Nadie controla: Cooperativas bajo sospecha

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 495 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 3 AL 9 DE ENERO DE 2026

Durante años, la municipalidad de Junín sostuvo un discurso público centrado en la transparencia, la eficiencia en la administración de los recursos y el apego a las normas.

Sin embargo, la documentación oficial, los fallos de los organismos de control y las investigaciones periodísticas revelan una realidad muy distinta: la consolidación de un sistema paralelo de contratación, basado en cooperativas de trabajo con serias irregularidades formales, fuertes vínculos políticos y un llamativo déficit de controles administrativos y políticos.

Lejos de tratarse de hechos aislados o errores administrativos puntuales, el material analizado permite reconstruir un patrón persistente de funcionamiento, que atraviesa varios ejercicios presupuestarios y que hoy se encuentra bajo la lupa tanto del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires como de organismos nacionales, sin descartar la eventual intervención de la justicia ordinaria.

EL FALLO QUE INCOMODA

El fallo del HTC correspondiente al ejercicio 2023, presentado en abril de este año, pero conocido públicamente meses después, constituye una pieza central para comprender la magnitud del problema. El organismo aprobó formalmente la rendición de cuentas del municipio, pero dejó asentadas decenas de observaciones, muchas de ellas reiteradas, por las cuales solicitó explicaciones que el Ejecutivo local no brindó.

Como consecuencia, el Tribunal aplicó multas y cargos por un total de 2.760.000 pesos, que alcanzaron tanto a funcionarios del área económica como al propio intendente Pablo Petrecca. El dato, sin embargo, es secundario frente al contenido del fallo: una enumeración detallada de irregularidades administrativas, faltantes documentales, contrataciones mal instrumentadas y controles internos deficientes.

El HTC, en su carácter de órgano constitucional de control externo, no se limita a una revisión contable. Su función comprende el control de legalidad y de gestión. En ese marco, dejó explícito que, de detectarse hechos que pudieran configurar delitos, el Tribunal se encuentra facultado para dar intervención a la justicia, una advertencia que cobra especial relevancia frente a la reiteración de las observaciones.

El Tribunal aplicó multas y cargos por un total de 2.760.000 pesos, que alcanzaron tanto a funcionarios del área económica como al propio intendente Petrecca

PROVEEDORAS PRIVILEGIADAS

Uno de los ejes más sensibles del fallo y de las investigaciones periodísticas realizadas por SEMANARIO está vinculado al uso intensivo de cooperativas de trabajo como proveedoras del municipio.

En teoría, este tipo de organizaciones deberían cumplir un rol social y solidario. En la práctica juninense, aparecen como estructuras utilizadas para tercerizar tareas habituales del Estado, desplazando a trabajadores municipales y canalizando importantes sumas de dinero público. A eso se suma la precarización laboral del grupo de trabajo, ese mismo al que suele vérselo llevando a cabo tareas de corte de pasto al rayo del sol, transportados en la caja de una camioneta y sin la ropa de trabajo adecuada.

Justamente trabajando para un municipio que dice abogar por más empleos en el distrito, pero no controla la calidad de los mismos. Algo que parece contar con la vista gorda de los organismos provinciales encargados de fiscalizar este tipo de temas y la anuencia de los sindicatos que debieran levantar la voz ante semejante tropelía.

El caso paradigmático es el de la Cooperativa de Trabajo 17 de Febrero del Noroeste Bonaerense (COOPNOBA), creada en marzo de 2021.

La particularidad no es solo su rápido crecimiento como proveedora municipal, sino su origen político: fue conformada por militantes del PRO, varios de ellos empleados municipales al momento de su constitución.

Desde su nacimiento, la cooperativa comenzó a recibir contratos de manera sostenida. Solo en 2022, a valores constantes, facturó cerca de 330.000 dólares, y desde 2021 habría superado el millón de dólares en ingresos provenientes del municipio. Todo ello mientras realizaba tareas que, en muchos casos, podían haber sido ejecutadas por personal municipal o por servicios ya contratados.

El HTC puso el foco en contrataciones específicas. Una de ellas fue el servicio integral de mantenimiento en el Parque Natural Laguna de Gómez, adjudicado a la Cooperativa 17 de Febrero mediante decreto municipal. El monto mensual ascendió a 4.640.000 pesos, lo que implicó un aumento del 60% respecto del contrato original.

El decreto establecía que la garantía contractual debía reajustarse en la misma proporción, algo que no ocurrió en tiempo y forma. Ante el requerimiento del Tribunal, las autoridades municipales presentaron un pagaré emitido el 1° de junio de 2024, suscripto por el presidente de la cooperativa, por un monto de 1.392.000 pesos.

Los jueces del HTC concluyeron que dicho documento fue emitido de manera extemporánea, por lo que mantuvieron la observación. No se trata de un detalle menor: la falta de garantías válidas compromete la legalidad del contrato y expone al municipio a eventuales perjuicios económicos.

La situación local se inscribe, además, en un contexto nacional de revisión profunda del sistema cooperativo.

