El poder narco en Junín: ¿Quién está detrás de los narcokioscos?

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 489 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

En Junín, como en tantos otros puntos del interior bonaerense, la preocupación por la aparición de los llamados narcokioscos vuelve a instalarse con fuerza.

Hace unos días la delegación policial de drogas ilícitas irrumpió en una vivienda de Villa del Carmen, donde detuvo a un joven de 22 años acusado de vender estupefacientes. El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3 y basado en meses de denuncias anónimas, desbarató el narcokiosco número 51 del 2025, un dato que causa preocupación. Por eso, lo que para el municipio es un hito, en verdad desnuda la proliferación del narcotráfico en la ciudad, una preocupación que crece día a día.

La verdadera discusión es si estamos dispuestos a mirar ese fondo, o si vamos a seguir conformándonos con atacar la superficie

El procedimiento no solo neutraliza otro punto de venta, sino que también subraya la alarmante presencia de este tipo de expendio distribuidos en 26 barrios diferentes de Junín.

La dinámica es conocida: allanamientos, detenciones, secuestro de pequeñas cantidades de estupefacientes y, a las pocas horas o días, la sensación de que nada cambió demasiado.

Los kioscos se desmantelan, pero la estructura que los alimenta continúa funcionando con sorprendente estabilidad. El fenómeno se repite, casi calcado, en distritos mucho más grandes y complejos como Rosario o el conurbano bonaerense, donde los operativos policiales se suceden semana a semana sin que por ello disminuya la oferta de droga al menudeo.

La pregunta parece inevitable: ¿por qué caen los expendios de barrio y no los proveedores? ¿Por qué se golpea constantemente el eslabón más débil de la cadena y nunca se logra acceder a las organizaciones o a los intermediarios que aseguran su abastecimiento?

Junín no es Rosario, es cierto, pero tampoco está tan lejos: poco más de 200 kilómetros separan ambas ciudades, un tramo que en términos criminales es prácticamente una continuidad fluida, donde se mezclan rutas, logística y vínculos personales que desdibujan las fronteras geográficas.

Lo mismo puede decirse del conurbano bonaerense, con sus redes de narcomenudeo que hace décadas funcionan como mercado mayorista para pequeñas plazas de la provincia.

No es una apreciación antojadiza, ya lo aseguró hace años Andrés Rosa, el multifacético funcionario que se pasó al petrequismo y fue, entre otros cargos, responsable de la seguridad del distrito, antes de la llegada del actual, Lisandro Benito.

Para entender qué sucede en Junín hay que mirar un poco más allá de Junín. Rosario ha sido, lamentablemente, un laboratorio involuntario de cómo opera la venta de estupefacientes en contextos urbanos donde la pobreza, la desigualdad y la falta de controles coordinados generan un ecosistema perfecto para el negocio. Allí, las investigaciones federales de los últimos años revelaron que los kioscos barriales funcionan como “puntos de expendio reemplazables”, pequeños nodos de bajo costo y altísima rotación, ocupados por “soldados” descartables que conocen a lo sumo al intermediario inmediato, pero jamás al proveedor real. Cuando cae uno, otro lo reemplaza. La estructura no se inmuta. El kiosco es un cartucho más, no el arma.

Las rutas 7 y 188 funcionan como corredores naturales que conectan Junín con zonas donde el narcomenudeo está mucho más extendido y profesionalizado

En el conurbano bonaerense ocurre algo similar. Las estadísticas muestran que la mayoría de los procedimientos policiales se concentran en la incautación de cantidades pequeñas de droga y en la detención de vendedores del último eslabón. Son operativos rápidos, de impacto mediático inmediato, pero con escasa incidencia real en el mercado ilegal. Dicho más simplemente: se busca cantidad de procedimientos antes que calidad investigativa. Es más fácil mostrar decenas de allanamientos que sostener un trabajo de inteligencia de años para desmantelar una estructura compleja.

Este escenario tiene su correlato en Junín donde han crecido en este tiempo las barriadas pobres y vulnerables, olvidadas y discriminadas por un municipio que se muestra activo para unas pocas cuadras alrededor del centro.

