LOCALES | 10 JUL 2026
NOTA DE TAPA
La complicidad del poder: Junín y una pregunta incómoda ¿por qué nadie denuncia las irregularidades?
Aunque más no sea por omisión, la justicia termina acompañando la falta de transparencia de los gobiernos como el de Pablo Petrecca, más allá de las resoluciones del Tribunal de Cuentas. Pero también la oposición se desentiende de los problemas que terminan afectando a los vecinos, conformando un entramado que los pone en el lugar de sospechosos.
NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 521 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2026.
A pesar de ello, el tribunal estableció hace tres años un plan de fortalecimiento para revertir los conceptos negativos de los imputados. De ese modo estableció el Plan Estratégico 2023- 2026 poniendo énfasis en el contenido de la declaración de misión y visión institucional con elementos que agregan valor al trabajo que realizan. Conceptos como “transparencia”, “mejores prácticas”, “confianza”, “calidad” contribuyen a la afirmación de los principios y valores democráticos que guían la labor institucional: compromiso, excelencia, responsabilidad, ética y pertenencia.
Desde el tribunal expresaron oportunamente que “los objetivos estratégicos trazados tienen como finalidad satisfacer la demanda ciudadana que exige, por distintos medios, más efectividad en el control del uso de los recursos públicos”. Pero, además de contribuir al cumplimiento de las funciones de control gubernamental, se propusieron que el plan estratégico fortaleciera el perfil que tiene el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires “como un organismo de control externo moderno y confiable, capaz de lograr la excelencia institucional, en beneficio de la sociedad”.
Por ese motivo muchos intendentes a la hora de hablar de transparencia suelen valorar a ignotas asociaciones que otorgan rankings de transparencia sin datos objetivos en lugar de reconocer la tarea del tribunal bonaerense que es el verdadero órgano de contralor del cual muchos pretenden desembarazarse.
Tal es el caso de Petrecca, a quien desde hace años le vienen marcando las irregularidades en los ejercicios contables, desde compras realizadas sin la debida licitación, sobreprecios, compras directas, gastos que no se rindieron y otra cantidad de faltas que los lectores avezados habrán leído en diversas informaciones dadas a conocer por SEMANARIO.
Los últimos fallos del Honorable Tribunal de Cuentas revelan que la gestión del intendente con licencia y hoy senador convirtió la triangulación de fondos públicos y la evasión de licitaciones en una práctica habitual.
Tras el rechazo de las cuentas municipales de 2024, Petrecca y sus funcionarios enfrentan cargos que superan los 18 millones de pesos, sumándose a una larga lista de multas y observaciones que se repiten año tras año. Más que un error, parece ser un sistema.
El escándalo más reciente involucra la compra de luminarias LED, donde el HTC detectó una maniobra de “triangulación”. El municipio utilizó a la empresa estatal Grupo Servicios Junín S.A. (SAPEM) como una mera pantalla administrativa para comprar lámparas a una firma privada (QISUR LED S.R.L.), que ya era proveedora municipal.
Esta intermediación no solo sirvió para esquivar las licitaciones públicas obligatorias, sino que generó un sobreprecio de $12.818.038,97 que ahora Petrecca, el contador Mauro Jacobs y el jefe de compras Daniel Barrenechea deberán devolver de sus bolsillos. ¿Será así?
Sin embargo, los antecedentes demuestran que esto no es nuevo:
-En 2023, la gestión ya había sido sancionada por realizar obras a través de la misma SAPEM sin presentar presupuestos de otros proveedores que justificaran la conveniencia del precio
-En 2022, la propia SAPEM fue multada por el HTC debido a irregularidades en la rendición de cuentas, falta de cotizaciones y deficiencias en los estados contables bajo la dirección de Pablo Torres y Marcelo Pastormerlo.
El cansancio de los magistrados del HTC está referido a la reincidencia. El fallo de 2024 enumera múltiples faltas que son calificadas explícitamente como “reiterativas de lo acontecido en el ejercicio anterior”.
Entre los incumplimientos crónicos se encuentran:
-Anticipos de fondos irregulares: El uso de “caja chica” para gastos que no son urgentes, saltándose los circuitos de compra legales.
