La contaminación del Salado bajo la lupa bonaerense

La llegada de inspectores de la Autoridad del Agua (ADA) a Junín volvió a colocar en el centro de la escena uno de los problemas ambientales más persistentes y menos resueltos del distrito: la contaminación de los cursos de agua vinculados al río Salado.

Según pudo saber SEMANARIO, los funcionarios provinciales realizaron recorridas en distintos sectores donde existirían descargas de efluentes líquidos hacia cuerpos receptores públicos. Entre los puntos observados figuran instalaciones privadas ubicadas en las inmediaciones del canal que conecta la laguna de Gómez con la laguna El Carpincho, además del sector situado detrás del tajamar, donde desde hace décadas se vuelcan líquidos cloacales urbanos sin tratamiento previo.

La presencia de la ADA no constituye un dato menor. Se trata del organismo provincial responsable de administrar y proteger los recursos hídricos bonaerenses, con facultades para inspeccionar, exigir adecuaciones, aplicar multas e incluso promover acciones judiciales cuando se detectan infracciones al Código de Aguas de la Provincia.

El operativo se produce pocos meses después de que SEMANARIO publicara el informe "El Carpincho, tajamar y después", donde se expusieron nuevamente evidencias sobre el vuelco permanente de efluentes cloacales al río Salado, aguas abajo de las compuertas de la laguna El Carpincho. Aquella investigación recordaba que la situación no constituye una sospecha ni una contingencia ocasional, sino una práctica sostenida durante años como consecuencia de la falta de funcionamiento efectivo de la planta de tratamiento cloacal.

Además ocurre cuando el municipio pretende privatizar Obras Sanitarias Municipales para ponerla bajo la órbita de Grupo de Servicios Junín, ahora bajo la lupa del Tribunal de Cuentas bonaerense que detectó graves irregularidades en la triangulación de compras que mostraron un costado oscuro de la administración Petrecca.

FIGURITA REPETIDA

La problemática ambiental vinculada a los líquidos cloacales en Junín no es nueva.

Desde hace más de tres décadas se discute el destino final de los residuos líquidos generados por una ciudad que supera los cien mil habitantes. La cuestión se agravó cuando la planta de tratamiento construida para procesar esos efluentes dejó de cumplir adecuadamente su función y el sistema comenzó a derivar los líquidos hacia el río Salado mediante un bypass ubicado detrás del tajamar de El Carpincho.

Las imágenes satelitales difundidas durante los últimos años mostraron reiteradamente una franja oscura siguiendo el recorrido de los efluentes descargados sobre el cauce. La situación fue denunciada por especialistas, investigadores y organizaciones ambientalistas, aunque sin que se produjeran soluciones estructurales.

En enero pasado, SEMANARIO señalaba que el río Salado recibe diariamente materia orgánica y bacteriológica proveniente de la red cloacal urbana, generando procesos de degradación ambiental acumulativa. El informe advertía además sobre la ausencia de estudios públicos sistemáticos que permitan conocer con precisión la calidad del agua en el punto de descarga y aguas abajo.

La visita de los inspectores provinciales parece indicar que, al menos desde el ámbito administrativo, el tema ha comenzado a adquirir una dimensión que trasciende las denuncias periodísticas.

QUE CONTROLA LA ADA

La Autoridad del Agua fue creada por la Ley Provincial 12.257 y posee jurisdicción sobre ríos, arroyos, canales, lagunas, bañados y aguas subterráneas de todo el territorio bonaerense. Entre sus principales funciones se encuentra la regulación de las descargas de efluentes líquidos en cuerpos de agua públicos.

El organismo exige que cualquier establecimiento que vuelque líquidos a un río, canal o laguna cuente con un permiso específico denominado "Permiso de Vuelco". Dicho permiso sólo puede otorgarse cuando los efluentes cumplen determinados parámetros físicos, químicos y bacteriológicos establecidos por la normativa vigente.

