El Gobierno tiene avanzado un nuevo esquema de reformas orientadas a profundizar la desregulación de distintos sectores de la economía y analiza enviarlo al Congreso en los próximos días. El paquete incluye modificaciones en áreas consideradas estratégicas, como la comercialización de medicamentos, la actividad naviera de cabotaje y el negocio inmobiliario.
La propuesta es elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Cerca del funcionario aseguran que los proyectos ya están redactados y listos para avanzar cuando exista una ventana política favorable para su tratamiento legislativo.
De acuerdo con fuentes oficiales, las iniciativas apuntan a revisar normas vigentes desde hace décadas. Entre ellas, figuran cambios sobre el régimen de cabotaje, la ley que regula las farmacias y la normativa vinculada a corredores inmobiliarios. En el Ejecutivo sostienen que las medidas buscan bajar costos operativos, fomentar una mayor competencia y facilitar el ingreso de nuevos actores a esos mercados, eliminando restricciones que consideran obsoletas.
La desregulación inmobiliaria es una de las medidas que promete abrir una discusión profunda sobre el futuro del corretaje, los honorarios, la intermediación y los nuevos modelos de negocio.
Sturzenegger ya había adelantado recientemente que el Ejecutivo enviará en junio al Congreso un paquete de medidas orientadas a flexibilizar el mercado inmobiliario, reducir costos en las operaciones y habilitar una mayor competencia dentro de la actividad.
Entre los puntos que figurarían en el texto del proyecto sobresalen:
Como se mencionó, la intención oficial apunta a bajar costos transaccionales y generar un esquema más competitivo dentro de la actividad.
Según planteó Sturzenegger durante un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la UCA, el objetivo pasa por eliminar "privilegios" y reducir barreras que, según su mirada, encarecen las operaciones.
Dentro del Gobierno consideran que muchos costos vinculados a la intermediación funcionan bajo estructuras poco competitivas y sostienen que una mayor apertura podría acelerar nuevos modelos de comercialización, digitalización y servicios inmobiliarios.
Uno de los principales focos aparece sobre los colegios profesionales y los sistemas de matriculación obligatoria. Actualmente, el corretaje inmobiliario funciona bajo regulaciones provinciales y colegios profesionales que fijan requisitos para ejercer la actividad. En varias jurisdicciones también existen referencias arancelarias mínimas para honorarios.
En concreto, la normativa vigente establece que quienes quieran desempeñarse como corredores o martilleros públicos deben contar con título universitario y matrícula profesional habilitante.
La reforma que evalúa impulsar el Gobierno propone flexibilizar esas exigencias y habilitar a que cualquier persona pueda participar en la intermediación de operaciones inmobiliarias, sin necesidad de acreditar formación específica ni inscripción profesional obligatoria.
Desde el oficialismo argumentan que el objetivo es reducir barreras de ingreso y aumentar la competencia dentro del sector. Desde sectores alineados con la reforma sostienen que el esquema actual limita la competencia y dificulta el ingreso de nuevos modelos comerciales.
Sin embargo, dentro del mercado inmobiliario también aparecen posiciones intermedias y sectores que advierten sobre posibles riesgos.
Diego Álvarez Espín, economista, abogado y fundador de Mercadoinmobiliario (MI), consideró que existe margen para modernizar procesos y flexibilizar ciertas estructuras, aunque aclaró que eliminar controles podría generar problemas mayores. Sostuvo: "El mercado necesita más competencia, modernización y menores costos, pero eso no puede implicar pérdida de seguridad jurídica".
Álvarez Espín explicó que una operación inmobiliaria involucra aspectos técnicos, fiscales y patrimoniales que exceden la simple publicación de una propiedad. Indicó: "Hay análisis de títulos, documentación, cuestiones impositivas y responsabilidades patrimoniales que forman parte de cualquier operación".
Según analizó, el verdadero desafío pasa por encontrar un equilibrio entre apertura y profesionalización. Planteó: "La solución no debería ser mercado corporativo versus mercado libre. Lo razonable sería avanzar hacia un sistema mixto con libertad, pero también con estándares mínimos de idoneidad y responsabilidad".
Dentro de las posiciones más críticas aparece Marta Liotto, referente del sector y presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario porteño. Cuestionó duramente la posibilidad de avanzar hacia una desregulación total del corretaje y defendió el rol de la matrícula profesional.