Un bar icónico y una concesión sospechosa

La Municipalidad de Junín volvió a licitar la concesión del bar ubicado en el edificio del Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa, conocido por los vecinos como el MUMA. Se trata de uno de los espacios gastronómicos más visibles del centro de la ciudad: una esquina histórica sobre el eje comercial de la calle Sáenz Peña, frente al circuito cultural del casco urbano.

El proceso se tramitó bajo la Licitación Pública Nº 07/2026. A primera vista podría tratarse de una licitación más para la explotación de un café-bar. Pero al comparar el nuevo pliego con el que se utilizó en 2022 aparecen modificaciones sustanciales que, desde el punto de vista económico y administrativo, cambian las condiciones del negocio.

Uno de los primeros cambios llamativos es el valor del pliego. En la anterior oportunidad, en enero de 2022 el valor tenía un costo de $10.000 que según la calculadora de inflación representarían unos $190.000 actuales; sin embargo, el gobierno a cargo interinamente de Juan Fiorini le puso en esta ocasión un valor de venta de $500.000, lo cual ya implicaría dejar afuera a varios interesados.

La apertura para la compra de los onerosos pliegos se dispuso el 9 de abril pasado y finalizó este martes 21. Las firmas adquirentes de pliegos al momento de formalizar la compra del mismo, debieron fijar en forma fehaciente, domicilio legal en la ciudad de Junín. Las propuestas se darán a conocer públicamente el viernes 24 de abril a las 10.

Los cambios en la licitación no son menores y por ese motivo resultan motivo de análisis de SEMANARIO debido a la opacidad con que el Ejecutivo municipal maneja los bienes públicos. Afectan tres aspectos centrales: la duración del contrato, el sistema de canon que debe pagar el concesionario y la forma en que se evaluarán las propuestas. En conjunto, estos elementos redefinen el equilibrio entre el interés público y la rentabilidad privada.

LARGO PLAZO

Uno de los cambios más visibles está en la duración de la concesión. El pliego utilizado en 2022 establecía un esquema relativamente breve: tres años de explotación con la posibilidad de prorrogar otros tres. En el mejor de los casos, el concesionario podía permanecer seis años en el local.

El nuevo pliego modifica ese esquema y fija una concesión inicial de siete años con la posibilidad de extenderla dos años más. Es decir, el negocio podría prolongarse hasta nueve años.

En términos económicos, la diferencia es significativa. Un contrato más largo permite amortizar inversiones con mayor facilidad y otorga estabilidad al emprendimiento. Para el concesionario, significa disponer durante casi una década de un local ubicado en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Pero también implica una decisión política: el municipio compromete el uso de un bien patrimonial durante un período más extenso. Más aún teniendo en cuenta que la actual administración municipal a cargo del interino Juan Fiorini deberá renovar mandato el año próximo.

En general, cuando los plazos de concesión se amplían, las administraciones públicas suelen justificar la medida en la necesidad de recuperar inversiones importantes. Sin embargo, esa relación entre inversión y plazo debería estar claramente explicitada en los fundamentos del pliego.

La pregunta que surge es simple: ¿qué motivó el cambio de seis a nueve años en la explotación posible del local?

UN CANON POCO CLARO

El segundo cambio relevante aparece en el sistema de canon, es decir, el monto que el concesionario debe pagar al municipio por explotar el espacio.

El pliego de 2022 fijaba un canon mínimo escalonado en módulos. Durante el primer año debía pagarse un monto determinado que luego aumentaba en los años siguientes. Este sistema ofrecía dos ventajas: establecía un piso de ingresos para el municipio y garantizaba previsibilidad en la licitación.

En el nuevo pliego, en cambio, el canon pasa a depender de la oferta presentada por cada participante. El monto ya no está previamente fijado, sino que se integra a la propuesta general del proyecto.

Este cambio introduce mayor flexibilidad, pero también reduce las certezas sobre cuánto percibirá la Municipalidad por la concesión

Cuando el canon se define en el marco de una oferta global, puede quedar compensado por otros factores, como la inversión en obras o la propuesta de ambientación. Esto significa que una propuesta con menor canon podría imponerse si el proyecto técnico obtiene mejor valoración.

Desde el punto de vista administrativo, el esquema exige que el sistema de evaluación sea particularmente claro para evitar cuestionamientos.

¿PLAZO DE GRACIA?

Entre las modificaciones del nuevo pliego aparece una cláusula que no figuraba en el documento anterior: la posibilidad de otorgar un período de gracia en el pago del canon.

Según el texto de la licitación, el municipio podría permitir que el adjudicatario no pague canon durante un plazo de hasta dos años, en función de las inversiones comprometidas para la puesta en valor del local.

En teoría, este mecanismo busca incentivar mejoras edilicias o inversiones en el espacio. Pero su aplicación tiene consecuencias directas sobre los ingresos municipales.

Si el plazo de gracia se otorgara en su máxima extensión, el concesionario podría explotar el bar durante dos años sin pagar el canon correspondiente. En un contrato de siete años, eso representa casi un tercio del período inicial de concesión.