-Desorden en las cuentas: Diferencias inexplicables entre los saldos bancarios y los registros contables municipales, además de deudas no conciliadas con la propia SAPEM.
-Falta de transparencia: La negativa sistemática a presentar los Libros de Contratos y Licitaciones a los auditores, impidiendo el control del dinero público.
El rechazo recurrente del Honorable Concejo Deliberante a las rendiciones de cuentas no es, por tanto, una “persecución política”, sino la consecuencia directa de una auditoría provincial que año tras año confirma que en Junín la Ley se respeta poco y el dinero público se maneja con intermediarios oscuros.
COMPLICIDAD DEL PODER
Frente a estos argumentos planteados por parte del organismo de control, los representantes de los juninenses lo reciben como “si oyeran llover” y no mueven ni una ceja.
Frente a esto, debemos volver a los casos en los que la justicia bonaerense, a partir de la relación del procurador de la Suprema Corte de Justicia Julio Conte Grand con Mauricio Macri y por añadidura el jefe de fiscales del departamento Junín, Juan Manuel Mastrorilli, le han instalado una especie de “escudo protector” a Petrecca, que ha tenido un par de denuncias en su contra rápidamente desactivadas, mientras el ahora legislador junto a su círculo familiar y amical ha mostrado un desarrollo económico acelerado, más aún cuando viene ocultando sistemáticamente los sueldos que perciben él y sus funcionarios, el cual por lo visto les alcanza para viajar al exterior con su familia de vacaciones o como lo hicieron recientemente, visitando Estados Unidos para asistir al partido que la selección argentina disputó frente a Jordania.
Es llamativo el silencio de la oposición: emiten opiniones críticas y suavizadas a través en los medios, sin ejercer efectivamente su poder de interpelar a los funcionarios cuestionados
Los ejemplos de la “venda caída” para significar a una Justicia que mira a quien va a juzgar y quien no son numerosos no sólo a nivel regional sino también nacional.
Más allá de la culpabilidad encontrada o inventada, es significativo cómo la llegada del PRO al poder terminó derivando en el juzgamiento de funcionarios de la gestión de Mario Meoni, cuando en verdad apuntaban al fallecido ministro de Transporte juninense.
También el alcalde kirchnerista de Lincoln, Jorge Fernández, atraviesa una disputa legal luego de ser encarcelado en 2018. Lejos de estar cerrado, el caso continúa abierto en tribunales superiores. La defensa ya anticipó nuevas presentaciones y busca que la Corte revise tanto cuestiones de fondo como presuntas irregularidades procesales ocurridas durante el trámite.
EL EJEMPLO PASSAGLIA
Es demasiada notoria la mano de la justicia en este tipo de jugadas y la historia del Clan Passaglia en San Nicolás se asemeja bastante al “Modelo Junín” de blindaje que instaló Petrecca en nuestro distrito.
Para poner en contexto Ismael Passaglia, exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Daniel Scioli, fue intendente de San Nicolás entre 2011 y 2017. Peronista de formación, se pasó al macrismo cuando vio que el poder real estaba cambiando de manos.
Manuel Passaglia, su hijo, asumió como intendente sin ser electo, gracias a una maniobra con licencia administrativa, semejante a lo que hizo Petrecca con su cuñado Juan Fiorini el año pasado.
Santiago Passaglia, hermano del intendente, es diputado provincial, garantiza relaciones con la Legislatura bonaerense y obtiene recursos. El papel que cumple hoy el propio Pablo Petrecca como senador.
Según el sitio periodístico “Prensa Libre San Nicolás”, en 2018, se inició una causa federal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. ¿Los imputados? Ismael, Manuel y Santiago Passaglia, junto a otros familiares. El expediente señala un crecimiento patrimonial “abrupto, sostenido e injustificado”.
“Entre las pruebas: Compras inmobiliarias millonarias en Argentina y Uruguay. Tarjetas de crédito internacionales con consumos en Miami, París y Roma. Sociedades de fachada para canalizar dinero proveniente de fondos públicos. Transferencias internas entre familiares simulando operaciones lícitas. En 2020, la Cámara Federal de Rosario embargó cuentas, autos y propiedades, confirmando que el origen de los fondos es sospechoso.