Si se observan los casos que se hicieron públicos en los últimos años, la tendencia es bastante similar: kioscos que parecen funcionar de manera casi artesanal, con vendedores siempre al borde de la indigencia, sin logística propia, sin capacidad financiera, sin contactos reales. Y, sin embargo, siempre abastecidos. ¿De dónde viene esa droga? ¿Cómo llega? ¿Quién garantiza la provisión? ¿Qué rol juegan las redes regionales? Las respuestas no aparecen en los comunicados oficiales ni en los partes de prensa, pero tampoco en las investigaciones judiciales. Eso es lo preocupante.

El problema, entonces, no es el kiosco en sí mismo, sino su carácter simbólico. Caer sobre el punto de expendio permite mostrar acción estatal, genera la ilusión de avance y crea un relato de intervención.

Pero la verdadera intervención está ausente. Se combate la epidermis del problema, no su estructura. En ese sentido, la comparación con Rosario y el conurbano es útil para pensar qué podría —y debería— hacerse en Junín para evitar que el fenómeno crezca al punto de volverse inmanejable.

Hay municipios del conurbano que empezaron a experimentar con estrategias más integrales, que incluyen inteligencia criminal sostenida, monitoreo de redes territoriales, trabajo cruzado con fiscalías especializadas y articulación con áreas sociales para intervenir en los entornos donde estos kioscos encuentran su caldo de cultivo.

Algunos lograron reducir la cantidad de puntos fijos de venta reemplazándolos, paradójicamente, por estructuras de narcomenudeo más dinámicas y móviles, lo cual también muestra que el problema no desapareció, sino que mutó. Pero, aun así, el enfoque integral permite detectar patrones, conexiones, recorridos y, sobre todo, circuitos de aprovisionamiento que, en el largo plazo, sí pueden ser atacados de manera más eficaz.

En Rosario, las conclusiones de las investigaciones federales son contundentes: sin inteligencia profunda no hay ninguna posibilidad de avanzar más allá del kiosco. Las organizaciones siempre se mueven dos pasos atrás y uno adelante del Estado. Cambian de celular constantemente, usan personas vulnerables como fachada, operan desde cárceles o desde otros distritos y tercerizan toda la cadena operativa para no exponerse. En ese contexto, pensar que Junín está a salvo por su tamaño o por su historia es, como mínimo, ingenuo.

Los kioscos no nacen solos: crecen donde la ausencia estatal se vuelve paisaje

Las rutas 7 y 188 funcionan como corredores naturales que conectan Junín con zonas donde el narcomenudeo está mucho más extendido y profesionalizado. La droga no se produce en la ciudad, llega de afuera. Y si llega de afuera, llega por una red. Si esa red no se investiga, la caída de un kiosco es, en términos reales, apenas anécdota.

Lo verdaderamente importante sería lograr que las fuerzas municipales —dentro de sus limitaciones legales— trabajen coordinadas con las fuerzas provinciales y federales para construir una mirada de conjunto que hoy no parece existir.

La pregunta que sobrevuela este escenario es otra: ¿qué puede hacer un municipio cuando el narcotráfico es un delito federal? La experiencia de otros distritos demuestra que puede hacer mucho.

Puede invertir en sistemas de monitoreo urbano y no simplemente sumar cámaras, en mapas de calor donde se registren comportamientos repetidos, movimientos sospechosos, zonas con actividad anómala. Puede fortalecer la articulación con las fiscalías, acompañar denuncias anónimas, impulsar dispositivos de prevención en barrios donde la presencia estatal es mínima y el narcomenudeo encuentra terreno fértil.

Algunos municipios incluso avanzaron con equipos interdisciplinarios que trabajan en prevención, salud mental, seguimiento de consumos problemáticos y acompañamiento familiar. No se trata de reemplazar la acción policial, sino de complementarla. Los kioscos no nacen solos: crecen donde la ausencia estatal se vuelve paisaje.