La legislación es clara: sin autorización de la ADA, cualquier descarga resulta ilegal, aun cuando el responsable sostenga que existe algún tipo de tratamiento previo.

Esta obligación alcanza tanto a industrias como a frigoríficos, lavaderos, barrios cerrados, plantas cloacales municipales y cualquier emprendimiento que genere efluentes líquidos destinados a cuerpos receptores públicos.

Precisamente allí radicaría parte del interés de los inspectores provinciales, que habrían detectado evidencias de vertidos provenientes de un desarrollo inmobiliario privado y continuaban verificando la situación de otras actividades ubicadas sobre el sistema hídrico que conecta las lagunas locales.

PASANDO UN PROBLEMA

Uno de los aspectos más delicados del conflicto es que las consecuencias no se limitan al territorio juninense.

El sistema hídrico regional funciona de manera integrada y el río Salado actúa como eje receptor de gran parte de las aguas superficiales de la región. Lo que se descarga en Junín continúa su recorrido aguas abajo y termina afectando otros ecosistemas y jurisdicciones.

Desde estas páginas hemos estado recordando permanentemente que la laguna de Rocha, en el partido de Chacabuco, termina recibiendo buena parte de aquello que no se trata en origen. El proceso transforma al sistema en una gigantesca planta de decantación natural que absorbe cargas contaminantes generadas en otro distrito.

La cuestión adquiere especial relevancia porque el Salado constituye uno de los cursos de agua más importantes de la provincia de Buenos Aires y atraviesa numerosas localidades antes de desembocar finalmente en la Bahía de Samborombón. Cualquier alteración significativa de su calidad ambiental tiene efectos que exceden largamente los límites políticos de un municipio.

Entre los sitios observados figura el histórico vuelco de líquidos cloacales sin tratamiento detrás del tajamar de la laguna El Carpincho

SIN INFORMACION

Existe otro aspecto tan preocupante como la contaminación misma: la falta de información pública. En enero, SEMANARIO advertía que no existen estudios integrales accesibles para la ciudadanía que permitan conocer con precisión qué componentes están presentes en el agua que recibe el río Salado a la salida de Junín.

La situación resulta especialmente relevante a la luz de investigaciones científicas recientes que detectaron residuos de medicamentos y otros contaminantes emergentes en cursos de agua receptores de efluentes urbanos. El trabajo desarrollado por investigadores del CONICET en el área metropolitana bonaerense mostró la presencia de compuestos farmacológicos vinculados a la actividad humana incluso en sitios donde existen sistemas de tratamiento cloacal.

En Junín, donde la descarga directa de líquidos cloacales ha sido señalada reiteradamente, la ausencia de monitoreos sistemáticos deja abiertas numerosas preguntas sobre la magnitud real del impacto ambiental.

La falta de mediciones periódicas también dificulta determinar responsabilidades concretas, establecer tendencias y diseñar políticas públicas adecuadas para revertir el problema.

UN DISCURSO VACIO

Durante los últimos meses el municipio desplegó importantes aunque tardíos operativos vinculados al control del barigüí sobre el río Salado, incluyendo monitoreos, aplicaciones de larvicidas y utilización de drones para intervenir sobre distintos sectores del cauce.

También se realizaron campañas de limpieza y recolección de residuos en las márgenes del río para reducir la contaminación visible.

Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el mismo: la calidad del agua que circula por ese sistema.

La presencia de inspectores provinciales detrás del tajamar de El Carpincho vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que durante años pareció naturalizarse. Porque mientras se combate una plaga, se retiran residuos sólidos y se promocionan acciones ambientales, persiste la discusión sobre el destino final de millones de litros de líquidos cloacales generados por la ciudad.

La diferencia es que ahora ya no se trata solamente de denuncias periodísticas o cuestionamientos de especialistas. El tema ingresó formalmente en la agenda del organismo provincial encargado de controlar los recursos hídricos. Se verá si hay un real propósito de proteger el sistema fluvial que atraviesa la provincia.