Malvinas, la soberanía y los falsos patriotas

EDITORIAL PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 508 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2026

A 43 años de la guerra, una decisión judicial en Estados Unidos recordó algo que en la Argentina a veces se olvida: la soberanía no es un discurso. Es una potestad real de los Estados, incluso cuando molesta a los propios dirigentes.

Cada 2 de abril, Argentina vuelve la mirada hacia las Islas Malvinas. No se trata solamente de un recuerdo histórico ni de una conmemoración patriótica: es, sobre todo, un ejercicio de memoria sobre la soberanía. Sobre el derecho de un país a decidir sobre su territorio, sus recursos y su destino.

La guerra de 1982 fue una tragedia que dejó profundas heridas, pero también consolidó una convicción que atraviesa generaciones: la causa Malvinas es una política de Estado. No depende de gobiernos ni de coyunturas. Es parte de la identidad nacional y eso ni siquiera debiera discutirse.

Sin embargo, la soberanía no se expresa únicamente en los discursos del calendario patriótico. También se manifiesta en decisiones concretas, muchas veces más silenciosas, que determinan quién tiene la potestad de definir el rumbo de un país.

En ese terreno, en los últimos días ocurrió un hecho que merece ser observado con atención. Un tribunal de los Estados Unidos consideró que la Argentina actuó como un Estado soberano al tomar la decisión de expropiar la empresa YPF, lo que dejó sin efecto una condena que pretendía imponer al país un pago cercano a los 16.000 millones de dólares.

La resolución no sólo tuvo impacto económico. También implicó un reconocimiento jurídico fundamental: los Estados tienen facultades soberanas para adoptar decisiones estratégicas sobre sus recursos y sus empresas.

La nacionalización de YPF fue, precisamente, una de esas decisiones. Puede discutirse su oportunidad política, su instrumentación o sus resultados. Lo que parece difícil de negar, a la luz del fallo judicial, es que se trató de un acto respaldado por el derecho soberano de la Argentina.

Ese andamiaje jurídico fue tan sólido que ni siquiera los llamados “fondos buitre” lograron desmontarlo.

En este caso, esa estrategia encontró un límite.

La paradoja política aparece cuando se observa la reacción del gobierno nacional. El presidente Javier Milei terminó celebrando un resultado que, según había expresado en otras oportunidades, difícilmente esperaba. Incluso llegó a atribuirse el mérito de la resolución junto con la pléyade de aplaudidores seriales de sus papelones.

La situación no deja de ser llamativa. A lo largo de su trayectoria pública, Milei ha mostrado escasa afinidad con el concepto de soberanía estatal aplicado a la economía. Su mirada ha estado mucho más cerca de la lógica del mercado global que de la defensa del rol del Estado en decisiones estratégicas.

En ese marco, la expropiación de YPF fue, durante años, uno de los ejemplos más criticados por el actual presidente y por buena parte de su espacio político.

Por eso, el contraste adquiere un valor simbólico particular. Un fallo judicial extranjero terminó ratificando la legitimidad de una decisión soberana que el propio oficialismo había cuestionado con dureza.

No es un dato menor en la víspera de un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas.

Porque, en definitiva, la discusión de fondo es siempre la misma: qué significa ejercer soberanía.

La soberanía no se limita a reclamar territorios en foros internacionales. También implica defender la capacidad de un país para tomar decisiones sobre sus recursos naturales, sus empresas estratégicas y su modelo de desarrollo.

No siempre esas decisiones son perfectas. Pero renunciar a la posibilidad de tomarlas sería, en sí mismo, una forma de resignar soberanía.

Por eso el 2 de abril no es sólo una fecha de recuerdo. Es una invitación a reflexionar sobre el presente.

Mientras los argentinos homenajean a quienes combatieron en Malvinas, la realidad vuelve a recordar que la soberanía se defiende en muchos frentes. En la diplomacia, en la política y también en los tribunales.

Motivo por el cual, convendría que los falsos patriotas pongan las barbas en remojo. Caso contrario el pueblo soberano terminará dándole la espalda.