El femicidio de Junín y las preguntas que nadie puede esquivar

El femicidio de Mercedes Errapán continúa generando conmoción en Junín. A medida que avanzan las investigaciones sobre el brutal crimen ocurrido el pasado 4 de julio, también comienzan a multiplicarse los interrogantes sobre el accionar de las instituciones que debían intervenir ante las denuncias previas que pesaban sobre el acusado.

En ese contexto, la periodista, escritora y actriz Carolina Fernández publicó en Página/12 una columna de fuerte contenido crítico en la que analiza el caso desde una perspectiva que excede al propio femicida y pone el foco en las decisiones judiciales adoptadas antes del desenlace fatal.

La autora sostiene que la muerte de Mercedes no puede observarse únicamente como un hecho criminal aislado, sino como parte de una cadena de situaciones en las que, según plantea, el sistema judicial no respondió con la contundencia necesaria frente a señales de alarma que ya estaban presentes.

Mercedes tenía 32 años, era madre de una niña de siete años y cursaba un embarazo de siete meses cuando fue asesinada.

El principal acusado, Sebastián Bonafe, acumulaba antecedentes y denuncias previas por violencia de género. Días antes del crimen había sido allanado en el marco de una investigación vinculada a presuntos delitos contra la integridad sexual de la hija de la víctima.

DECISIONES PREVIAS

Uno de los puntos centrales del artículo publicado por Fernández está relacionado con lo ocurrido después de ese procedimiento judicial. La autora cuestiona que Bonafe permaneciera en libertad luego del allanamiento realizado el 3 de julio, ocasión en la que se secuestraron dispositivos electrónicos vinculados a la investigación. Según plantea, la gravedad de los hechos denunciados y los antecedentes existentes justificaban la adopción de medidas más severas para evitar riesgos posteriores.

A partir de allí desarrolla una de las críticas más duras del texto: la existencia de una justicia que, en numerosos casos vinculados a violencia de género, actuaría con demora o subestimando situaciones potencialmente peligrosas.

La periodista describe lo ocurrido como una muestra de "inoperancia, falta de perspectiva de género e indiferencia", características que, a su entender, vuelven a aparecer cada vez que una mujer denuncia situaciones de violencia y no obtiene respuestas eficaces por parte del sistema.

NOMBRES PROPIOS

Fernández no se limita a formular cuestionamientos generales. En su artículo menciona expresamente a la jueza de Garantías N° 2 de Junín, Marisa Muñoz Saggese, y se pregunta qué grado de responsabilidad institucional podría corresponderle por haber ordenado el allanamiento sin dictar una prisión preventiva.

Al mismo tiempo menciona a los fiscales Martín Laius y Fernanda Sánchez, señalando que actualmente los esfuerzos de la investigación están concentrados en ampliar las imputaciones contra el acusado, aunque considera que la discusión debería incluir también las decisiones adoptadas antes del crimen.

Se trata de una mirada que inevitablemente genera controversia, pero que instala una pregunta difícil de responder: qué ocurre cuando las advertencias existieron, las denuncias fueron realizadas y aun así la tragedia termina consumándose.

Por eso y más allá de las responsabilidades penales que la Justicia determine en el futuro, el caso abrió un debate que excede a Junín y atraviesa a todo el país.

Los datos citados por la autora muestran que una proporción significativa de las víctimas de femicidio había denunciado previamente situaciones de violencia y que la mayoría de los asesinatos son cometidos por hombres pertenecientes al entorno cercano de las mujeres.

La discusión, entonces, ya no pasa solamente por castigar a los responsables cuando el crimen ocurrió. También obliga a revisar la capacidad de prevención del Estado y de los organismos judiciales encargados de intervenir cuando aparecen las primeras señales de riesgo.

Cada femicidio deja una víctima fatal, familias destruidas y niños condenados a crecer sin sus madres. Pero también deja una pregunta que rara vez encuentra respuesta: si las alertas estaban encendidas, ¿se hizo realmente todo lo posible para evitar el desenlace?

La columna publicada por Carolina Fernández vuelve a poner ese interrogante en el centro de la escena. Y en una ciudad todavía atravesada por el dolor que provocó el asesinato de Mercedes Errapán, la respuesta ya no es solamente una cuestión judicial, sino que debe ser también una demanda social.