Coninagro y el seguro multirriesgo: ¿la tercera será la vencida?

SECCIÓN SEMANAGRO PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 501 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

Como ocurre desde la falsa “revolución verde” que se trató de una estrategia de imposición de una matriz productiva que generó pingües ganancias en las empresas multinacionales que vendieron su proyecto, un contexto de volatilidad de precios, alza de costos y fuertes desafíos climáticos afectan al campo argentino y una vez más las cooperativas del sector intensificaron sus esfuerzos para influir en las políticas del Gobierno nacional.

Representadas por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), estas organizaciones buscan posicionar temas clave como el financiamiento productivo, la simplificación tributaria y la mitigación de riesgos en la agenda oficial.

Un ejemplo reciente de esta estrategia fue la reunión del Consejo de Coninagro con el ministro del Interior, Diego Santilli, celebrada el pasado jueves, donde se presentaron propuestas concretas para apoyar las economías regionales y complementar reformas en debate parlamentario.

El proyecto en mayor o menor proyección ya había sido llevado a Mauricio Macri en 2016, cuando el presidente de ese entonces prometía la desaparición de las retenciones a las exportaciones de granos a las inocentes palomitas dirigenciales. Luego la confederación también le llevó el proyecto a Alberto Fernández en 2019. Lo cierto es que hasta el momento, como dicen los magos: “nada por aquí y nada por allá”.

Coninagro, fundada en 1956 y que agrupa a más de 800 cooperativas con unos 120.000 productores asociados, ha sido un actor clave en el diálogo entre el campo y el Estado, al igual que las otras tres entidades, pero que sean actores no significa que tengan un buen papel.

Su rol no se limita a la representación gremial, sino que incluye la elaboración de herramientas analíticas y propuestas legislativas para fomentar la sostenibilidad del agro.

LA PROPUESTA

En el encuentro con Santilli, el Comité Ejecutivo de la entidad entregó un paquete de iniciativas enfocadas en la armonización tributaria entre niveles de gobierno, con el objetivo de reducir la carga fiscal que pesa sobre los productores pequeños y medianos.

Esta medida busca eliminar distorsiones que afectan la competitividad de las economías regionales, como la producción de frutas, vinos, lácteos y carnes en provincias como Mendoza, Río Negro y Entre Ríos.

Uno de los puntos destacados fue la presentación del “Semáforo de Economías Regionales”, un indicador mensual que monitorea el desempeño de 19 actividades productivas en distintas provincias.

Este instrumento revela desequilibrios estructurales, como la falta de acceso al crédito en sectores vulnerables, y sirve como base para exigir políticas diferenciadas.

Según datos de Coninagro, muchas regiones enfrentan costos crediticios elevados, lo que limita la inversión en tecnología e infraestructura. En respuesta, propusieron un Programa de Financiamiento Estratégico para el Campo, orientado a inversiones en riego, mallas antigranizo y mejora de hacienda.

Este plan se posiciona como complemento a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que se debate en el Congreso, según expresó Santilli durante la reunión.

Coninagro tentó al gobierno nacional con un proyecto de Fondo Anticíclico en el que los productores podrían “ahorrar” los años buenos para enfrentar los años malos

LUNA DE MIEL

Santilli, por su parte, valoró el diálogo con los productores y resaltó el “buen rumbo” de la administración Milei. Mencionó avances en infraestructura, como la concesión de 9.200 kilómetros de corredores viales antes de mediados de año, con énfasis en rutas clave como la 14 entre Entre Ríos y Corrientes.

“Siempre es bueno escuchar a los productores de todas las provincias”, afirmó el ministro, quien se mostró optimista sobre la reforma laboral como “puntapié inicial para otros cambios”.

Sin embargo, los cooperativistas insistieron en la necesidad de políticas innovadoras, como la creación de un Fondo Anticíclico y de Riesgo Agropecuario.

Esta propuesta permite a los productores aportar en años de bonanza para retirar fondos en periodos de crisis climáticas, económicas o de mercado, reduciendo la dependencia de asistencia estatal y mejorando la resiliencia financiera. Esta no es la primera vez que Coninagro busca incidir en la agenda nacional. En septiembre de 2025, durante su 8° Congreso Internacional en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la entidad reunió a gobernadores como Axel Kicillof y otros líderes políticos para discutir la macroeconomía y su impacto en el agro.

Allí se destacaron casos de éxito cooperativo y se criticó la falta de apoyo a la producción regional, poniendo en evidencia tensiones entre el discurso oficial y las necesidades del sector.

Documentos como “El campo y la política III”, publicados por Coninagro en 2023, ya abogaban por actualizar la Ley de Emergencia Agropecuaria y promover seguros multirriesgo, temas que siguen vigentes y que la entidad impulsa en foros legislativos.

Las cooperativas del agro, que representan el 20% de la producción agrícola nacional y generan empleo en zonas rurales, argumentan que su modelo solidario es esencial para la inclusión social y el desarrollo equilibrado.

No obstante, enfrentan desafíos como la volatilidad de precios internacionales, eventos climáticos extremos y barreras al crédito.

Al incidir en la agenda gubernamental, buscan no solo alivio inmediato, sino reformas estructurales que garanticen la viabilidad a largo plazo. Expertos coinciden en que este diálogo podría traducirse en políticas más inclusivas, aunque depende de la voluntad política para integrar estas propuestas en leyes concretas.

Lamentablemente el lobby del campo no tiene repercusión en medidas concretas, por más que se establezcan records de producción de cereales y oleaginosas.

Al igual que lo que pasa con la industria, las economías regionales están muy lejos de la mira del gobierno liberal para darles, una mano, por el contrario, el ingreso de productos importados para bajar los precios de los nacionales, no hacen más que generar quebrantos en los establecimientos del interior profundo de nuestra Argentina. Por más que Santilli en clave electoralista (para abocarse a la gobernación bonaerense en 2027) les acaricie la espalda a los dirigentes, la política de Milei va en un sentido contrario a las aspiraciones del sector agropecuario, algo que desde hace dos años ya se ha empezado a ver.