En Junín, sin embargo, el debate parece quedar siempre a mitad de camino. Se muestran los procedimientos, se celebran las detenciones, se alimenta la sensación de que se está actuando. Pero falta la pregunta fundamental: ¿cuál es el plan? ¿Qué estrategia sostienen quienes gobiernan? ¿Hay una política pública clara, o sólo reacciones puntuales según el caso del día? Cuando se observan los antecedentes locales, parecería que la agenda está dictada más por la urgencia que por el diagnóstico.

El narcotráfico es, por definición, un fenómeno adaptable. Cambia de forma, de territorio y de actores con facilidad. Para enfrentarlo, se necesita un Estado igual de adaptable, que piense a largo plazo, que coordine y que investigue. Eso implica salir de la lógica del narcomenudeo como único objetivo visible y avanzar hacia las redes mayores que sostienen esa venta minorista. La experiencia de Rosario es elocuente: cuando el Estado llega tarde y descoordinado, las organizaciones criminales ocupan el vacío con velocidad. Y recuperarlo puede llevar décadas.

Caer sobre el punto de expendio permite mostrar acción estatal, genera la ilusión de avance y crea un relato de intervención

Junín está todavía a tiempo de evitar llegar a ese punto. Pero para eso debe reconocer que el problema existe y no se soluciona yendo al punto más fácil y que detrás de cada narcokiosco derribado hay una estructura que continúa intacta. Y mientras esa estructura siga intacta, los kioscos seguirán multiplicándose con la misma facilidad con la que hoy parecen desmantelarse.

El desafío, entonces, no es contar cuántos operativos se realizan, sino preguntarse qué efecto real tienen. La caída de un kiosco es apenas un síntoma de algo mucho más profundo. La verdadera discusión —la que Junín todavía no dio del todo— es si estamos dispuestos a mirar ese fondo, o si vamos a seguir conformándonos con atacar la superficie.

POLITICAS CONCRETAS

Qué políticas concretas puede aplicar Junín para no repetir los errores ajenos. A continuación, un paquete de medidas realistas, aplicables y basadas en experiencias comprobadas en otras ciudades:

-Mesa interinstitucional permanente

-Con policía, fiscalía, municipio, áreas de salud, educación, organizaciones barriales, transporte y empresas de correo. No para sacar una foto, sino para coordinar inteligencia, priorizar casos y actuar sobre la cadena completa.

-Investigación financiera y trazado de la cadena de suministro

-Equipos locales que trabajen con fiscalías y policías judiciales para rastrear movimientos de dinero, envíos por encomienda, rutas de abastecimiento y vehículos sospechados. Junín debe dejar de perseguir solo vendedores; hay que seguir la plata y la logística.

-Protocolos con empresas de encomiendas y transporte. No se trata de “criminalizar” el correo, sino de firmar convenios para alertas tempranas, capacitación del personal y controles focalizados. Si los proveedores utilizan esta vía, es imprescindible cerrar ese canal.

-Reconversión social de inmuebles decomisados. Lo que en algunas ciudades funcionó: transformar búnkeres o kioscos clausurados en espacios comunitarios, centros de jóvenes, talleres, dispositivos de prevención. Un cambio simbólico poderoso y una política concreta.

-Mapa público y observatorio local del narcomenudeo

-Registros unificados de puntos clausurados, reincidencias, modalidades de venta, horarios críticos, impacto en escuelas y comercios. Con datos se planifica; sin datos, se improvisa.

-Programas municipales de prevención y reducción de daños

-Centros de atención de consumos problemáticos, equipos barriales, actividades deportivas y culturales, talleres de reinserción laboral. La pelea contra el narcomenudeo se da también antes de que aparezca la venta.

-Denuncia protegida y participación vecinal organizada. Debido a los riesgos, muchos vecinos no denuncian. Con protocolos de protección, participación a través de sociedades de fomento y acompañamiento municipal, la denuncia deja de ser un acto de valentía individual para convertirse en una acción colectiva.

-Golpear la estructura económica del negocio. Multas, decomisos, sanciones administrativas, suspensión de habilitaciones comerciales cuando un local funciona como pantalla. Sin atacar la economía del delito, los kioscos reaparecen sin dificultad.