Un fallo a medida de la impunidad del agronegocio

El histórico juicio por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino concluyó con la absolución de siete productores agropecuarios y aplicadores, al considerar el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario que no había pruebas para imputar responsabilidades penales individuales.

Distinta fue la decisión para los funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini. A ellos les dictó una condena de 2 años de prisión condicional y 4 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y la obligación de cumplir con trabajos no remunerados vinculados a la salud y protección del medioambiente por 2 horas semanales.

Ambos estaban encargados de velar por el cumplimiento de la ordenanza Municipal N°8126/14, una norma que fija exclusivamente para Pergamino la prohibición de aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre y/o aérea, cualquiera sea su tipo y dosis, a menos de 100 metros de la zona periurbana, cercano a viviendas o grupos de viviendas de ese sector poblado.

El proceso, que comenzó en el mes de febrero, juzgaba una serie de hechos ocurridos entre 2011 y 2019, período en el cual distintos vecinos del ámbito rural de Pergamino denunciaron problemas de salud derivados de las pulverizaciones y hechos de contaminación ambiental. En total, se cursaron 4 causas en paralelo por contaminación e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La querella había solicitado penas de más de 4 años de prisión, la reparación económica a las víctimas, inhabilitaciones y el decomiso de los campos y maquinaria. Pero los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario reconocieron formalmente que los fitosanitarios causan daños severos a la salud, pero resolvieron la absolución de la mayoría de los imputados.

Además, y vinculado a la sentencia de los dos funcionarios, -la única que quedó firme en el juicio-, el tribunal pidió al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás que “investigue el accionar del intendente de Pergamino y de otros funcionarios durante el período de tiempo en que los condenados, Tocalini y Naranjo, trabajaron en la Dirección de Ambiente Rural”.

Todos los acusados señalaron su inocencia, la honestidad y el castigo que sufrieron por la prensa y los ambientalistas

CONDENA ‘SIN GRADO DE CERTEZA PENAL’

La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.

“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.

Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.

Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.

Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.

Sobre las protecciones, medidas cautelares dictadas para alejar los venenos de las personas, el fallo estableció que queden vigentes hasta tanto el veredicto quede firme, pero se negaron a extender esas protecciones a más pueblos o escuelas rurales del municipio de Pergamino o a convertirlas en definitivas, como había solicitado la acusación. Otra vez, los jueces tiraron la pelota a otros lados: “Es el fuero civil y el municipio y las autoridades provinciales quienes deben hacer eso”.

“Entendemos que varios de los acusados no se comportaron bien con sus vecinos, pero somos jueces penales, aplicamos la ley, no la moral”, dijo el juez y, según su mirada, ni el Ministerio Público Fiscal (MPF) ni la querella pudieron acreditar con suficiente evidencia las pruebas de los hechos denunciados. “El derecho penal no habrá de solucionar lo que necesita la protección del ambiente. No tomamos decisiones políticas para eso están nuestros representantes políticos”, se excusaron los jueces.

En la audiencia del 24 de junio, los acusados tuvieron espacio para decir unas últimas palabras. Todos, menos Mario Roces, optaron por hacer uso de ese derecho. Las palabras elegidas, casi las mismas, para señalar la inocencia, la honestidad y el mal trago de pasar por este juicio, hostigados por la prensa, o atrapados en una guerra de ambientalistas contra el agronegocio. Algunos agradecimientos al tribunal y hubo un “estamos en sus manos”, generalizado. Ninguna palabra para las víctimas porque ellos, los acusados, eligieron ponerse en ese lugar. Marcaron lo que perdieron, socialmente o económicamente y el destrato a ellos o a sus familiares por el hecho de estar acusados o involucrados en ese litigio.

Los jueces reconocieron los daños de los agrotóxicos, pero le dieron la razón a siete de los nueve imputados

NO QUEBRARSE ANTE LA IMPUNIDAD

El veredicto no otorgó lo que las verdaderas víctimas merecían: justicia. Como una de las múltiples madres que llevan más de una década denunciando los efectos de fumigaciones sobre su familia y con su casa separada por una calle de tierra de los campos de soja fumigados con glifosato y otros agroquímicos, Sabrina Ortiz recuerda cómo los síntomas llegaban puntuales después de cada aplicación. Hinchazón en la garganta, sarpullidos, desprendimiento de piel y problemas respiratorios. Síntomas que con el tiempo crecieron a la par que lo hacían sus hijos, Fiamma y Ciro.

Su historia es la de muchos vecinos. La de María Alejandra Bianco, cuyos hijos fueron diagnosticados con púrpura trombocitopénica (trastorno hemorrágico) y cáncer de tiroides; la de Paola Díaz, que en 2014 perdió a su hija de 11 años por leucemia; o la de Florencia Morales, fallecida de cáncer en 2023 sin llegar a ver ningún juicio.

“Sentar en el banco de los acusados a los poderes es un montón”, dijo Ortiz, refiriéndose a los siete productores agropecuarios y a dos exfuncionarios municipales acusados de contaminación. En 2018, Ortiz presentó la denuncia que dio origen a esta causa, como parte del colectivo Madres de Barrios Fumigados. “Esto es solo una instancia. No vamos a parar hasta que dejen de fumigarnos. No hay que quebrarse ante tanta impunidad” contó tras el fallo. Desde la fiscalía de Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de la acusación, confirmaron que apelarán e irán a Casación. La causa (Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento), inició en 2018 y no termina con este veredicto.