ARGUMENTO SOSPECHOSO

El nuevo pliego pone un fuerte acento en la llamada “puesta en valor” del local. El adjudicatario deberá presentar un proyecto que incluya la refacción de sanitarios, mejoras en la cocina, reparación de techos y una ambientación acorde con el carácter patrimonial del edificio. Algo similar pasó con el teatro San Carlos, aunque se trató de un acuerdo entre privados, a pesar de la presión del Ejecutivo sobre los propietarios.

Estas intervenciones son razonables si se tiene en cuenta que el bar forma parte de un inmueble histórico. El edificio del antiguo mercado municipal, hoy sede del museo, constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más representativos del centro de Junín.

Sin embargo, el concepto de puesta en valor también funciona como argumento para justificar el esquema económico del contrato.

Cuando una concesión exige inversiones iniciales, es habitual que se extiendan los plazos de explotación o se otorguen facilidades en el pago del canon. El problema aparece cuando esas variables no quedan claramente delimitadas.

Si las inversiones requeridas no están cuantificadas con precisión, resulta difícil evaluar si el beneficio concedido al concesionario es proporcional a la mejora realizada y por ende se genera un “beneficio” extra de dudosa necesidad.

EVALUACION DEL PROYECTO

Otro punto que introduce cambios respecto del pliego anterior es el peso otorgado al proyecto de gestión y ambientación.

Los oferentes deberán presentar una propuesta que describa cómo funcionará el bar, qué tipo de servicio ofrecerá y cómo se integrará el espacio con el edificio del museo.

Este tipo de exigencias apunta a garantizar que el emprendimiento respete el carácter cultural del lugar. El bar del MUMA no es un comercio cualquiera: forma parte de un complejo patrimonial y su actividad impacta en el entorno urbano.

No obstante, cuando los criterios técnicos adquieren mayor peso que la oferta económica, la evaluación se vuelve más compleja. La decisión final dependerá en buena medida de la interpretación que haga la comisión evaluadora sobre la calidad de cada proyecto.

En estos casos, la transparencia del proceso depende de que el sistema de puntajes esté claramente definido y publicado. Y como siempre la pregunta incómoda: ¿cómo y con qué pareceres se conforma dicha comisión evaluadora?

PUNTO CLAVE

Más allá de las cuestiones administrativas, la concesión del bar del MUMA tiene una dimensión simbólica y urbana.

El local ocupa una esquina emblemática del centro de Junín. Durante décadas funcionó allí el recordado bar “Los Mandarines”, un espacio que formó parte de la vida social de la ciudad. Su ubicación lindera al museo y sobre el eje de la calle Sáenz Peña lo convierte en un punto de encuentro privilegiado.

Para cualquier emprendimiento gastronómico, la localización representa un activo considerable. El flujo de peatones, la cercanía con el circuito cultural y la visibilidad del edificio garantizan una clientela potencial importante.

Por ese motivo, las condiciones de la concesión no son un asunto menor.

Las licitaciones públicas son, en principio, el mecanismo más transparente para adjudicar la explotación de bienes del Estado. Pero su eficacia depende de la claridad de las reglas y de la publicidad del proceso.

Llamativamente, algunas de las licitaciones millonarias que lanzó el municipio últimamente resultaron de poca participación empresarial, de hecho la privatización de la administración de la nueva terminal de ómnibus terminó en manos del grupo que la construyó tras ser el único oferente, mientras que las obras para el mantenimiento de los caminos rurales también tuvo una oferta única y fue para la misma empresa que lleva delante de modo poco eficiente el relleno sanitario del distrito.

Por eso cuando los pliegos introducen cambios significativos respecto de versiones anteriores, es razonable que se expliquen las razones de esas modificaciones, incluso por parte del actual poder Ejecutivo que no suele dar explicaciones ni siquiera cuando los concejales presentan un pedido de informe.

En este caso, la ampliación del plazo de concesión, la flexibilización del canon y la posibilidad de otorgar períodos de gracia configuran un nuevo escenario económico para el emprendimiento.

Cada uno de esos elementos puede tener una justificación técnica. Pero en conjunto plantean un interrogante que no debería quedar sin respuesta: cuál es el criterio adoptado por el municipio para redefinir las condiciones del contrato.

La licitación del bar del MUMA no es un expediente más dentro de la administración municipal. El contrato que surja de este proceso podría extenderse hasta nueve años.

En términos políticos y administrativos, eso significa que la decisión tomada hoy condicionará la gestión de varias administraciones futuras.

Por ese motivo, la discusión sobre las condiciones del pliego no debería limitarse a los aspectos formales. También implica preguntarse cuál es el modelo de gestión que se quiere para un espacio público que combina valor patrimonial, actividad cultural y explotación comercial.

El bar del MUMA forma parte del paisaje urbano de Junín y de su memoria colectiva.

La forma en que se administre en los próximos años será, en definitiva, una señal sobre cómo se conciben los bienes públicos en la ciudad.