Teatro San Carlos: en el Concejo piden informes urgentes y advierten con la clausura del teatro

La polémica por la habilitación del Cine Teatro San Carlos sumó un nuevo capítulo político e institucional. Esta vez fue uno de los bloques de La Libertad Avanza conformado por Belén Veronelli el que decidió llevar el tema al Concejo Deliberante mediante la presentación de un proyecto de comunicación que apunta directamente contra el Ejecutivo petrequista y cuestiona la legalidad de las actuaciones administrativas vinculadas con el histórico edificio ubicado en el centro de la ciudad.

La iniciativa, ingresada ayer 11 de junio, sostiene que el Municipio no habría brindado información completa respecto de la situación administrativa del teatro y advierte sobre posibles incumplimientos de la normativa vigente en materia de habilitaciones y seguridad contra incendios.

El proyecto tiene como antecedente una petición particular presentada el pasado 7 de abril por el vecino Javier Souto, quien solicitó al Ejecutivo un informe detallado sobre diversos aspectos relacionados con la habilitación comercial del establecimiento, en el marco de la Ordenanza 8109, que regula las habilitaciones en el partido de Junín.

Según se expone en los fundamentos, la respuesta oficial llegó a través de un informe de la Dirección de Habilitaciones fechado el 5 de junio. Sin embargo, para la autora de la iniciativa, la información suministrada resultó insuficiente y dejó más interrogantes que certezas.

La controversia gira en torno a una afirmación incluida en ese informe oficial, donde se indica que inicialmente se otorgaron habilitaciones de carácter precario hasta que el titular cumpliera determinadas adaptaciones y correcciones, y que posteriormente se concedió una habilitación definitiva el 13 de marzo de 2026.

Precisamente ese dato es uno de los puntos que despierta sospechas. El proyecto remarca que la habilitación definitiva habría sido otorgada cuarenta días antes de que se iniciara formalmente el expediente impulsado por el vecino, circunstancia que es presentada como un elemento llamativo dentro de toda la secuencia administrativa.

Pero el cuestionamiento va más allá de una cuestión cronológica. La iniciativa sostiene que la Dirección de Habilitaciones incumplió con el deber de responder íntegramente la información requerida, amparándose en argumentos vinculados al volumen de la documentación solicitada.

Para la concejala libertaria, la magnitud de los expedientes no puede constituir una excusa válida para restringir el acceso a la información pública. En los fundamentos se invoca la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública y se argumenta que la transparencia debe constituir una obligación esencial de cualquier gobierno.

EL EJE DEL CONFLICTO

Tal como lo ha manifestado a través de sus ediciones SEMANARIO (y obviado por los medios “tradicionales”) , uno de los aspectos más delicados del proyecto está relacionado con la interpretación de la normativa aplicable en materia de seguridad antisiniestral.

Veronelli sostiene que el municipio habría efectuado una lectura parcial del Decreto Provincial 12/2005 al considerar que la actividad teatral estaría eximida de determinados requisitos de seguridad.

Según el planteo, la norma no excluye a los establecimientos dedicados a espectáculos públicos y, por el contrario, alcanzaría a todos los espacios cerrados donde se desarrollen actividades de concurrencia masiva.

En ese contexto, el documento recuerda que el San Carlos funciona desde hace más de un año como sala de espectáculos musicales, recitales y eventos culturales, más allá de sus eventuales representaciones teatrales.

La observación adquiere especial relevancia porque los antecedentes históricos del lugar muestran que en noviembre de 2010 el establecimiento fue clausurado por el municipio precisamente por carecer de un informe siniestral emitido por los organismos competentes.

Para los impulsores del proyecto, ese antecedente demuestra que la cuestión vinculada a la seguridad nunca dejó de ser un elemento central en el funcionamiento del inmueble y que, por lo tanto, no podría ser relativizada mediante interpretaciones administrativas.

El texto también pone la lupa sobre las dimensiones del edificio. Según se señala, la Ordenanza 8109 establece que los establecimientos con superficies superiores a los 500 metros cuadrados deben presentar un informe antisiniestral específico, independientemente de la actividad que desarrollen.

A criterio de la concejal, el Ejecutivo no habría demostrado adecuadamente el cumplimiento de esa exigencia legal, situación que motiva buena parte de las dudas expresadas en la iniciativa.

Más allá de los aspectos técnicos, el proyecto adopta un tono particularmente crítico hacia la administración municipal.

En sus considerandos se afirma que la respuesta oficial habría sido incompleta y que determinadas interpretaciones normativas podrían generar un tratamiento desigual frente a otros comerciantes y emprendedores de la ciudad que deben cumplir estrictamente con los requisitos exigidos por las ordenanzas vigentes.

La presentación sostiene que cuando una decisión gubernamental beneficia a un sector y perjudica a otro sin fundamentos claros se produce una alteración de los principios de equidad que deben regir la actuación estatal.

Incluso se llega a advertir sobre eventuales responsabilidades administrativas derivadas de una aplicación incorrecta de las normas de habilitación.

Ese lenguaje refleja que el conflicto ya excede el plano estrictamente técnico y se ha transformado en una discusión política acerca de la escasa transparencia de los procedimientos administrativos y del modo en que se ejercen los controles municipales desde la llegada de Petrecca al gobierno.

La iniciativa presentada en el Concejo Deliberante contiene dos solicitudes concretas. En primer lugar, reclama que el Departamento Ejecutivo remita de manera urgente toda la información requerida por el vecino Javier Souto en su petición particular, dando respuesta detallada a cada uno de los puntos planteados.

La intención es que el cuerpo deliberativo pueda contar con la totalidad de los antecedentes administrativos y técnicos vinculados con la habilitación del Cine Teatro San Carlos.

Pero el segundo artículo es el que concentra la mayor carga política: Allí se solicita que, en caso de comprobarse incumplimientos respecto de los requisitos, condiciones y procedimientos exigidos por la Ordenanza 8109 o por el Decreto Provincial 12/2005, se proceda a la clausura inmediata del establecimiento.

Mientras tanto, el futuro inmediato del Cine Teatro San Carlos vuelve a quedar atado a una cuestión que ya no es únicamente cultural ni comercial: la necesidad de despejar cualquier duda respecto del cumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento y de garantizar que los controles públicos se ejerzan con el mismo rigor para todos.