El teatro San Carlos, con más sombras que luces

“Amistades peligrosas: ¿Quién habilitó el San Carlos?” fue el título de una publicación de SEMANARIO del 12 de marzo de 2025, brindando los antecedentes más rigurosos y menos atendidos de la escena cultural y política local en años recientes. La nota detallaba —con documentos, fuentes y análisis— que la reapertura del Cine Teatro San Carlos, la mítica sala de espectáculos de Avenida Arias “restaurada” tras 14 años de abandono, no contaba con ningún “papel” formal de habilitación municipal cuando decenas de miles de asistentes ya se preparaban para volver a sus butacas.

Hoy, 365 días después de aquella publicación que fue ignorada por sectores oficialistas y medios vinculados al municipio, la controversia vuelve a emerger con fuerza no porque lo publiquen los mismos protagonistas culturales que beneficiaron la reapertura; sino porque dos pedidos de informes independientes ingresaron al Honorable Concejo Deliberante de Junín. Uno lleva la firma del dirigente Javier Souto, planteado como ciudadano común, y otro proviene de la concejal Belén Veronelli por el bloque de “La Libertad Avanza”, marcando un punto de inflexión en la vida institucional de la ciudad.

La historia del San Carlos es patrimonio de Junín. Inaugurado en 1946, fue en su momento —según registros históricos— la segunda sala de teatro con mayor capacidad del país, apenas detrás del Teatro Gran Rex, y se consolidó como referente de espectáculos, cine y cultura regional. Sin embargo, el cierre del 22 de diciembre de 2010 dejó un vacío que tardó más de una década en revertirse. El 27 de julio de 2024 fue concesionado por diez años a la familia Dimarco, y tras restauraciones complejas reabrió oficialmente sus puertas al público el 15 de marzo de 2025.

Pedido informes del teatro San Carlos by SEMANARIO DE JUNÍN

Pese a este retorno que muchos celebraron como un logro cultural, desde el inicio no hubo claridad sobre la habilitación municipal requerida para recibir multitudes. La legislación y los protocolos que regulan espectáculos públicos no son un “detalle burocrático”: incluyen inspecciones de riesgos, certificados de seguridad, planes contra incendios y condiciones edilicias que deben cumplir espacios con concurrencia masiva. La falta de respuestas oficiales ante consultas fue la razón por la cual Seminario dio cuenta temprana del vacío administrativo en torno al San Carlos.

Un año después de esa primicia no hay constancia pública de que se haya iniciado o completado el trámite de habilitación municipal correspondiente.

Esta ausencia de información no es menor: se trata de una sala con capacidad para casi 1.800 personas, que funcionó regularmente ofreciendo cine y espectáculos sin que se haya acreditado públicamente que cumpliera con exigencias básicas como certificación de seguridad antisiniestral o autorización del destacamento de bomberos.

En ese vacío informativo —y en contraste con la pompa de la reapertura— ahora se puso en marcha el pedido de una respuesta institucional que hasta ahora había estado ausente.

El Concejo Deliberante se enfrenta a la obligación de clarificar si el San Carlos funcionó legalmente durante todo 2025, y bajo qué condiciones se proyecta que lo haga en adelante

LOS PEDIDOS QUE SACUDEN AL CONCEJO

El primero de los pedidos de informes fue impulsado por Javier Souto, dirigente vinculado a las ideas libertarias, aunque en este caso actuó en su carácter de ciudadano común. La presentación busca que el Concejo Deliberante requiera al Ejecutivo Municipal información detallada —y documentada— sobre el estado real de la habilitación del Cine Teatro San Carlos. Según la iniciativa, se reclama acceso a:

-La copia del trámite de habilitación municipal oficial.

-El certificado de seguridad antisiniestral. -Detalles del plan de evacuación obligatorio para salas de espectáculos.

-El informe técnico profesional exigido por normativa.

-La habilitación formal emitida al destacamento de bomberos que debería controlar el lugar.

Este conjunto de requisitos no es un capricho político: son condiciones que establece la legislación vigente para que un espacio que convoca a miles de personas pueda funcionar sin poner en riesgo a vecinos y espectadores. La ausencia de estos documentos en el expediente público durante todo 2025 y principios de 2026 fue la que motivó aquel adelanto periodístico de este medio y la que ahora motiva la exigencia formal en el Concejo.

Pocos minutos después de la presentación de Souto, ingresó al cuerpo legislativo otro pedido de informes a cargo de la concejal Belén Veronelli, también cuestionando los mismos puntos de habilitación, pero ampliándolo hacia otras cuestiones urbanísticas que involucran al empresario concesionario.

En su presentación, Veronelli incluyó un segundo eje relacionado con la modificación no discutida del Código Urbano para permitir obras y transformaciones en el predio de las ex Bodegas Giol, proyecto que el mismo concesionario -Condorito Dimarco- anunció como un futuro centro comercial.

Este segundo pedido no es menor: no solo pone el foco en la habilitación del teatro-cine, sino en la forma en que el municipio ha acompañado y consentido emprendimientos paralelos sin los debidos controles legales.

Este nuevo capítulo deja una lección clara: no basta con restaurar un ícono cultural si no se respeta el marco de seguridad y habilitación que protege a todos

INFORMALIDAD INSTITUCIONAL

Lo que hasta hace poco era debate circunscripto a grupos de vecinos o a publicaciones críticas que circulaban fuera de los medios mayoritarios, ahora llegó a una instancia formal de la representación democrática local. El Concejo Deliberante —órgano encargado de controlar al Ejecutivo a través de mecanismos como el pedido de informes— se enfrenta a la obligación de clarificar si el San Carlos funcionó legalmente durante todo 2025, y bajo qué condiciones se proyecta que lo haga en adelante.

El silencio oficial, por ahora, se ha mantenido. Ni el municipio ni los responsables del Teatro San Carlos han divulgado públicamente documentación que acredite que la sala cumple con todas las exigencias de habilitación.

Tampoco parece haber registro de que los documentos que ahora se reclaman hayan sido presentados ante el Concejo o ante organismos de control. Este vacío administrativo —que en su momento fue denunciado aquí con precisión— ahora deberá enfrentar el escrutinio público a través de herramientas institucionales.

Más allá de la retórica sobre la “vuelta del ícono cultural” que dominó la inauguración, el reclamo actual apunta a algo esencial: la seguridad jurídica y material de miles de personas que asisten regularmente a funciones en el San Carlos. Una habilitación no es una formalidad menor: es una garantía técnica de que la sala cumple transformaciones edilicias y medidas de seguridad imprescindibles para espectáculos masivos.

La situación del Cine Teatro San Carlos toma así un nuevo giro un año después de la revelación periodística temprana SEMANARIO. La primicia original —que la sala no estaba habilitada formalmente pese a su reestreno— no solo no fue desmentida con documentos oficiales, sino que hoy se ratifica con la presentación de dos pedidos de informes formales en el Concejo Deliberante que exigen respuestas claras.

Más preocupante aún: la falta de transparencia persistente pone en entredicho la gestión municipal, que durante largos meses prefirió la celebración mediática de la reapertura antes que asegurar el cumplimiento de las normas que protegen a los vecinos. La habilitación no es una firma de festejo, es una garantía de que un espacio con la capacidad y la trascendencia histórica del San Carlos opera dentro del marco legal y técnico exigido por el Estado.

Este nuevo capítulo deja una lección clara: no basta con restaurar un ícono cultural si no se respeta el marco de seguridad y habilitación que protege a todos. En un año, el municipio tuvo tiempo de generar tranquilidad institucional y técnica; hoy, con el reclamo formal de explicaciones, deberá demostrarlo.