La crisis en la láctea Verónica atraviesa uno de sus momentos más complicados. La compañía, que permanece sin actividad desde mediados de febrero, envió una carta a sus más de 450 trabajadores en la que reconoce una “ruptura de la cadena de abastecimiento” y “escasos niveles de productividad”, razones por las que decidió reducir la jornada laboral de ocho a cuatro horas.
Ademá, la empresa, que busca un comprador desde al menos julio del año pasado, negocia ahora su venta con una compañía investigada por presunta corrupción. Se trata de Alimentos Fransro SRL, una firma ligada a la provisión de alimentos al Estado a través del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Capital Humano.
Previamente, Verónica había mantenido conversaciones con otros grandes jugadores del sector. Entre ellos, Adecoagro, Savencia y Punta del Agua, todos interesados en adquirir alguno de los activos clave de la compañía. Las negociaciones, sin embargo, no prosperaron. Según comentaron fuentes con conocimiento de las tratativas, el valor de mercado de Verónica se ubicaría entre los USD 60 millones y los USD 70 millones, una cifra que la familia propietaria consideraba insuficiente. En el mercado aseguraron que los dueños aspiraban a obtener al menos USD 100 millones por la empresa.
“Atento a la evidente crisis que se encuentra atravesando la Sociedad, la que comprende entre otros serios conflictos la ruptura de la cadena de abastecimiento, nos vemos en la obligación de reestructurar los horarios de empleabilidad teniendo en cuenta los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo en tanto procuraremos continuar gestionando la recuperación del aprovisionamiento de materia prima”, dice la carta que la empresa envió a sus trabajadores.
Y continúa: “Por lo expuesto, y dando estricto cumplimiento a la previsión convencional, con causa en la pública y notoria crisis que estamos padeciendo, reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema reducido de 4 horas diarias”. La empresa dispuso esta medida hasta el mes de abril inclusive, “con la esperanza de recuperar prontamente niveles razonables de productividad y empleabilidad”.
El gremio que representa a los trabajadores, Atilra, denunció penalmente a la compañía por presunto lockout y advirtió sobre la crítica situación laboral en las plantas. Además, alertó que la láctea aún adeuda los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, así como la segunda cuota del aguinaldo que debería haberse pagado en diciembre del año pasado.