LOCALES | 13 JUN 2026
ANALISIS SEMANARIO
Teatro San Carlos: la pregunta que ya involucra a la Provincia ¿y si pasa algo?
Mientras el Teatro San Carlos continúa desarrollando espectáculos multitudinarios sin que se conozca la existencia de una habilitación definitiva ni la certificación antisiniestral exigida por la normativa vigente, la responsabilidad política deja de ser exclusivamente municipal.
NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y LA EDICIÓN DIGITAL Nº 517 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO DE 2026
La presentación fue impulsada por la concejal de La Libertad Avanza, Belén Veronelli, mientras que el ex referente de ese mismo espacio político, Javier Souto, formuló una presentación ciudadana en idéntico sentido.
La respuesta fue tan llamativa como preocupante: ninguna. Pasaron semanas, meses. El Ejecutivo municipal eligió ignorar el planteo. No hubo explicaciones públicas. No hubo documentación exhibida. No hubo informes técnicos. No hubo aclaraciones sobre los requisitos cumplidos ni sobre aquellos pendientes. El tema simplemente fue barrido debajo de la alfombra.
Sin embargo, la realidad siguió su curso. Cada fin de semana, miles de personas concurren a la sala ubicada sobre calle Arias para asistir a espectáculos musicales, teatrales y culturales.
Familias enteras, adultos mayores, jóvenes y niños de Junín, pero principalmente de la región, participan de eventos masivos en un edificio cuya situación administrativa continúa envuelta en interrogantes que el gobierno local no parece dispuesto a responder.
La pregunta que comienza a surgir con fuerza ya no es por qué el municipio calla. La verdadera pregunta ahora es otra: ¿Hasta cuándo seguirá callando la Provincia?
Kicillof no puede desconocer la existencia de una resolución provincial que colocó a la prevención como eje central de la gestión del riesgo
OMISION ES RESPONSABILIDAD
En nuestro país existe una tendencia recurrente luego de cada tragedia. Ocurrió en Cromañón. Ocurrió en innumerables incendios, derrumbes y siniestros evitables. Mientras todo funciona normalmente, los controles parecen secundarios, las inspecciones se postergan y las observaciones se relativizan.
Las advertencias son ignoradas hasta que algo ocurre. Entonces aparecen los expedientes, los informes, los funcionarios y las explicaciones tardías. Por eso la discusión debe darse antes. No después.
Resulta imposible no recordar el reciente fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás que condenó a la Municipalidad de Junín a indemnizar a la familia de un niño que sufrió graves lesiones en una plaza pública debido al deficiente estado de conservación de una calesita. La Justicia fue categórica al señalar que el municipio tenía la obligación de controlar, mantener y prevenir los riesgos derivados de ese juego infantil. No se discutió si el accidente había sido intencional. No se debatió quién había colocado originalmente el juego. Lo que se evaluó fue la omisión del Estado en el ejercicio de sus obligaciones de control. La desidia costó $ 7.200.000, una suma que salió de los bolsillos de los juninenses y no de los funcionarios ineptos.
La situación de la sala que explota “condorito” Dimarco dejó hace tiempo de ser un rumor de pasillo: fue denunciada públicamente, llevada al Concejo y difundida por los medios
Este mismo razonamiento jurídico adquiere una dimensión infinitamente mayor cuando se trata de una sala cerrada que puede albergar a miles de personas. Porque una cosa es una calesita deteriorada y otra muy distinta es un establecimiento destinado a espectáculos masivos.
La diferencia no es solamente cuantitativa. Esencialmente es humana. Porque cuando un espacio reúne semejante cantidad de público, las condiciones de evacuación, prevención de incendios, señalización, accesibilidad, instalaciones eléctricas y medidas de emergencia dejan de ser cuestiones burocráticas para transformarse en elementos destinados a preservar vidas.
