El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024 de la Tesorería General de la Provincia, a cargo de David René Jacoby, aunque el fallo dejó al descubierto un dato que impacta sobre el manejo financiero del organismo: durante ese año se destinaron $1.265.894.667,72 al pago de intereses moratorios originados por la cancelación fuera de término de facturas de proveedores y certificados de obra.
La sentencia, plasmada en el Fallo N° 185/2026, concluyó que los estados contables reflejan razonablemente la situación patrimonial, financiera y presupuestaria de la Tesorería. Sin embargo, el organismo de control dejó asentado que ese desembolso millonario no respondió a inversiones ni a la ejecución de políticas públicas, sino al costo financiero derivado de las demoras en los pagos a contratistas y proveedores.
Durante la auditoría también se advirtió una limitación en el alcance de las tareas de control debido a la imposibilidad de acceder a las bases de datos de contratos celebrados bajo la Ley 14.815, lo que impidió verificar eventuales incompatibilidades entre personal de la Tesorería y esos convenios. Aun así, el Tribunal consideró que esa situación no alteraba la aprobación de la cuenta.
La única observación técnica formulada por los auditores estuvo vinculada a una diferencia de $3.116.528,64 en la rendición de gastos extrapresupuestarios. Tras los descargos de las autoridades y las verificaciones realizadas por la Relatoría, el Tribunal dio por subsanada la inconsistencia y aprobó definitivamente las cuentas del organismo.