LOCALES | 16 ENE 2026
VECINOS EN BONDI
Autos oficiales: el privilegio de los funcionarios
Mientras el ciudadano paga boletos cada vez más caros y pierde horas en paradas sin servicio, una flota de vehículos municipales se mueve libremente, sin restricciones ni transparencia. El uso personal de autos oficiales —un vicio histórico del Estado local— vuelve a instalarse como síntoma de una dirigencia que exige sacrificios, pero jamás los practica.
NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 496 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2026
Al mismo tiempo, en la otra punta del mostrador, hay funcionarios y empleados de jerarquía que cuentan con autos oficiales a su exclusiva disposición. Móviles que el Estado mantiene, abastece y repara con dinero público, sin que exista un mínimo control sobre su uso real. Un beneficio silencioso que se naturalizó tanto como el bache en la esquina: está ahí, todos lo ven, pero nadie quiere hacerse cargo.
Lo llamativo no es solo la desigualdad del trato, sino la completa ausencia de transparencia. ¿Cuántos vehículos municipales están asignados hoy a funcionarios? ¿Cuántos kilómetros recorren? ¿Cuánto combustible consumen? ¿Quién paga reparaciones, seguros y repuestos? ¿Están identificados con el logo del municipio o circulan “fantasmas”, imposibles de reconocer? Nadie lo sabe. Y lo que es peor: parece que a nadie le interesa saberlo.
Quizás haya llegado la hora de decirlo sin rodeos: un municipio que no puede controlar quién usa sus autos, cuándo y para qué, es un municipio que perdió el control de sí mismo
IMPUNIDAD CON RUEDAS
La escena es conocida. Autos oficiales en supermercados, en gimnasios, estacionados frente a casas particulares. Vehículos municipales que se usan para llevar chicos a la escuela, hacer compras, asistir a reuniones familiares o incluso viajar fuera del distrito. Conductores —de planta o contratados— que terminan oficiando de choferes personales. Y cargas de combustible que se registran como “servicio esencial” aunque ese servicio consista en ir a buscar un asado un domingo al mediodía.
No importa el color político ni la época: el vicio es transversal y generacional. Cada gestión promete controles, GPS, auditorías, sistemas de seguimiento automatizado. Todo se anuncia, nada se cumple. La política local parece vivir en un loop eterno donde los privilegios se heredan como si fueran bienes gananciales.
Mientras tanto, el vecino, ese que solo quiere que el colectivo llegue, paga la fiesta.
No hace falta inventar nada. En 2017, la Auditoría General de Córdoba reveló el uso irregular de decenas de vehículos oficiales, algunos asignados a funcionarios que los utilizaban fuera del horario laboral, sin registro de destino y sin identificación externa. El escándalo derivó en la implementación obligatoria de sistemas GPS, la publicación del parque automotor y controles cruzados de combustible.
Para darle más peso al pedido de informes y demostrar que no es algo utópico sino perfectamente posible, podemos citar diversos municipios que ya implementaron normas concretas para controlar el uso de sus vehículos oficiales:
En San Martín de los Andes (Neuquén) el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para instalar sistemas de geolocalización (GPS) en todos los vehículos de la flota oficial.
Además, la Contraloría Municipal debe realizar auditorías en tiempo real sobre los datos de rastreo, para garantizar la trazabilidad y la transparencia del uso.
Esta regulación sirve como modelo claro: no es solo controlar combustible, también es verificar cuándo, cómo y dónde se usan los autos.
En la Municipalidad de Colón (Provincia de Buenos Aires) recientemente se promulgó una ordenanza para optimizar la flota vehicular municipal: obliga a instalar GPS en nuevos vehículos, lleva un registro exhaustivo de mantenimiento y exige que cada unidad tenga identificación visible con el logo municipal y un número interno. Además, en las cargas de combustible se implementa un sistema con códigos QR para asignar combustible a ciertos responsables, lo que ayuda a auditar el consumo por vehículo. También hay una restricción para que los vehículos queden en dependencias municipales al terminar la jornada laboral, salvo excepciones justificadas.
El Municipio de Villarino (provincia de Buenos Aires) Tiene una Ordenanza Nº 3972 que regula internamente el uso, administración, mantenimiento y control de la flota automotor municipal. La norma prohíbe expresamente que los vehículos sean usados para fines particulares diferentes a las tareas oficiales.
También exige estadísticas reales del parque automotor (kilometraje, consumo, viajes) y un registro mecánico de cada unidad, para planificar mantenimiento, rutas y evitar gastos superfluos. Además, se obliga a capacitar a los conductores en seguridad vial, conocimiento del tránsito y responsabilidad en el uso del vehículo.
En Villa Constitución (Provincia de Santa Fe) en el Concejo Municipal se aprobó una norma para que el Ejecutivo remita anualmente un inventario actualizado de la flota (modelo, patente, dependencia, estado). También se exige que cada vehículo exhiba una identificación numérica visible y la dependencia municipal a la que corresponde, lo cual es clave para la fiscalización ciudadana.
Lo que allá se logró por obligación, acá debería surgir por decencia.