Y allí es donde aparece una responsabilidad que ya no puede atribuirse únicamente al municipio, porque tiene que existir un ente superior estatal que proteja al ciudadano cuando el responsable directo no lo hace.
La situación del Teatro San Carlos dejó hace tiempo de ser un rumor de pasillo. Fue denunciada públicamente. Fue planteada en el Concejo Deliberante. Fue difundida en medios periodísticos. Fue objeto de reclamos ciudadanos. A partir de ese momento desaparece cualquier posibilidad de alegar desconocimiento. Y cuando el desconocimiento deja de ser una excusa, surge inevitablemente la obligación de actuar y más aun cuando hay antecedentes válidos para ello.
La Provincia de Buenos Aires actualizó durante 2025 todo su esquema de prevención y seguridad antisiniestral mediante la Resolución 2230 del Ministerio de Seguridad. No se trató de una modificación menor, por el contrario, fue presentada como una modernización integral de normas que llevaban más de veinte años sin revisarse.
La resolución estableció nuevos estándares para los establecimientos de concurrencia pública, reforzando exigencias vinculadas a prevención de incendios, sistemas de evacuación, instalaciones eléctricas, certificaciones técnicas, señalización y capacitación del personal. El espíritu de la norma es inequívoco: prevenir y evitar tragedias, reducir riesgos, proteger vidas. Pero toda normativa pierde sentido cuando quienes deben hacerla cumplir miran hacia otro lado.
El debate alrededor del San Carlos ya dejó de ser una discusión administrativa, para transformarse en una discusión política
BOMBEROS EN ESCENA
La propia reglamentación reconoce un papel central de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires como autoridad técnica de aplicación. No se trata de una función decorativa. Tampoco protocolar. Se trata precisamente del organismo encargado de evaluar, inspeccionar y certificar las condiciones de seguridad de espacios considerados de alto riesgo por la concentración de público. Por eso resulta inevitable formular algunas preguntas. ¿Existió inspección técnica provincial? ¿Existe certificado final antisiniestral? ¿Se realizaron verificaciones presenciales? ¿Se aprobaron planes de evacuación? ¿Se controlaron las instalaciones eléctricas? ¿Se evaluó la capacidad real de respuesta ante una emergencia? Si las respuestas existen, deberían mostrarse. Si no existen, el problema adquiere otra dimensión.
Por el contrario, tenemos una foto: la del empresario Dimarco montado en una autobomba que donó a la cooperadora del cuerpo de bomberos local. La imagen cuela la sospecha de ¿dádiva? Y también la irregular actuación de una entidad como la cooperadora de las fuerzas de seguridad provinciales asociaciones que se creían extinguidas. Las cooperadoras policiales tradicionales ya no funcionan oficialmente en la Provincia de Buenos Aires. Estas entidades, que solían recaudar fondos de vecinos y comerciantes para gastos de las comisarías, fueron disueltas formalmente hace años para evitar manejos irregulares. En territorio bonaerense su actividad fue eliminada y el mantenimiento, combustible y necesidades de las dependencias son responsabilidad exclusiva del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la tasa municipal respectiva.
La transparencia suele ser el camino más corto para terminar con las sospechas
LA TOLERANCIA POLÍTICA
Formalmente, la habilitación comercial es una competencia municipal. Nadie discute eso. La Constitución y la legislación bonaerense asignan a los gobiernos locales el ejercicio primario del poder de policía sobre las actividades comerciales. Sin embargo, ese principio no significa que la Provincia quede automáticamente liberada de responsabilidades cuando se detectan situaciones potencialmente riesgosas. Existen facultades concurrentes en materia de seguridad pública, competencias específicas de fiscalización y atribuciones vinculadas a la prevención de riesgos.
Existen mecanismos de intervención y organismos provinciales cuya razón de ser consiste precisamente en actuar cuando la seguridad de la población puede verse comprometida.
