El Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG) del Ministerio Público bonaerense registró durante 2025 un total de 146.046 procesos penales por violencia familiar y de género, una cifra que equivale al 14,1% del total de causas penales iniciadas en la provincia de Buenos Aires durante ese año.
En paralelo, el informe oficial contabilizó 74 procesos penales por femicidios, con 78 víctimas fatales, lo que representa el 60,5% de todos los homicidios de mujeres registrados en el territorio provincial.
El Informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género reúne todas las causas iniciadas por delitos incluidos en el REVIFAG, además de los hechos investigados como muertes violentas de mujeres y de mujeres trans o travestis durante 2025.
Para la elaboración de los datos sobre femicidios se analizaron todos los expedientes penales iniciados ese año en la provincia en los que se investigaron muertes violentas, independientemente de si fueron o no calificados jurídicamente como femicidio en los términos del artículo 80 inciso 11 del Código Penal. Posteriormente, cada caso fue examinado de manera exhaustiva para determinar la presencia de indicadores de violencia de género.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, San Martín (23.483 causas) y Lomas de Zamora (19.304) fueron los departamentos judiciales con mayor número de procesos penales vinculados a violencia familiar y de género. En el extremo opuesto, Necochea (1.006) y Pergamino (1.829) registraron las cifras más bajas durante el mismo período.
El relevamiento también indica que, del total de 147.902 víctimas registradas, el 73,9% fueron mujeres, mientras que en el 88% de las causas con víctimas femeninas los imputados eran varones. En cuanto a la tipología de los delitos denunciados, el 27,7% correspondió a amenazas, el 24,5% a lesiones y el 12,3% a desobediencia de medidas judiciales. En menor proporción aparecen abuso sexual (7,8%) y daño (5,5%), entre otros delitos.
Respecto de los femicidios, el informe señala que la violencia de género constituye el principal móvil de las muertes violentas de mujeres. Las 78 víctimas registradas durante 2025 representan más de la mitad de los homicidios de mujeres consumados en la provincia, con una tasa anual de 0,88 víctimas cada 100.000 mujeres.
El análisis de los hechos muestra que la mayor cantidad de casos ocurrió en enero y que el 85,9% se produjo dentro de una vivienda. En cuanto a los métodos utilizados, la fuerza física fue el principal medio empleado (35,9%), seguida por armas de fuego (23,1%).
El vínculo entre víctima y agresor aparece como un elemento predominante. Según el informe, más del 90% de las víctimas conocía a su atacante, y en el 64% de los casos existía una relación de pareja, expareja o noviazgo.
En relación con las características de las víctimas, el 55,1% tenía entre 18 y 40 años. Además, 12 de las víctimas (15,4%) habían realizado denuncias previas contra su agresor: en nueve casos el vínculo era íntimo y en tres, familiar.
El informe también señala que al menos 83 hijos e hijas quedaron como víctimas indirectas del femicidio de sus madres, de los cuales 46 son menores de 18 años.
En cuanto a los imputados, el 58% tenía entre 18 y 40 años al momento del hecho. Asimismo, en 13 casos los agresores se suicidaron inmediatamente después de cometer el femicidio.
El relevamiento también identificó otros homicidios dolosos en contextos de violencia por razones de género, entre ellos 10 hechos con víctimas masculinas. La mitad ocurrió en viviendas y fueron perpetrados principalmente con armas de fuego o armas blancas.
El informe agrega que, en los últimos once años (2015-2025), más de 1.000 mujeres fueron asesinadas en la provincia de Buenos Aires en hechos vinculados a violencia de género, con un total de 1.010 víctimas registradas.
Desde el Ministerio Público señalaron que los datos del informe buscan “transparentar la magnitud y las características de estos gravísimos delitos que preocupan a toda la sociedad y sus instituciones”, al tiempo que permiten acercar a la ciudadanía información cuantitativa sobre la violencia familiar y de género en el ámbito penal, con el objetivo de facilitar la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.