Se le cayó la venda a la Justicia. Con los ojos bien abiertos para saber cómo y a quién juzgar.
Los ejemplos de la “venda caída” para significar a una Justicia que mira a quien va a juzgar y quien no son numerosos no sólo a nivel regional sino también nacional
Pero en 2023, el exjuez federal Marcelo Bailaque —amigo político de la familia, apartado de la justicia por sus vínculos con el narcotráfico— dictó falta de mérito, con una resolución ambigua: “no hay pruebas suficientes para procesarlos, pero tampoco para desvincularlos”. Los fiscales apelaron. La causa sigue abierta, pero ralentizada por un aparato judicial que parece actuar como custodio del poder político y no como su contrapeso”.
Añade el portal nicoleño: “¿Y la fiscalía local? En San Nicolás, la fiscal general, Sandra Bicetti, es una aliada histórica del clan Passaglia. Ninguna denuncia local contra la gestión avanza. Ninguna investigación sobre corrupción, sobreprecios o violencia institucional prospera. La justicia provincial es parte del régimen”.
Finalmente, la nota periodística destaca que “las grandes obras en San Nicolás no son para los vecinos. Son una red de contratos direccionados, favores entre empresas amigas y beneficios privados. Muchas de las firmas que ganan licitaciones están vinculadas a: Familiares directos, socios políticos y exfuncionarios reciclados como contratistas.
Empresas que facturan a través de la SAPEM “Descubrí San Nicolás”, sociedad que actúa como pantalla legal para evadir controles públicos”
El entramado es singularmente similar a Junín.
EL RECUERDO DE BONADÍO
Siguiendo con las muestras de parcialidad de la justicia, vale recordar que, en febrero de 2019, cuando todavía gobernaba el macrismo y daba inicio el año electoral, el juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y exintendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de tratamiento de residuos urbanos. Según el magistrado, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.
En realidad, se trataba de una causa por la que ya estaban procesados los exjefes del gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa.
En aquella oportunidad y ante la profusa participación de jefes comunales, los dirigentes del PJ bonaerense sacaron un comunicado y consideraron que el fallo es una "extorsión como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos". "Los carpetazos y las falsas denuncias públicas que carecen de sustento jurídico son un mecanismo que atenta contra la democracia y que está muy lejos de la premisa que prometió el propio Gobierno: consolidar una Justicia libre e independiente", indicaba un comunicado difundido por el PJ.
Unos años más tarde sin embargo y hasta hoy, el PJ bonaerense terminaría hablando en voz muy baja sobre el caso de Martín Insaurralde.
Los últimos fallos del HTC revelan que la gestión del intendente con licencia y hoy senador convirtió la triangulación de fondos públicos y la evasión de licitaciones en una práctica habitual
EL SILENCIO LOCAL
Volviendo a los contundentes fallos del Tribunal de Cuentas sobre la administración petrequista, sigue resultando llamativo el silencio de la oposición local en el Concejo Deliberante donde las distintas facciones de Fuerza Patria emiten opiniones críticas y suavizadas a través de algunos medios de comunicación locales, sin ejercer efectivamente su poder de interpelar a los funcionarios cuestionados.
Llamativamente, la concejal Belén Veronelli, que llegó de la mano de la Libertad Avanza, pero es excluida por su propia tropa, se animó a llevar la voz cantante en soledad, respecto a la poca y nula transparencia hoy ejercida por el interino Fiorini.
El resto parecen estar juntando las migajas que deja el Ejecutivo. Traducido en algún cargo municipal, algún favor para sortear la burocracia o cosas por el estilo. Enfrascados en una interna angurrienta que deja a sus propios adeptos sorprendidos y frustrados.
Ese es el estilo de una casta política y judicial que se ha alejado de sus representados y vive en una burbuja sostenida por privilegios, mientras algunos sectores, como el Tribunal de Cuentas o el propio periodismo, intentamos hacer oír la voz de quienes no la tienen y la merecen.
