Transparencia vs. denuncias. Petrecca-Adorni: similitudes de un modelo

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 519 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2026.

Las sospechas de corrupción han terminado por contaminar a la política argentina en prácticamente todos sus niveles. El fenómeno no distingue colores partidarios ni geografías. Por eso Junín y la gestión encabezada durante una década por Pablo Petrecca no constituyen una excepción. Por el contrario, muchos de los episodios que marcaron estos años permiten advertir preocupantes similitudes con prácticas que hoy generan escándalo en la escena nacional.

El llamado “Modelo Junín”, que el actual senador provincial intenta exhibir como una experiencia de gestión exitosa con proyección bonaerense, acumula demasiados interrogantes como para ser presentado como una referencia institucional. Detrás de los discursos sobre modernización, transparencia y eficiencia administrativa aparecen denuncias, contrataciones controvertidas, investigaciones judiciales inconclusas y una sucesión de hechos que nunca terminaron de recibir explicaciones satisfactorias.

La situación recuerda inevitablemente a la que atraviesa el gobierno nacional, donde funcionarios que llegaron prometiendo terminar con los privilegios de la política hoy enfrentan cuestionamientos que erosionan aquella construcción moral con la que desembarcaron en el poder. La distancia entre el discurso y los hechos vuelve a ocupar el centro de la escena.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental. Los escándalos nacionales reciben una cobertura mediática masiva y permanente. En el plano local, en cambio, las repercusiones suelen diluirse con mayor facilidad. La dependencia económica de numerosos medios respecto de la pauta oficial genera un sistema comunicacional menos propenso a la crítica y más dispuesto a reproducir relatos elaborados desde el poder. El riesgo de quebranto para algunos los obliga a recurrir a las pautas del Ejecutivo.

Una parte de la sociedad terminó convencida de que la Justicia actúa con distinta intensidad según quién ocupe circunstancialmente el poder

SIN CONTROLES

Pero el problema excede ampliamente al periodismo. Cuando las sospechas se acumulan y las respuestas no aparecen, la mirada inevitablemente se dirige hacia las instituciones encargadas de controlar. Allí emerge una de las mayores debilidades del sistema político argentino: la dificultad para garantizar mecanismos efectivos de investigación y sanción.

La democracia descansa sobre el equilibrio de poderes. Cuando alguno de ellos deja de cumplir adecuadamente su función, todo el sistema comienza a deteriorarse.

En muchos casos, la política ha logrado construir ámbitos de protección mutua donde los controles terminan siendo más formales que reales. El resultado es una creciente desconfianza ciudadana que erosiona la legitimidad de las instituciones.

En Junín, esa situación adquiere características particulares. Durante años, las principales decisiones de gobierno transitaron con escasa resistencia institucional.

El Concejo Deliberante, donde el oficialismo logró consolidar amplias mayorías, rara vez constituyó un ámbito de control efectivo. Numerosas iniciativas fueron aprobadas sin debates profundos y muchas de las preguntas formuladas por la oposición quedaron sin respuestas satisfactorias.

Eso indudablemente generó que los amigos del poder se llenaran de privilegios mientras que quienes pretendían sacar los pies del plato recibieran el castigo del silencio.

La construcción del relato oficial tampoco fue casual. Desde el inicio de su gestión, Petrecca buscó instalar la idea de una administración moderna, transparente y diferente de las experiencias anteriores. Sin embargo, el paso del tiempo fue dejando al descubierto una realidad mucho más compleja.

Tal como lo muestra la situación de Adorni, en el intento de vulnerar aviesamente la capacidad del ciudadano, Petrecca también ha tenido sus modales de “nuevo rico” a poco de acceder a la intendencia, mudándose de su modesta casa de Villa Belgrano a una mansión top a pasitos del majestuoso boulevard de la avenida San Martín, pasando de la bicicleta con la que llegaba al Concejo en su calidad de edil a los autos de alta gama, que guarda en el amplio garaje de su hogar.

Todo ocurrió en un tris y merced a la ambición desmedida sigue aconteciendo desde hace una década. Claro que no sería posible sin la ayuda de socios políticos del PRO, del estilo de Cristián Ritondo que mantiene “pisada” una investigación judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ya que supuestamente acumula emprendimientos por más de 55 millones de dólares.

O el mismo líder amarillo, Mauricio Macri, que ha logrado sobreseimientos en infinidad de causas, aunque aún tiene pendiente la del presunto desfalco al Correo Argentino en 2010 y otra referida a parque eólicos, maniobra denunciada en 2018 que incluía a la empresa española Isolux Corsan, socia de la familia Macri en otros negocios, que había ganado licitaciones por 6 parques eólicos en Chubut, que fueron luego vendidos a empresas vinculadas a la familia del ex presidente y otra vez revendidos con una ganancia millonaria.

