¿Justicia selectiva o poder intocable?

EDITORIAL PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 518 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 12 AL 19 DE JUNIO DE 2026

La democracia se sustenta en la igualdad ante la ley, pero en la realidad política argentina este principio parece cada vez más un deseo que una garantía.

Tanto a nivel local, con el "modelo" de gestión que encabeza Pablo Petrecca en Junín, como en la escala nacional con figuras como el vocero presidencial Manuel Adorni, se observa un patrón preocupante: la capacidad de ciertos sectores del poder para esquivar el escrutinio judicial o dilatar investigaciones que, para cualquier ciudadano común, resultarían en sanciones inmediatas.

En Junín, la recurrencia no es casualidad. El Honorable Tribunal de Cuentas ha señalado año tras año irregularidades en la administración municipal.

Desde sobreprecios en luminarias LED, compras sin licitación, hasta el uso cuestionable de tarjetas de crédito institucionales y el rol opaco de empresas como Grupo Servicios Junín SA, las pruebas de una matriz administrativa deficiente son constantes.

A pesar de que el organismo de control ha formulado cargos patrimoniales —es decir, ha determinado un perjuicio económico directo para las arcas municipales— y aplicado multas personales a funcionarios de primera línea, la sensación de impunidad persiste.

Mientras el Concejo Deliberante aprueba rendiciones de cuentas sin mayor debate, al mejor estilo “levantamanos oficialista”, el Tribunal arroja luz sobre una realidad que la justicia ordinaria también parece ignorar, actuando como un árbitro que observa un "patadón" evidente sin sacar tarjeta. Siga, siga.

Este fenómeno no es una anomalía juninense, sino parte de una dinámica mayor. A nivel nacional, casos como el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ilustran cómo los mecanismos del Estado se utilizan para blindar a los funcionarios frente a acusaciones de enriquecimiento ilícito o irregularidades.

Cuando la justicia se vuelve selectiva y los plazos procesales se estiran a favor de quienes detentan el poder, la confianza institucional se desmorona y todo entra en un caos que termina castigando a las instituciones cuando el problema lo generan sus hombres y mujeres.

La pregunta que subyace es por qué, ante pruebas documentadas de mal desempeño o falta de transparencia, la justicia opera con tal lentitud que los hechos terminan en el olvido.

En Junín, el intendente —hoy senador— pregona un modelo de desarrollo que, al ser contrastado con las observaciones del Tribunal de Cuentas, revela una gestión donde las "excepcionalidades" se han convertido en la norma.

La justicia que tarda o que decide no ver lo evidente, no solo favorece a los responsables de turno, sino que degrada el sistema democrático completo.

Mientras la política se entretiene con marketing y relatos de gestión, los contribuyentes cargan con los costos de una administración que, bajo el amparo de una justicia contemplativa, se siente libre de rendir cuentas de manera parcial o, simplemente, de no rendirlas nunca.