La abogada santiagueña acusada de gestos racistas en Río de Janeiro volverá al país, pero deberá indemnizar a las víctimas

Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de racismo, enfrentó esta tarde el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro, que originalmente incluía una pena potencial de hasta 15 años de cárcel.

Durante la primera audiencia, la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según explicó Carla Junqueira, abogada de la acusada, a la salida de la audiencia.

“En estos días me van a dejar volver a casa”, dijo Agostina Páez, aliviada, al salir de la sesión, que se extendió por más de tres horas. “Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas”, sumó.

La fiscalía pidió que Paéz indemnice con cerca de US$50.000 a cada una de las víctimas. La condena se transforma, de esta forma, en un resarcimiento. El juez, en tanto, todavía no se expidió. Los montos finales se sabrán tras la firma de la resolución, que se espera que tenga lugar en los próximos días y que determine, a su vez, la instrumentación de la salida del país de Páez.

Marco legal y cargos

La acusación fiscal se fundamentó en tres hechos de injuria racial que tuvieron lugar el 14 de enero en un bar del área de Ipanema. Según los registros audiovisuales incorporados a la causa, el incidente se originó por una discusión respecto al cobro de una cuenta, tras lo cual la joven fue filmada realizando gestos que imitaban a un mono y sonidos discriminatorios dirigidos a empleados del establecimiento.

La reducción de tres delitos a uno era uno de los objetivos centrales de la defensa, liderada por Junqueira, para destrabar el regreso de Páez a la Argentina. “Estamos muy conformes con el resultado”, afirmó la abogada, quien abandonó el edificio judicial entre sonrisas y gestos de distensión, acompañada por su defendida y el abogado Sebastián Robles.

Dentro del juzgado, Páez estuvo acompañada por Junqueira y el cónsul argentino adjunto en Río de Janeiro, Maximiliano Alaniz, que también es abogado. La joven permanecía desde hace dos meses con la prohibición de abandonar Brasil y es monitoreada con una tobillera electrónica. Era acusada inicialmente de tres delitos de injuria racial.

El altercado que originó la causa ocurrió el 14 de enero, tras una discusión con los mozos de un bar de Ipanema por una cuenta mal cobrada. Aunque la joven afirmó inicialmente que se había retirado a los gritos, su gesto discriminatorio —imitando el movimiento de un mono— quedó registrado en un video viral que se convirtió en prueba central para la Justicia brasileña.

El rol del Consulado Argentino

En una intervención que significó un espaldarazo a la defensa de la joven, la diplomacia argentina decidió actuar dentro del proceso. El Consulado Argentino en Río de Janeiro, encabezado por Jorge Perren, presentó a fin de la semana pasada una nota formal ante el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

El documento no buscó interferir en la soberanía jurídica de Brasil, sino ofrecer garantías: el consulado explicó al magistrado que la Argentina se compromete a asegurar que el proceso penal pueda ser cumplido y monitoreado desde nuestro país. Es un movimiento central de la estrategia de la defensa, liderada por Junqueira.

El objetivo de la movida era convencer al juez de que Páez puede seguir a derecho y responder a las citaciones desde la Argentina, evitando que un proceso que podría prolongarse durante años exija una permanencia forzada en Brasil o derive en prisión efectiva.

Esta tarde, Páez llegó a la audiencia con una imagen renovada, tras haber admitido en sus redes sociales que cometió “una reacción muy grave” y tras pedir disculpas “de todo corazón” a quienes se sintieron humillados por su actitud.