Resulta imposible ignorar, por ejemplo, las controversias vinculadas a diversas licitaciones, concesiones y contrataciones que despertaron cuestionamientos públicos.

Tampoco las denuncias periodísticas relacionadas con empresarios, contratistas y allegados al poder municipal que, en distintos momentos, concentraron importantes negocios con el Estado local.

La falta de respuestas claras frente a esos interrogantes terminó alimentando un clima de sospecha permanente. Y cuando las explicaciones no aparecen, lo que crece es la desconfianza.

Cuando las sospechas se acumulan y las respuestas no aparecen, la mirada inevitablemente se dirige hacia las instituciones encargadas de controlar

EL PAPEL DE LA (IN) JUSTICIA

Si existe un actor llamado a despejar dudas es el Poder Judicial. Su función no consiste en proteger gobiernos ni perseguir opositores, sino en investigar con independencia y ofrecer certezas allí donde predominan las sospechas.

Sin embargo, la experiencia reciente deja abierta una discusión incómoda. Diversas causas vinculadas a la política local parecieron avanzar o detenerse según los vientos predominantes de cada época. Esa percepción, independientemente de la validez jurídica de cada expediente, termina debilitando la credibilidad institucional.

En ese contexto aparecen cuestionamientos dirigidos a la estructura judicial que durante años tuvo bajo su órbita investigaciones sensibles vinculadas al poder político regional. Las críticas no provienen únicamente de sectores opositores sino también de ciudadanos que observan cómo numerosas denuncias terminan diluyéndose sin resultados concretos.

La historia reciente ofrece ejemplos suficientes para alimentar ese debate. La causa vinculada a ex funcionarios de la gestión de Mario Meoni, las posteriores resoluciones judiciales que modificaron parte de aquellas conclusiones y otros expedientes que concluyeron sin condenas definitivas dejaron abierta una discusión que todavía persiste.

Más allá de las interpretaciones políticas, el saldo institucional resulta preocupante: una parte importante de la sociedad terminó convencida de que la Justicia actúa con distinta intensidad según quién ocupe circunstancialmente el poder.

En ello aparece la figura del fiscal general de Junín, Juan Manuel Mastrorilli, encargado de coordinar investigaciones regionales de gran impacto, que a lo largo de estos años y aupado por Julio Conte-Grand, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, puso un paraguas protector a Pablo Petrecca y su cohorte de amigos.

Para entender esto es necesario saber que Conte Grand llegó a Procuración General bonaerense como hombre de confianza de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, luego de desempeñarse como secretario Legal y Técnico de esa gestión. En los años previos, cuando Macri era alcalde porteño, había sido procurador de la Ciudad de Buenos Aires, un cargo equivalente al del procurador del Tesoro en la gestión nacional.

En 2017 el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) realizó una presentación judicial para impedir su asunción como jefe de fiscales y defensores al señalar la afinidad política del candidato con el gobierno de Vidal y el incumplimiento de un requisito legal indispensable para ejercerlo: no contaba con dos años de residencia en la Provincia.

Juan Manuel Mastrorilli, el fiscal general de Junín que, aupado por Julio Conte-Grand, puso un paraguas protector a Petrecca.

Para más irregularidades debemos sumar que, según el diario Página/12, “más allá de que Macri no esté imputado en causas bonaerenses, un punto en común entre ambos es que Conte Grand también está acusado de armar expediente penales para perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios durante el gobierno de Vidal, en consonancia con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encabezada por Gustavo Arribas”.

Este tipo de estrategias podría explicar dos cosas: la primera, porqué tras la llegada de Petrecca al poder terminaron condenados funcionarios meonistas cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, integrado por los jueces Miguel Ángel Vilaseca, Esteban Melilli y Karina Piegari condenó a Vicente Antonio Griselli, Carlos Albaqui y Damián Itoiz por los delitos de “malversación de caudales públicos y peculado”, y a Javier Gabrielli por “cómplice necesario de los delitos de malversación de caudales públicos”, en la causa que investigó irregularidades en la empresa Grupo Servicios Junín, y que estuvo a cargo del fiscal Javier Ochoaizpuro.

Sumado a eso, en 2022, la Cámara de Apelación de Pergamino ratificó el fallo absolutorio de los ex funcionarios -también de la gestión Meoni- Agustín Pinedo y Gastón Blanc, dejando al descubierto que la “operación judicial” del macrismo, con lazos a nivel local, tenía como objetivo encarcelar al fallecido ex intendente de Junín.

