La iniciativa fue presentada este lunes por el presidente del bloque del PRO en el Senado bonaerense en medio de un paro por la manifestación en conmemoración del Día de La Mujer. La iniciativa, acompañada por la totalidad del bloque, busca garantizar la continuidad, regularidad y calidad del servicio educativo, estableciendo un marco legal que permita asegurar el dictado de clases incluso en situaciones de conflicto que puedan afectar el normal desarrollo del ciclo lectivo.
Según explicó el legislador, “la idea es resguardar el derecho de niñas, niños y adolescentes a estudiar”.
De acuerdo con el texto de la iniciativa, cuando se produzcan situaciones que interrumpan o pongan en riesgo el funcionamiento normal de las escuelas, la autoridad de aplicación deberá garantizar una serie de servicios mínimos educativos para sostener la actividad.
Entre esas prestaciones se incluyen:
Para Petrecca, el proyecto apunta a “discutir mecanismos institucionales que permitan sostener el dictado de clases” y asegurar continuidad, regularidad y calidad educativa, aun cuando existan conflictos dentro del sistema.
El intendente en uso de licencia de Junín señaló que la propuesta busca colocar en el centro del debate el derecho de los estudiantes a aprender en un sistema que, según describió, atraviesa tensiones estructurales y conflictos recurrentes.
En ese sentido, aclaró que la iniciativa no pretende cuestionar el derecho de huelga ni los derechos laborales de los docentes, sino equilibrar las distintas garantías involucradas en el sistema educativo.
“Intentamos garantizar el derecho de los estudiantes a aprender aun cuando existan conflictos laborales o negociaciones abiertas entre el Estado y los gremios”, explicó el legislador.
“Cuando el sistema queda atrapado en una lógica de confrontación permanente los estudiantes quedan en el medio de esas disputas”, remarcó. En ese marco, Petrecca consideró que el sistema educativo provincial necesita mayor previsibilidad institucional y reglas claras para evitar que los conflictos deriven sistemáticamente en la suspensión de clases.
“Defender la educación pública implica garantizar que las escuelas permanezcan abiertas, que los docentes puedan enseñar y que los alumnos tengan la posibilidad de aprender. Cuando la escuela se detiene, las desigualdades educativas tienden a profundizarse”, concluyó.