despido o pagar una indemnización menor. Puede extenderse a 8 meses por convenio colectivo o a 12 meses en microempresas (de hasta 5 trabajadores).

Reducción del monto de la indemnización por despido injustificado, pasando a equivaler a un salario mínimo por año trabajado.

Creación opcional de un sistema de indemnización por despido mediante fondos administrados por terceros o seguros.

Según el lado desde el que se vea, los altos costos laborales reducen la capacidad de las empresas argentinas para competir en el mercado internacional.

Por ese motivo, una legislación más liviana permitiría mayor eficiencia y atracción de inversiones extranjeras.

Quienes defienden esta reforma creen que puede generar más empleo formal, atraer nuevas inversiones y facilitar la adaptación a monedas extranjeras, reduciendo la burocracia y promoviendo la diversificación económica.

También destacan la modernización del trabajo, especialmente en sectores más demandantes físicamente, que requieren atención específica. Por otro lado, sindicatos y sectores progresistas argumentan que la reducción de derechos amenaza conquistas históricas y puede conducir a la precarización laboral, aumentando la desigualdad y la inseguridad económica de los trabajadores.

La reforma recupera varios de los artículos consagrados en el decreto 70/23 cuyo capítulo laboral permanece inoperativo por un amparo dispuesto por la Cámara del Trabajo

COMPARACIONES

Las leyes laborales de Argentina y Brasil presentan similitudes en su origen, pero evolucionaron de manera diferente con el tiempo, principalmente por las reformas recientes en cada país. Ambas legislaciones fueron creadas para proteger al trabajador, garantizando derechos como vacaciones, jornada limitada, licencias e indemnizaciones por despido. No obstante, difieren en su aplicación y nivel de protección.

En Brasil, la principal legislación es la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), creada en 1943. Durante décadas, tuvo un carácter fuertemente protector, pero esto cambió en 2017 con la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Michel Temer.

Dicha reforma flexibilizó la legislación y buscó reducir costos y burocracia. Una de las principales innovaciones fue dar prioridad a los acuerdos colectivos sobre lo establecido por ley en varios puntos. Además, la contribución sindical dejó de ser obligatoria, se introdujeron nuevas modalidades de contrato —como el trabajo intermitente— y se regularon formas de trabajo a distancia.

Así, puede decirse que Argentina mantiene un modelo más protector y sindicalizado, con mayor intervención estatal y protagonismo de los sindicatos, mientras que Brasil adopta un sistema más liberal y flexible, que otorga más libertad de negociación pero menos garantías en algunos aspectos.

Ambos enfrentan desafíos similares, como la alta informalidad y la necesidad de equilibrar derechos laborales con el crecimiento económico y la competitividad.

Por su parte si comparamos con el modelo que rige en España, veremos que el sistema laboral está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, creado en 1980 y reformado varias veces. Este establece una jornada laboral máxima de 40 horas semanales, 30 días de vacaciones y una fuerte regulación sobre contratos y despidos.

Sin embargo, el país ha atravesado reformas significativas —especialmente en 2012 y 2021— que buscaron flexibilizar el mercado laboral.

La reforma de 2012 redujo las indemnizaciones por despido y facilitó la contratación temporal, con el objetivo de reducir el desempleo. En cambio, la reforma de 2021, aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, intentó equilibrar la flexibilidad con una mayor protección al trabajador, limitando el uso de contratos temporales e incentivando las contrataciones permanentes.