Rutas en debate: rechazo a la provincialización y a los peajes

El reciente decreto del Poder Ejecutivo que plantea la provincialización de rutas nacionales y habilita su financiamiento mediante peajes directos encendió una fuerte polémica. Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresaron un rechazo contundente a la iniciativa, al considerar que vulnera principios básicos de la Constitución Nacional y podría generar consecuencias negativas tanto para los usuarios como para las economías regionales.

Según el documento difundido por la entidad, la medida carece de una ley formal que la respalde, un requisito indispensable cuando se trata de decisiones que implican la creación o modificación de cargas económicas. En términos más simples: el Estado no puede cobrarle a la gente sin que antes exista una ley aprobada por el Congreso que lo autorice.

Para el CONADUV, el nuevo esquema de peajes encubriría, en la práctica, un impuesto sin sustento legal.

El eje de la discusión gira en torno al rol del Estado nacional en el mantenimiento de la red vial. Desde la organización sostienen que las rutas nacionales son responsabilidad directa de la Nación y que transferir su gestión a las provincias —o eventualmente al sector privado— sin los recursos correspondientes implica desentenderse de una obligación central. Esto, advierten, rompe el equilibrio federal y termina trasladando el problema a jurisdicciones que no siempre cuentan con la capacidad financiera para afrontarlo.

¿QUÉ ES UN PEAJE?

Uno de los puntos más sensibles es el sistema de peajes. En la Argentina, el peaje es considerado válido cuando funciona como una tasa, es decir, cuando el usuario paga a cambio de un servicio concreto y proporcional, como el mantenimiento efectivo de la ruta.

 Sin embargo, el CONADUV sostiene que en este caso no existen garantías claras de que esa contraprestación se cumpla. Por eso, entienden que el peaje dejaría de ser una tasa para convertirse en un “impuesto encubierto”.

Llevado a la vida cotidiana, el planteo es sencillo: un transportista, un productor agropecuario o cualquier vecino que deba circular por rutas nacionales podría terminar pagando dos veces por lo mismo. Por un lado, a través del impuesto a los combustibles —que, en teoría, debería destinarse al mantenimiento vial— y por otro, mediante un peaje directo en ruta. Esta “doble imposición”, según la entidad, resulta irrazonable y afecta directamente los costos de movilidad.

Las críticas no se quedan en lo jurídico. También apuntan al impacto económico y social. Desde el CONADUV advierten que encarecer el transporte repercute en toda la cadena productiva, especialmente en regiones como el interior bonaerense, donde el traslado de granos, insumos y mercaderías depende casi exclusivamente de la red vial. Un aumento en los costos logísticos, sostienen, termina afectando la competitividad y, en última instancia, los precios que paga el consumidor.

A esto se suma la preocupación por la seguridad vial. La entidad cuestiona que se avance en un esquema de cobro sin garantizar previamente mejoras concretas en el estado de las rutas.

“Cobrar sin asegurar condiciones adecuadas de transitabilidad es trasladar el riesgo al usuario”, señalan en el documento. En otras palabras, el temor es que los conductores paguen más sin recibir mejores caminos.

Otro aspecto señalado es la posible restricción al derecho a circular libremente. Si el sistema de peajes se implementa sin alternativas gratuitas —es decir, sin caminos paralelos libres de pago—, el tránsito quedaría condicionado al abono de una tarifa. Para el CONADUV, esto representa una limitación indebida a un derecho básico consagrado por la Constitución.

En ese contexto, la organización plantea una alternativa de fondo: la necesidad de un proyecto vial integral que abarque toda la red caminera del país y que garantice el uso correcto de los fondos ya existentes. En particular, insisten en que el impuesto a los combustibles debería destinarse efectivamente a su finalidad original, evitando desvíos hacia otros usos.

También proponen fortalecer el rol del Estado a través de la Dirección Nacional de Vialidad, con una planificación estratégica que no dependa de soluciones parciales o de corto plazo. En esa línea, sugieren avanzar hacia un sistema de transporte multimodal —que combine rutas, trenes y vías fluviales— como política de Estado.

El planteo del CONADUV se inscribe en un debate más amplio sobre cómo financiar la infraestructura en la Argentina y quién debe asumir ese costo. Mientras el Gobierno busca alternativas ante la falta de recursos, distintos sectores advierten sobre los riesgos de trasladar la carga directamente a los usuarios sin un marco legal claro y sin garantías de mejora en el servicio.

Lo que queda claro es que cualquier cambio en el sistema vial no pasa inadvertido en un país donde las rutas no sólo conectan territorios, sino que también sostienen buena parte de la actividad económica diaria.