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Proponen prohibir celulares en cárceles bonaerenses - Semanario de Junín

BONAERENSES | 15 MAR 2026

PARA FRENAR ESTAFAS Y EXTORSIONES

Proponen prohibir celulares en cárceles bonaerenses

La senadora Malena Galmarini, presentó un proyecto para prohibir celulares en las cárceles e instalar inhibidores de señal para evitar estafas, extorsiones y secuestros virtuales organizados desde prisión. Se suma a las iniciativas de La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo.



La senadora del Frente Renovador – dentro del bloque oficialista Unión por la Patria-, Malena Galmarini, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que busca frenar estafas, extorsiones y secuestros virtuales que se organizan desde el interior de las unidades penitenciarias.

La propuesta contempla la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todos los establecimientos penitenciarios, además de controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles. “El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo la legisladora al presentar la iniciativa.

El proyecto también establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, aunque prevé la implementación de sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados. “El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó Galmarini.

En ese sentido, la senadora remarcó que detrás de cada estafa o extorsión telefónica existen víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas, muchas veces bajo amenazas que simulan secuestros o situaciones de violencia contra sus familias. Desde su equipo señalaron que el objetivo del proyecto es proteger a quienes reciben estas llamadas y quedan atrapados en situaciones de desesperación.

La iniciativa fija además un plazo máximo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal, con el fin de impedir comunicaciones ilegales desde los pabellones penitenciarios. “Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad”, concluyó la senadora.

LLA, EL PRO Y EL RADICALISMO TAMBIÉN BUSCAN LIMITAR LOS CELULARES EN LAS CÁRCELES

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, también presentó un proyecto denominado “ley Rodrigo”, que busca prohibir el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa rinde homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica que, según la investigación judicial encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena.

La iniciativa también contempla la instalación de inhibidores de señal en los pabellones, controles tecnológicos para detectar celulares y requisas periódicas para evitar el ingreso de dispositivos. Además, fija un procedimiento para que los internos entreguen sus teléfonos en un plazo determinado: los aparatos podrán ser retirados por familiares luego de seis meses o, si no están registrados, serán destruidos en un acto público. Según Liberman, el objetivo es impedir que las cárceles sigan funcionando como centros desde donde se coordinan estafas, extorsiones y otros delitos mediante el uso de teléfonos móviles e internet.

En paralelo, otros sectores de la oposición también impulsaron proyectos similares. El senador bonaerense del PRO, Alex Campbell, presentó una iniciativa para prohibir el uso de celulares en las unidades penitenciarias e instalar inhibidores de señal. En la misma línea, en 2023 la exdiputada de la Unión Cívica Radical, Nazarena Mesías, había propuesto modificar la Ley de Ejecución Penal bonaerense para restringir dispositivos móviles que permitan comunicaciones a través de aplicaciones.