La falta de transparencia en la movilidad oficial no es un error administrativo: es una estrategia.
PONERSE LA PILAS
Es momento de que algún concejal —de cualquier bloque, ya que la transparencia no tiene bandera partidaria— tome la iniciativa y presente un pedido de informes serio, completo y detallado, que obligue al Ejecutivo a responder punto por punto. No parches, no generalidades, no “estamos trabajando en eso”: datos concretos.
Ese pedido debería exigir, como mínimo:
Listado completo de los vehículos oficiales asignados a funcionarios, por número de patente, modelo, año y área.
Indicación de si cada unidad está identificada con el logo municipal. Si no lo está, por qué y desde cuándo.
Detalle del uso permitido: si es solo laboral, si incluye traslado a domicilio, si hay topes horarios, si existen protocolos.
Gasto anual de combustible discriminado por vehículo, con copia de los registros de carga.
Historial de mantenimiento, reparaciones y repuestos, con costos actualizados.
Kilometraje mensual, discriminado entre uso institucional y uso personal (si es que se admite uso personal, lo cual debería explicitarse).
Normativa vigente que regula estas asignaciones, si es que existe algo más que la “costumbre”.
Responsable de cada unidad, con firma de conformidad para cada movimiento.
No es imposible. No es complejo. Es simplemente rendir cuentas.
Un funcionario no debería justificar los kilómetros que recorre gratis con un auto que le pagamos todos?
La falta de transparencia en la movilidad oficial no es un error administrativo: es una estrategia. Mientras menos se sepa, menos se cuestiona. Mientras menos se registra, más fácil es deslizar un uso personal. Mientras menos controles haya, más natural es que la política siga manejando como si viviera en una autopista privada.
El resultado es el de siempre: un Estado que exige esfuerzo ciudadano, pero se resiste a dar el ejemplo.
Y una dirigencia que pide empatía, pero circula blindada por el privilegio.
Quizás haya llegado la hora de decirlo sin rodeos: un municipio que no puede controlar quién usa sus autos, cuándo y para qué, es un municipio que perdió el control de sí mismo. Pero además suma otro rasgo característico del petrequismo que ahora continúa en manos del cuñado mandadero: la falta de transparencia.
Si el Estado local quiere recuperar la confianza pública, debería empezar por ahí: que cada funcionario pague su combustible, registre sus traslados y deje de confundir lo público con lo personal. Un ejemplo que hace falta imponer en nuestro medio, pero que también cabe para las unidades provinciales y nacionales. El ajuste si va en serio, es para todos y no para los más vulnerados.
Transparencia también es esto. Transparencia son kilómetros.
Y en Junín, por ahora, hay demasiados que no se explican.
Mientras menos se sepa, menos se cuestiona Es momento de que algún concejal tome la iniciativa y presente un pedido de informes serio, completo y detallado
BASTA DE PRIVILEGIOS
Cinco medidas urgentes para frenar el uso discrecional de autos oficiales del municipio de Junín.
Registro público mensual del parque automotor municipal, con patentes, asignaciones y responsables.
Instalación obligatoria de GPS en todas las unidades, con acceso público a reportes de kilometraje.
Prohibición expresa del uso personal del vehículo, con sanciones escalonadas para infractores.
Control cruzado de combustible, con auditoría externa y publicación de consumos por área.
Identificación obligatoria de cada vehículo con el logo municipal, salvo excepciones fundadas y documentadas.
La política local parece vivir en un loop eterno donde los privilegios se heredan como si fueran bienes gananciales
MENTIRAS COTIDIANAS
Terminando el año 2024, el intendente Pablo Petrecca ante la necesidad de que fuera votada positivamente la ordenanza fiscal que imponía aumentos confiscatorios en las tasas municipales, en una gacetilla municipal informó que “siguiendo los pasos del Gobierno Nacional, la Municipalidad de Junín implementa recortes significativos y estrategias innovadoras para enfrentar la crisis económica”.
Pero esos recortes jamás tocaron a los privilegios que tienen los funcionarios que tienen aprobados todos los gastos “representativos” con la caja chica (negra) del municipio que se alimenta de esquilmar a los vecinos no solamente con las tasas con escasa contraprestación, sino un festival de multas y otros menesteres.
Alguna vez el intendente en fuga sostuvo que “como consecuencia de la crítica situación económica que atraviesa el país, y en un esfuerzo por hacer frente a la misma y el impacto que esta tiene en las arcas municipales, el Gobierno de Junín ha anunciado un conjunto de medidas de austeridad para los próximos meses”.
Entre esas medidas “drásticas” de supuesta “austeridad” destacó del recorte de “horas extras” a los trabajadores municipales y también la “eliminación de cargos políticos” algo que efectivamente no ocurrió.
Pero entre esos “privilegios”, los autos de alta gama con todos los gastos pagos para los funcionarios mediocres nunca faltaron.
Una muestra más del permanente doble discurso del alcalde (en licencia) para el que no ha de faltar “pan y circo”, aunque luego critique a los “otros” gobiernos populistas.
