Robo de rieles: contrabandistas negociaban con un jefe de Gendarmería y un comisario

El dato se supo en el juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta por el robo y contrabando de los rieles del Ferrocarril Belgrano, que tiene sentado en el banquillo al ex jefe comunal de Morillo, Atta Gerala, y a un policía que presuntamente hacía la vista gorda. En juicio abreviado ya fueron condenados tanto el gendarme que participó de los ilícitos como el hijo de Gerala y el comerciante que coordinaba el transporte a Bolivia.

José Miguel “Yopi” Gerala fue condenado por los mismos delitos que ahora enfrenta su padre. Justamente, en el juicio se supo que tenía cargamentos listos para despachar a Bolivia el día que,la por entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recorría la frontera, y que coordinaba con efectivos de seguridad el paso de los camiones hacia la zona.

Los investigadores “se tropezaron” con los Gerala

Así lo señaló el fiscal Eduardo Villalba al hablar de lo sucedido durante las tareas de campo e inteligencia en torno a David Medina, un comerciante al que seguían desde 2023 por contrabando de neumáticos. Al intervenirle la línea telefónica, descubrieron que hablaba con Yopi y que se jactaba de poseer la estructura suficiente para el saqueo de los rieles, con camiones para su traslado.

En una de las conversaciones, Yopi le mencionó que tenía “mercadería” acopiada en Morillo, Dragones y Capitán Pagé, localidades linderas al ya completamente desmantelado ramal C25, que corre en paralelo a la ruta nacional 81. También le habló de un acuerdo con el gendarme jefe del Puesto de Control 28 de Julio, quien le había advertido que debían modificar el cronograma debido a la llegada de la funcionaria nacional.

Explotación indígena

Aprovechando la necesidad de los pobladores de la zona, los contrabandistas contrataban a personas originarias por poco dinero y les pedían que cortaran los hierros con herramientas que les proveían y que los cargaran en vehículos para transportarlos por las rutas nacionales 81 y 50. En la frontera los rieles se cargaban en balsas que cruzaban el río Bermejo hasta Bolivia, donde estaban los clientes. La fiscalía calculó la ganancia en 25 millones de pesos diarios, mientras que los trabajadores indígenas recibían 10 mil por día.

Sobre estas circunstancias testificó el presidente de la comunidad wichí Kilómetro 2 de Pluma de Pato, Raúl Manuel, quien también dijo sentir temor frente a las amenazas de policías cómplices y la desprotección de la fiscalía provincial de Embarcación.

“Los changos de la comunidad, primos, familiares estaban trabajando conmigo. Ellos pasaban con el móvil vigilándonos”. El hombre dijo que hizo una denuncia en la Fiscalía de Embarcación y que en ella apuntó contra Rodríguez, que era el jefe del destacamento de Pluma de Pato. Añadió que la protección prometida no se cumplió.

Además, contó que cuando trabajaba cavando zanjas para embutir cañerías, junto a sus compañeros se sentían intimidados porque por el lugar pasaba constantemente un auto rojo con vidrios polarizados.

Denuncia

El presidente comunal denunció los ilícitos a este diario en marzo de 2024 porque ya circulaban comentarios que volcaban sospechas sobre su comunidad por la sustracción y venta de los rieles. En ese momento dijo que había avisado de la situación a la policía de Pluma del Pato y de Morillo, también a la Gendarmería, pero que no había habido intervenciones. Contó que las autoridades policiales no le tomaban la denuncia porque decían que a ellos nos les competía.

“Siguen cortando (los rieles). Llevan una amoladora y un grupo electrógeno. Según corre el comentario, llevan a Bolivia. Puede ser, porque ya van sacando casi como dos kilómetros” de vía, aseguró entonces en conversación con la periodista Claudia Ferreyra. Estos materiales “son del Estado” y deben permanecer en su lugar para cuando “el Estado los necesite”, afirmó el cacique en esa entrevista Salta12. Fuente :P12