Sebastián Bonafe, el presunto asesino de Mercedes Errapán, tal vez debió estar encarcelado mucho antes de cometer el homicidio en función de las causas que tenía en su contra y que lo ubicaban como un sujeto de gran peligro y un posible psicópata sexual.
El domicilio juninense de Bonafe fue allanado el viernes 3 de julio luego de que la mujer hoy asesinada lo denunciara por presuntamente haberle tomado fotos desnudas a la nena, que el hombre se terminó llevando secuestrada y fueran encontrados en Pergamino, luego de la fuga.
Por estas horas los investigadores estimaban que la muerte de la mujer se debió a una venganza por el hecho denunciado ligado a la pederastía.
Pero además existían otros agravantes que trascendieron de fuente policiales y eran las causas que acumulaba el imputado, todas ellas relacionadas con violencia de género y amenazas.
EL PRONTUARIO
Precisamente Bonafe cuenta en su prontuario con denuncias por "lesiones leves y violencia de género", en 2024, de parte de una compañera de trabajo, que indicó que el hombre la agredió verbalmente y la empujó ocasionándole lesiones.
En 2022, también fue denunciado por "amenazas y violencia familiar" de parte de su cuñada, que expuso que fue agredida físicamente por Bonafe y posteriormente recibió amenazas.
También fue denunciado en 2021 por "violencia familiar" de parte de su cuñado, que dijo que Bonafe se apersonó en su casa y lo agredió a él y a su esposa, para luego atacarlo físicamente.
Todo hace pensar que la muerte de Errapán se podría haber evitado a no ser porque la demora judicial en casos de violencia de género agrava el riesgo de las víctimas y favorece la impunidad.
Los tiempos de resolución y la falta de perspectiva de género en los tribunales generan un laberinto burocrático que revictimiza a las mujeres, exponiéndolas a años de litigios paralelos y ataques premeditados.