LOCALES | 15 JUL 2026
DE REMATE
La motosierra de Milei cortó el sueño de miles y el patrimonio de todos los juninenses
Hubo casi 2.000 familias inscriptas para acceder a las 149 viviendas que el Gobierno nacional paralizó tras su llegada al poder en 2023, aunque todavía queda por determinar si puede rematar el predio, que originalmente era propiedad del municipio.
Más de 1.850 familias de Junín se anotaron para acceder a una de las 149 viviendas que comenzaron a construirse a través del programa Procrear II durante el gobierno de Alberto Fernández. Se trató de una continuidad de una política habitacional iniciada en 2012, que permitió a numerosos juninenses acceder a la vivienda propia, una posibilidad que se volvió cada vez más difícil durante la gestión de Pablo Petrecca, período en el que no se construyó una sola vivienda social en el distrito.
Ahora, el Gobierno nacional autorizó la subasta pública del predio que había sido destinado a desarrollos urbanísticos. La medida se enmarca en el proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Procrear, dispuesto tras su disolución por decreto en 2024.
El terreno de Junín está ubicado entre las calles San José Obrero, Intendente Borchex, Capitán Vargas y Chacabuco. Tiene una superficie de 21.347,46 metros cuadrados y saldrá a remate con un precio base de 7.061.772,57 dólares.
Sin embargo, alrededor de la operación persiste otra controversia: el predio había sido adquirido por el municipio durante la gestión de Mario Meoni a un particular, con el objetivo específico de destinarlo a la construcción de viviendas sociales cuando fuera necesario.
La titularidad municipal del inmueble nunca fue objetada por la administración de Petrecca ni por el Tribunal de Cuentas cuando el terreno fue incorporado al fideicomiso administrado por el Banco Hipotecario, entidad de capital mixto con participación estatal.
Cabe señalar que el bien estaba destinado a cumplir una función social y no a integrar una operación inmobiliaria de mercado. Sin embargo, ahora será subastado en el marco de una decisión impulsada por el Gobierno nacional y el Banco Hipotecario, transformando un activo concebido para atender una necesidad habitacional en una operación de carácter esencialmente comercial.
Lo llamativo es que el Municipio de Junín, a través de sus asesores legales, no haya impulsado hasta el momento ningún reclamo formal, considerando que existen interrogantes sobre la legalidad de la subasta y sobre la situación patrimonial de un inmueble que originalmente pertenecía a todos los juninenses.