Y como no hay dos sin tres, recordemos también la absolución anterior de quien fuera director del Hospital Interzonal con asiento en Junín, Carlos Garbe, que con la llegada de Cambiemos al gobierno municipal fue denunciado por gremialistas de íntima relación con el por entonces intendente Petrecca, en otra opereta judicial que terminó desbaratada, ante la falta de delitos.

El Concejo Deliberante, donde el oficialismo logró consolidar amplias mayorías, rara vez constituyó un ámbito de control efectivo

SOBRAN LOS INTERROGANTES

A lo largo de una década se acumularon episodios que merecían explicaciones más profundas. Contrataciones cuestionadas, concesiones controvertidas, denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, relaciones con empresarios favorecidos por la obra pública y múltiples advertencias realizadas desde el periodismo independiente conforman un entramado demasiado extenso para ser descartado como una simple sucesión de coincidencias.

El caso de David Migrino constituye uno de los ejemplos más recordados. También las denuncias que involucraron a otras personas vinculadas al entorno político y religioso que acompañó al oficialismo durante distintos períodos de gobierno.

Nada de ello derivó en consecuencias judiciales de magnitud. Pero la ausencia de condenas tampoco equivale automáticamente a la inexistencia de problemas. La política democrática exige algo más que legalidad formal. Exige transparencia, acceso a la información pública y rendición permanente de cuentas.

Precisamente allí aparece otra de las mayores contradicciones del denominado “Modelo Junín”. Mientras el discurso oficial insiste en exhibir elevados estándares de transparencia, los bloques opositores continúan denunciando dificultades para acceder a información indispensable para ejercer tareas de control.

El reciente fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense sobre la adquisición de luminarias LED volvió a colocar ese debate en el centro de la escena. Más allá de las responsabilidades administrativas que eventualmente puedan determinarse, el expediente dejó expuestas inconsistencias que contradicen la imagen de excelencia administrativa que el gobierno local intenta proyectar.

En paralelo, el oficialismo volvió a respaldarse en los informes elaborados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que ubican a Junín entre los municipios con mejor desempeño en materia de difusión de información presupuestaria.

Sin embargo, transparencia no significa únicamente publicar información. También implica permitir controles efectivos, responder pedidos de informes y garantizar que los representantes de la oposición puedan acceder a los datos necesarios para fiscalizar la gestión.

Esa diferencia resulta central. Una administración puede obtener buenas calificaciones en materia de exposición pública de determinados datos y, al mismo tiempo, presentar limitaciones importantes respecto del control real de sus actos de gobierno.

Por eso el debate de fondo no pasa por un ranking ni por una campaña publicitaria. Pasa por determinar si los mecanismos institucionales funcionan adecuadamente y si los ciudadanos cuentan con herramientas suficientes para conocer cómo se administra el dinero público.

La comparación entre Petrecca y Adorni no pretende equiparar situaciones judiciales ni establecer responsabilidades idénticas. Lo que busca señalar es algo más profundo: la existencia de una cultura política que llega al poder prometiendo transparencia absoluta y termina enfrentando cuestionamientos que ponen en duda ese discurso.

La Argentina ya conoce demasiado bien ese mecanismo. Cambian los nombres, los partidos y las frases de campaña. Lo que permanece es la tendencia de muchos dirigentes a construir relatos épicos mientras los controles se debilitan y las explicaciones escasean.

Después de diez años de gestión, la principal deuda del petrequismo no es la falta de propaganda ni de marketing político. Es la ausencia de respuestas convincentes frente a una larga lista de preguntas que siguen esperando ser contestadas.

EL RELATO DE LA TRANSPARENCIA

El reciente fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense sobre la compra de luminarias LED volvió a exponer una contradicción recurrente. Mientras el municipio reivindica los informes de ASAP que lo ubican entre los distritos con mejor nivel de difusión de información presupuestaria, la oposición sostiene que continúa sin acceder a documentación clave para controlar la gestión.

La diferencia no es menor. Publicar información constituye un paso importante, pero no equivale necesariamente a garantizar transparencia plena. El verdadero control requiere acceso a los datos, respuestas a los pedidos de informes y mecanismos efectivos de fiscalización.

La discusión, en definitiva, no pasa por los rankings sino por la posibilidad concreta de verificar cómo se utilizan los recursos públicos y de qué manera se toman las decisiones que afectan al conjunto de los vecinos.