Colegios privados: El 70% de los establecimientos de provincia continuará con los topes arancelarios

El Gobierno nacional dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, al derogar un decreto que regulaba desde 1993 el vínculo entre el Estado y los institutos de enseñanza de gestión privada en todo el país. Y esa decisión, podría impactar en el ciclo 2026.

Ante la repercusión de esta decisión, la Dirección General de Cultura y Educación (Dgcye) de la provincia aclaró que las instituciones educativas privadas con aporte estatal, que constituyen más del 70% en la provincia de Buenos Aires, continuarán con sus topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización justamente de la Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente.

En el caso de los colegios de nuestra ciudad, que cuentan con algún tipo de subsidio estatal, la norma no impactará y todo seguirá como hasta el momento.

En el caso de las instituciones sin aporte estatal, el nuevo decreto, aclaran desde el gobierno bonaerense, los exime de la regulación anterior, que consistía en la obligación de informar a autoridades y familias, hacia el mes de octubre sobre matrícula, monto de aranceles y cantidad de cuotas, que regirían el año siguiente.

Cambios en los colegios privados

A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, que tenía como objetivo establecer una serie de pautas para las escuelas privadas. La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.

Según los fundamentos oficiales, la norma derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. El texto argumenta que el régimen vigente respondía a una época en la que la educación estaba bajo administración nacional y que, con el traspaso de competencias a las provincias, era necesario “revisar el marco normativo existente” para promover “un entorno más propicio” para la gestión de los establecimientos privados.