Por eso la discusión política empieza a subir escalones. Primero fue responsabilidad de los inspectores. Después de los funcionarios municipales. Más tarde del intendente interino. Y finalmente del conjunto de la estructura política que conoce el problema y decide no intervenir. El gobernador Axel Kicillof no puede desconocer la existencia de una resolución provincial que colocó a la prevención como eje central de la gestión del riesgo. El jefe de Gabinete Carlos Bianco tampoco puede ignorar una situación que ha sido planteada públicamente durante meses. Y mucho menos el ministro de Seguridad Javier Alonso, bajo cuya órbita funciona precisamente el sistema técnico que tiene facultades de inspección y certificación. No porque sean responsables directos de la habilitación. Sino porque son responsables políticos de garantizar que los organismos provinciales cumplan con las funciones para las cuales fueron creados.
La seguridad pública no puede depender de amistades cercanas al poder, conveniencias coyunturales ni relaciones personales
¿UNA MUESTRA DE IMPUNIDAD?
Existe además un hecho político que terminó de profundizar las dudas y darle a la situación un cariz de capricho y hasta cierto abuso de poder: trasladar la tradicional Velada de Gala del 25 de Mayo al Teatro San Carlos, cuando durante décadas el evento se realizó en el Teatro de la Ranchería.
Este año y después del reclamo en el Concejo Deliberante sobre la habilitación de la sala de Arias, la administración municipal local eligió desarrollar una de las ceremonias institucionales más importantes del calendario patrio en un lugar cuya situación normativa continúa generando controversias.
La señal política fue contundente. Porque más allá de los discursos oficiales, los actos de gobierno también comunican mensajes. Y el mensaje transmitido fue que no existe ningún inconveniente. Que no hay observaciones. Que no hay cuestionamientos. Que no hay motivos de preocupación. Sin embargo, si efectivamente todo estuviera en regla, resultaría sencillo despejar cualquier duda exhibiendo la documentación correspondiente. La transparencia suele ser el camino más corto para terminar con las sospechas y eso también lo sabe el gobierno nacional que sigue sosteniendo al jefe de Gabinete Manuel Adorini.
La Provincia de Buenos Aires actualizó durante 2025 todo su esquema de prevención y seguridad antisiniestral
Por eso el silencio suele producir el efecto contrario. Existe una diferencia enorme entre una crítica política y una advertencia periodística. La crítica puede ser opinable. La advertencia surge de los hechos. Y éstos indican que una situación denunciada continúa sin aclararse. Por eso la pregunta más incómoda sigue sin respuesta. ¿Qué ocurriría si mañana se produjera un incidente? ¿Quién asumiría la responsabilidad? ¿El organizador? ¿Los funcionarios municipales? ¿Los organismos provinciales? ¿Todos juntos? La experiencia judicial argentina demuestra que después de cada tragedia la cadena de responsabilidades se amplía. Los jueces no analizan solamente quién encendió una luz, firmó un contrato o abrió una puerta. Analizan quién tenía la obligación de controlar. Quién debía prevenir. Quién conocía el riesgo. Quién decidió no actuar. Y quién eligió mirar hacia otro lado.
Por eso el debate alrededor del Teatro San Carlos ya dejó de ser una discusión administrativa. Se transformó en una discusión política. Y, potencialmente, en una discusión judicial. La seguridad pública no puede depender de amistades cercanas al poder, conveniencias coyunturales ni relaciones personales.
Tampoco puede quedar librada a interpretaciones flexibles cuando está en juego la seguridad de miles de personas. Las normas existen para cumplirse. Los controles existen para realizarse. Y las responsabilidades para asumirse. Porque cuando un problema se conoce, se denuncia y permanece sin resolución, la indiferencia deja de ser una actitud y se convierte en una decisión. Y toda decisión tiene responsables.
Aunque, lamentablemente, los responsables no dan la cara y cuando la tragedia acontece se esconden detrás del cargo y hasta son capaces de felicitar a los perros encargados de hallar a las víctimas.
