Summa, aunque reste, sigue

Con la evidencia periodística disponible se podría sugerir que la gestión de Adriana Summa al frente del área de Adultos Mayores se caracterizó por una actuación reactiva, formalista y defensiva, más que por una gestión preventiva y comprometida con la seguridad y la dignidad de los adultos mayores. En dos hechos graves ocurridos en 2022 y 2025, el gobierno de Junín local no actuó con la diligencia que la circunstancia exigía y que la sociedad espera de sus autoridades. Son precisamente estos vacíos institucionales los que deben ser objeto de escrutinio público y político, no sólo para asignar responsabilidades individuales, sino para reformar prácticas de supervisión que, hasta ahora, han resultado insuficientes para proteger vidas.

Aún así, nos enteramos que Summa, quien a principios de año fuera desplazada del área de “cuidados” de adultos mayores, ahora se desempeña como "directora de jardines infantes maternales" del gobierno de Junín.

La funcionaria que no funcionó, llega al nuevo cargo sin ningún conocimiento acabado sobre este tipo de gestiones con las infancias, ya que fue convocada a la función pública luego de desarrollar una labor en el ámbito docente y por estar cerca del grupo Pensar Junín, la usina PRO de funcionarios petrequistas, que le permitió sumarse al municipio cuando terminaba 2019 como directora de Adultos Mayores, sin ningún tipo de especialización.

En sus declaraciones, Summa, como directora de los jardines maternales que iniciaron sus clases esta semana reconoció que es su primer “inicio de ciclo lectivo dentro de este equipo y realmente estoy muy feliz de formar parte de este trabajo que prioriza dos aspectos fundamentales, aprender y cuidar, especialmente cuando hablamos de niños tan pequeños que comienzan su trayectoria educativa desde los 45 días de vida”.

Suena preocupante que hable de “cuidados”, cuando durante su tarea con adultos mayores, no estuvo a la altura de las circunstancias al menos en los controles, y durante su permanencia ocurrieron dos tragedias de magnitud.

La pregunta que nos hacemos es lógica respecto a ¿por qué los funcionarios del petrequismo van rotando de un lado al otro sin tener especialización en nada y ocupando cargos a pesar de los errores cometidos? ¿Alcanza solamente con ser buenos militantes?

Summa, quien a principios de año fue desplazada del área de “cuidados” de adultos mayores, ahora se desempeña como "directora de jardines infantes maternales"

UNA HISTORIA PREOCUPANTE

Desde al menos 2018, existen antecedentes periodísticos que dan cuenta de fallas graves en el control de residencias de adultos mayores en Junín.

En junio de 202 se documentó en un geriátrico clandestino ubicado en pleno centro de la ciudad el hacinamiento indigno de más de una decena de adultos mayores y la muerte de una mujer de 97 años. La investigación posterior de la justicia determinó que el lugar funcionaba sin habilitación adecuada, carecía de condiciones sanitarias básicas y mantenía a personas en situación de vulnerabilidad en condiciones de vida deplorables. En ese contexto, SEMANARIO subrayó que las autoridades municipales del área de Adultos Mayores estaban al tanto de la situación y no actuaron con la diligencia requerida por su cargo, lo que constituye un incumplimiento de sus funciones básicas de contralor social y sanitario.

La ley que regula las residencias de corta y larga estadía para personas mayores obliga, además, a inspecciones periódicas y a la colaboración de las autoridades municipales con la autoridad sanitaria provincial. El hecho de que un geriátrico clausurado por la Provincia siguiera funcionando bajo la mirada pasiva del municipio evidencia, más que una falta de recursos, una ausencia de liderazgo responsable.

La justicia local, en 2024, condenó a los dueños del establecimiento trucho por abandono de persona seguido de muerte. Sin embargo, no hubo consecuencias administrativas ni políticas directas para los funcionarios municipales que debieron supervisar esos ámbitos, incluida Summa, quien en ese entonces aún estaba en funciones al frente del área de Adultos Mayores.

El ejercicio de un cargo público con responsabilidad sobre un sector tan vulnerable como los adultos mayores requiere una acción de vigilancia activa

REITERACIÓN DE FALLAS

El 26 de septiembre de 2025, un incendio mortal en la residencia “Nuevo Amanecer” —también denunciada como un lugar que no cumplía con las condiciones reglamentarias— terminó con la vida de al menos cinco adultos mayores y dejó decenas de heridos graves. Desde el municipio, Summa declaró que las normativas de seguridad estaban cumplidas y que el contralor “acompañaba” al organismo sanitario provincial, responsabilizándolo por las habilitaciones.

Esta postura oficial deslinda responsabilidades formales hacia otro nivel de gobierno, pero contradice la expectativa mínima de supervisión y vigilancia que debe ejercer la autoridad municipal en coordinación con la Provincia, especialmente después del antecedente de 2022 y de múltiples alertas y advertencias periodísticas y de los concejales opositores.

Adicionalmente, en la cobertura periodística publicada en octubre de 2025, se consignó que Summa calificó inicialmente el siniestro como un “accidente”, pese a que la investigación judicial manejaba hipótesis de homicidio culposo múltiple y pese a tener a la vista antecedentes de negligencia en otros casos.

El ejercicio de un cargo público con responsabilidad sobre un sector tan vulnerable como los adultos mayores requiere una acción de vigilancia activa, articulación con niveles superiores del Estado y apertura a la discusión pública de los problemas graves que se detectan. La documentación periodística deja en claro al menos tres puntos:

Existían alertas tempranas sobre lugares irregulares que debieron ser gestionados con más rigor y transparencia por la autoridad municipal.

Los controles aplicados —según las propias declaraciones oficiales— se limitaron a acompañar o asistir, pero no a intervenir efectivamente donde había evidencias de riesgo.

Summa y el gobierno municipal persistieron en discursos defensivos y exculpatorios ante la prensa luego de tragedias, en lugar de asumir compromisos claros de mejora, rendición de cuentas y rectificación de políticas de contralor.

Estos elementos no son menores: no se trata sólo de una cuestión de competencias legales, sino de la responsabilidad política y administrativa de evitar que decisiones —o la ausencia de ellas— terminen costando vidas humanas.

Lamentablemente con semejantes antecedentes de negación y falta de aptitud ahora se la “premie” con un cargo de directora para ocuparse de las infancias, no parece ser una buena idea, aunque en la gestión petrequista alguien se encargará de ocultar la realidad.