En abril de 2024, el Ministerio de Capital Humano informó que el INAES había intimado a 5.794 de las 8.070 cooperativas creadas entre 2020 y 2022 por falta de presentación de estados contables y asambleas.

Entre ellas figura la cooperativa juninense COOPNOBA, incluida en el listado oficial como “Cooperativas Vigentes con RLM y Sin Presentación de Documentación”.

El mismo relevamiento anunció la verificación presencial de miles de entidades y advirtió sobre más de 10.000 cooperativas que podrían estar funcionando pese a encontrarse suspendidas.

Posteriormente, una auditoría más amplia derivó en el retiro de la autorización para funcionar a 8.588 cooperativas y 673 mutuales, además de procesos de suspensión y sumarios administrativos contra miles más. Este dato es clave: demuestra que las irregularidades detectadas en Junín no son excepcionales, pero sí resultan especialmente graves por la decisión política de sostener y ampliar este esquema.

Mientras tanto, la comunidad de Junín asiste a un debate que no es técnico ni abstracto: se trata del uso de los recursos públicos

EL POLEMICO ARTICULO 24

Lejos de corregir las observaciones del Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo petrequista avanzó con una iniciativa que encendió nuevas alarmas.

En el marco del tratamiento del Presupuesto 2026, se incorporó el artículo 24, que autoriza al Departamento Ejecutivo a prestar servicios y ejecutar obras públicas de manera directa o a través de cooperativas, consorcios y asociaciones público-privadas, sin necesidad de intervención del Concejo Deliberante.

En términos políticos e institucionales, la lectura es clara: se busca concentrar decisiones y reducir controles, justo cuando los organismos externos vienen señalando irregularidades reiteradas. El planteo resulta especialmente delicado si se tiene en cuenta que muchas de las cooperativas involucradas presentan vínculos directos con el oficialismo local.

LA COOPERATIVA FANTASMA

Si el caso de COOPNOBA expone un uso político de las cooperativas, el de la Cooperativa de Trabajo Arqui Ar Ltda. directamente roza lo insólito.

Oportunamente SEMANARIO hace un año atrás denunció a esta organización por llevar adelante negocios con el municipio, cuando dicha entidad cuenta con acta constitutiva, pero no figura en los registros del INAES, requisito básico para operar legalmente como cooperativa. (https://semanariodejunin.com.ar/nota/54736/otra- cooperativa-misteriosa-avalada-por-petrecca/)

A pesar de ello, fue adjudicataria de dos contratos municipales por más de 13 millones de pesos. El primero, en agosto de 2023, por la reparación de la terraza del Edificio Bicentenario, por 4.654.496,72 pesos. El segundo, en febrero de 2024, por la refacción del comando y destacamento policial, por 8.999.998 pesos.

La gravedad del hecho es doble: por un lado, la adjudicación a una entidad que no aparece registrada; por otro, la ausencia de controles internos que deberían haber detectado esa irregularidad antes de comprometer fondos públicos.

Los integrantes de Arqui Ar no son desconocidos para la gestión municipal. Uno de ellos, Maximiliano Nigro, fue proveedor del municipio antes de la creación de la cooperativa y aparece vinculado a otra cooperativa actualmente suspendida. Otro de los socios continuó presentándose a licitaciones a título personal, incluso después de integrar la entidad. El tercero, hijo de una reconocida dirigente política, registra inconsistencias fiscales y laborales.

Este entramado refuerza la sospecha de que las cooperativas funcionan, en algunos casos, como pantallas administrativas para sostener contrataciones que de otro modo deberían atravesar procesos licitatorios más rigurosos.

Sospechan que las cooperativas funcionan, en algunos casos, como pantallas administrativas para sostener contrataciones

CONSECUENCIAS GRAVES

Más allá de las cifras y los expedientes, el uso indiscriminado de cooperativas de trabajo tiene consecuencias concretas. Por un lado, precariza a los trabajadores asociados, que no cuentan con las garantías laborales del empleo público. Por otro, perjudica a los empleados municipales, cuyos salarios se ven deprimidos mientras tareas habituales se tercerizan a costos mucho mayores.

El propio material analizado define este esquema como un fraude laboral, en tanto traslada recursos humanos y económicos a dirigentes cooperativistas sin control efectivo, debilitando la estructura del Estado local.

La acumulación de observaciones del Tribunal de Cuentas, la existencia de cooperativas con documentación incompleta o inexistente, las adjudicaciones millonarias por decreto y los intentos de eludir controles políticos configuran un cuadro que excede lo administrativo.

En este contexto, la eventual intervención de oficio de la justicia ordinaria aparece no solo como posible, sino como necesaria para determinar responsabilidades penales, si las hubiera. La pregunta que queda planteada es hasta dónde se avanzará en esa dirección y si los funcionarios involucrados darán las explicaciones que hasta ahora han evitado.

Mientras tanto, la comunidad de Junín asiste a un debate que no es técnico ni abstracto: se trata del uso de los recursos públicos, de la transparencia en la gestión y de la calidad institucional de un municipio que, en los papeles, dice una cosa, pero en los hechos muestra otra muy distinta.