BONAERENSES | 29 ABR 2026
INICIATIVA DE MONTENEGRO
El PRO impulsa una reforma penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años en Provincia
El proyecto busca adaptar la legislación bonaerense al nuevo régimen nacional, con un fuerte énfasis en garantías procesales. Pide que desde los 14 años ya puedan ser juzgados aquellos que comentan delitos y las penas no podrán superar los 15 años de prisión.
En sintonía con el nuevo esquema impulsado a nivel nacional, el senador Guillermo Montenegro presentó en la Legislatura un proyecto para reformar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, en línea con lo establecido por la Ley 27.801. La iniciativa cuenta con el apoyo de todo el bloque amarillo y fue presentada en las últimas horas.
El proyecto propone una modificación integral de la Ley 13.634, que regula actualmente el fuero de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de adecuarla a los nuevos estándares nacionales y a los compromisos internacionales en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, según declaran en el proyecto.
El punto más relevante —y también el más controversial— es la decisión de extender la punibilidad a adolescentes desde los 14 años, cuando el esquema vigente se estructuraba sobre la inimputabilidad hasta los 16. Desde el PRO sostienen que la medida responde a una transformación en la dinámica del delito juvenil y a la necesidad de “terminar con zonas de impunidad”.
Sin embargo, distintos especialistas vienen cuestionando este tipo de reformas al advertir que no existe evidencia concluyente de que la baja de la edad de imputabilidad reduzca el delito, sino que podría profundizar procesos de criminalización temprana.
MÁS CASTIGO, PERO TAMBIÉN MÁS GARANTÍAS
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que, junto con la ampliación del alcance punitivo, incorpora un fuerte paquete de garantías procesales para los adolescentes imputados.
Entre ellas, se destacan:
- Defensa técnica desde el inicio del proceso
- Debido proceso reforzado
- Plazos razonables de juzgamiento, con sanciones por demoras
- Reserva estricta de identidad
- Principio de mínima intervención y proporcionalidad
El texto también establece que todas las decisiones judiciales deberán estar orientadas a la educación, resocialización e integración social del joven, en línea con los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este doble enfoque deja en evidencia una tensión interna en la iniciativa: mientras avanza en la baja de la edad de imputabilidad, intenta sostener un modelo con fuerte impronta garantista y socioeducativa.
ALTERNATIVAS AL ENCIERRO Y ENFOQUE RESTAURATIVO
Lejos de plantear un esquema puramente punitivo, el proyecto impulsa un sistema de sanciones escalonado, donde la privación de la libertad aparece como último recurso.
En ese marco, se incorporan herramientas como:
- Mediación penal juvenil Suspensión del proceso a prueba
- Reparación del daño a la víctima Servicios comunitarios
- Programas educativos y laborales
Además, se fija un límite máximo de 15 años para las penas privativas de libertad y se prohíbe expresamente la prisión perpetua para menores de edad.
El objetivo declarado es promover la responsabilización del adolescente sin romper sus vínculos sociales, evitando que el sistema penal profundice situaciones de exclusión.
MAYOR PROTAGONISMO DE LA VÍCTIMA
Otro de los ejes centrales de la reforma es el refuerzo del rol de la víctima dentro del proceso penal juvenil.
El proyecto establece que las víctimas podrán:
- Ser informadas de las decisiones del fiscal Oponerse al archivo de la causa
- Participar en instancias de mediación Acceder a patrocinio jurídico gratuito
- Ser escuchadas en audiencias clave
De esta manera, la iniciativa busca equilibrar un sistema históricamente centrado en el imputado, incorporando la perspectiva de quienes sufren el delito.
DUDAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN
Más allá de su alcance normativo, uno de los principales interrogantes gira en torno a la capacidad real de implementación del nuevo régimen.
El proyecto prevé la intervención de equipos interdisciplinarios, supervisores especializados, programas educativos y dispositivos de seguimiento permanente, lo que implica una fuerte inversión estatal y coordinación institucional.
En ese contexto, surgen dudas sobre si la Provincia cuenta con los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento efectivo de este esquema, o si existe el riesgo de que la reforma quede limitada a lo formal, según indicaron asesores del bloque oficialista en el Senado.
